La política es un juego de señales. Por ello resulta fundamental entregar las señales correctas. En la reforma laboral, el Gobierno no lo ha hecho, dejando entrever que el Tribunal Constitucional sólo será validado cuando se manifieste a favor del oficialismo.
Publicado el 02.07.2016
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Tras casi dos años de tramitación legislativa, finalmente la semana pasada el Congreso despachó el, paradójicamente llamado, Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales. Prohibición de reemplazo en huelga, piso mínimo para la negociación colectiva, nuevas normas para el ejercicio del derecho a huelga, entre otras, son algunas de las modificaciones que introduce esta iniciativa al Código del Trabajo y que rigidizan aún más las relaciones laborales.

Sumado a estos cambios, la iniciativa promovida por el Ejecutivo buscaba otorgar el monopolio de la negociación colectiva a los sindicatos (titularidad sindical). Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Constitucional esta modificación tuvo que ser retrotraída, respetando al trabajador como titular del derecho de negociación. Sin duda, este fallo desconcertó a la Nueva Mayoría, que majaderamente insistió en el trámite legislativo del proyecto que los sindicatos debían tener una supremacía por sobre los grupos negociadores, la cual permitiera “institucionalizar las relaciones laborales”. Es por ello probablemente que el oficialismo se haya resistido a asumir en plenitud el fallo del Tribunal Constitucional, intentando dejar un vacío legal en la regulación de los grupos negociadores, apostando, en palabras de la Ministra del Trabajo, a “judicializar los procesos de negociación colectiva”.

Por otra parte, el veto supresivo presentado por la Presidenta elimina tres de los cinco pactos de adaptabilidad que contenía el proyecto original, manteniendo la titularidad sindical en los dos restantes bajo el argumento que los pactos no fueron cuestionados dentro del capítulo de titularidad sindical en el requerimiento presentado por la oposición. Sin embargo, este último argumento no se hace cargo del considerando 64 del fallo, el que señala expresamente “Que, asimismo, las constataciones de inconstitucionalidad a las que este Tribunal ha llegado son incompatibles con cualquier disposición transitoria accesoria a las normas impugnadas en este requerimiento y que han sido declaradas inconstitucionales”. De esta forma, el Gobierno desacata el fallo del Tribunal Constitucional haciendo caso omiso a la obligación de regular la actuación de los grupos negociadores y de eliminar todo tipo de titularidad sindical que pueda haber contenido el proyecto de ley.  

 El desacato del Ejecutivo no responde a una falta de comprensión del fallo del Tribunal Constitucional o a una interpretación distinta de sus alcances. Este actuar del Gobierno responde a una obsesión ideológica por privilegiar a los sindicatos por sobre otras formas de organización de los trabajadores. La Presidenta sabe que debe mantener tranquila a la CUT y, con esto, al Partido Comunista, asumiendo los costos que ello implique. Sin embargo, en su rol de mandataria la Presidenta tiene la obligación, ante todo, de respetar la institucionalidad vigente. En la región contamos con distintos casos de cómo un desacato “tímido” a la institucionalidad ha sido el primer paso para autoritarismos que ponen en riesgo la democracia y, con esto, la libertad de las personas.

La política es un juego de señales. Por ello resulta fundamental entregar las señales correctas. En este paso, el Gobierno no lo ha hecho, dejando entrever que el Tribunal Constitucional sólo será validado cuando se manifieste a favor del oficialismo. No queremos ser la nueva Venezuela de América Latina.  Es fundamental que el Gobierno retroceda en su decisión y presente un proyecto de ley que se haga cargo de lo señalado por el Tribunal Constitucional, entregando los mismos derechos y deberes a sindicatos y grupos negociadores, ambas instituciones de representación legítima de los trabajadores.

Felipe Rössler

Investigador legislativo de la Fundación Jaime Guzmán