Hace algunos días, la Presidenta Bachelet señaló enfáticamente que el Gobierno de la Nueva Mayoría había establecido una sociedad de derechos en Chile. En otras oportunidades, ante determinadas consultas, siempre ha reiterado que en nuestro país opera a plenitud el Estado de Derecho.
No sé si opinan lo mismo las personas asaltadas y que han visto cómo los encapuchados destruyen sus fuentes de trabajo en La Araucanía. Sinceramente lo dudo. Pero si la máxima autoridad del país expresa esto con tanto énfasis, uno debiera suponer que es porque lo cree y, por ende, no tiene ninguna duda sobre su alcance y sentido. De igual modo es factible asumir, entonces, que los derechos que la señora Presidenta dice se respetan en Chile, son los mismos para todos los ciudadanos y no solo para un grupo. Si sólo algunos tuvieran derechos y otros no, no tendrían validez ninguna de sus afirmaciones anteriores y tendríamos que asumir que Chile habría dejado de ser una democracia, donde todos sus ciudadanos son iguales en derechos, para transformarnos en una sociedad como la de Cuba, Venezuela o Corea del Norte donde solo algunos tienen derechos y otros no.
Como afortunadamente esto último no ha pasado, o por lo menos nadie del Gobierno ha proclamado oficialmente este cambio de sistema, es lógico preguntar por qué en la huelga de uno de los sindicatos de Minera Escondida, derechos tan fundamentales como a trabajar y a circular libremente por el país, vienen siendo vulnerados en forma evidente y sistemática por los sindicalistas paralizados, afectando a miles de personas en la II Región que no están participando en la mencionada huelga, sin que la Presidenta o alguien de su Gobierno haya dicho nada al respecto, guardando absoluto silencio.
Solo a vía recordatoria, hago presente que ambos derechos están establecidos en nuestra Constitución de la República hace muchos años y que incluso la reciente Reforma Laboral del Gobierno señala expresamente en su art. 345 que “la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo”. Pues bien, estos huelguistas no solo están impidiendo que los trabajadores de la minera que no están involucrados en la huelga puedan ejercer su derecho a trabajar, sino que además han sacado a la fuerza a trabajadores de empresas contratistas que estaban cumpliendo sus funciones y que no tienen ninguna relación contractual con Minera Escondida, impidiendo adicionalmente la libre circulación en caminos públicos a toda persona que quiera ejercer su legítimo derecho de paso.
Cuando el Gobierno presentó su proyecto de Reforma Laboral, había incorporado en el capítulo correspondiente a la huelga, que ésta debía ser pacífica. Punto que el Partido Comunista y la CUT le exigieron que retirara, lo que de inmediato hizo. Ahora bien, el hecho de que este punto se sacara del proyecto no exime a la autoridad de su obligación de hacer respetar la ley y asegurar que impere de verdad el Estado de Derecho en Chile. La impotencia con que muchos chilenos ven cómo encapuchados violan sus derechos, a vista y paciencia de las autoridades, sin que éstas hagan nada por evitarlo, genera un ambiente de desamparo que solo contribuye a aumentar el desprestigio de nuestras instituciones.
Ni qué decir de las señales tremendamente negativas que como país estamos enviando al mundo entero a posibles inversionistas e incluso empleadores chilenos. Poco ánimo deben tener para invertir y crear empleo en estas condiciones. Inversión y trabajo que tanta falta hacen y que, por cierto, necesitan esos miles de chilenos que han tenido que pasar a la categoría de “empleos por cuenta propia”, sin previsión ni salud, porque no han podido encontrar empleos formales en un mercado laboral cada vez más restringido. Lamentablemente, es otro tema que tampoco parece interesar a nuestras actuales autoridades.
También llama la atención que ahora que ya estamos en plena campaña presidencial, ninguno de los muchos aspirantes a Presidente de la República se haya pronunciado sobre un asunto tan trascendental como el de si en su eventual Gobierno se respetarán los derechos de todos, incluidos los de las grandes mayorías silenciosas que se esfuerzan a diario, trabajando honestamente, para progresar ellos y sus familias y que, por lo mismo, no tienen tiempo para salir a protestar por cualquier cosa, o si solo se respetarán los derechos de las minorías bulliciosas, organizadas y en muchos casos violentas, que con la excusa de ejercer sus legítimos derechos pasan a llevar sin ningún miramiento al resto de los chilenos.
Estoy seguro de que a la gran mayoría de los chilenos nos gustaría tener al respecto un pronunciamiento claro y sin ambigüedades, porque hasta ahora es evidente que el Gobierno de la Nueva Mayoría optó por reconocer y respetar solo los derechos de las minorías señaladas.
Huberto Berg, director Berg Consultores S.A.
FOTO: JUAN RICARDO/AGENCIAUNO