Un aumento en los impuestos a las empresas provoca que éstas hagan ajustes en aspectos como las inversiones y el empleo.
Publicado el 17.08.2016
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En los últimos días se ha instalado en Chile la discusión sobre el sistema de pensiones y con ella la propuesta de que las empresas financien de su parte un 5% adicional de cotización de los trabajadores. Se presenta así una especie de alianza tripartita donde la carga se divide entre los trabajadores, las empresas y el Estado. En principio suena justo, es fácil de explicar y de vender, pero es una falacia. El costo final lo pagarán siempre los trabajadores de una u otra forma.

En primer lugar, las empresas se financian con capital. Capital que corre riesgos y exige retornos a cambio. A los gerentes se les paga por aplicar sus talentos y energía en maximizar el valor de la empresa. Si un costo sube, su responsabilidad es buscar fórmulas creativas para compensar estas alzas y entregar los retornos esperados.

Si sube por ejemplo el costo de la energía para una fábrica, probablemente se busquen nuevas tecnologías productivas que requieran de un menor gasto energético. De la misma forma, si sube el costo de la mano de obra, los gestores probablemente buscarán una menor dependencia y una mayor productividad. Las formas de combinar trabajadores, recursos financieros y tecnología son infinitas, pero basta con que un factor se haga más caro para que se compense con los otros dos. Inevitablemente, cuando ya no hay fórmulas de compensación a los impuestos, las empresas relocalizan sus actividades en otros países menos gravosos.

En segundo lugar, la política mira los impuestos a las empresas como un impuesto a los ricos. No obstante, y como demuestran estudios recientes, la propiedad de las empresas en el mundo es extraordinariamente democrática. Nada menos que dos tercios de la propiedad está en manos de pequeños ahorrantes. Personas naturales representadas a través de fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos soberanos, compañías de seguros y hedge funds. Incluso en Chile, y con más del 15%, los accionistas más importantes de la bolsa son también los trabajadores a través de los fondos de pensiones. Gravar a las empresas terminará entonces dañando las pensiones de quienes se trata de defender.

Por último, no podemos olvidarnos que las empresas son las que, en definitiva, sostienen todo el sistema. En Chile, el Estado se financia esencialmente con impuestos. En el año 2015, el 89% fueron IVA e impuestos a la renta (a las empresas y a las personas). Si en nuestro país casi el 90% del empleo es generado por la empresa privada, ¿de dónde viene entonces en el ingreso de las personas para pagar sus impuestos y su consumo?

La Universidad de Oxford ha publicado un estudio sobre el efecto de los impuestos a las empresas y el costo para la sociedad. Los resultados son muy interesantes para nuestra discusión.

Desde un punto de vista social, un impuesto corporativo es totalmente neutro porque solo considera la transferencia de recursos de un actor de la sociedad (las empresas) a otro (el Estado). Sin embargo, esta transferencia tienen algunos efectos indeseados. Un aumento en los impuestos a las empresas provoca que éstas hagan ajustes en aspectos como las inversiones y el empleo. En sus estimaciones, autores calcularon que un impuesto de $100 a las empresas genera ajustes con un costo social neto de $29.

En definitiva, cuando los almuerzos gratis los pagan las empresas, el verdadero costo lo paga Moya.

 

Alfredo Enrione, ESE Business School, Universidad de los Andes.

 

 

 

FOTO:YVO SALINAS/AGENCIAUNO