No deja de ser paradójico que por un lado se promueva la educación superior como un derecho universal y por otro se cuestione que existan instituciones dispuestas a acoger jóvenes que no tendrían cabida en las más selectivas, pero que gracias a universidades como las que la ministra critica encuentran un espacio para desarrollar sus capacidades y acceder a nuevas oportunidades.
Publicado el 01.08.2016
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La semana pasada la ministra de Educación señaló que una determinada universidad se habría “colado” en la gratuidad, que por tratarse de una universidad masiva ésta sería de baja exigencia y, en esa línea, dio a entender que ese tipo de instituciones no debiese ser parte de la mencionada política de financiamiento. Sus dichos no pasaron desapercibidos: alumnos y autoridades de la casa de estudios aludida reaccionaron con molestia y la ministra ofreció públicas disculpas. Es cierto que corresponde valorar el reconocimiento, poco común, por parte de la autoridad de haber actuado de manera inapropiada, pero eso no puede llevarnos a obviar la gravedad de lo ocurrido ni a desconocer los alcances de sus dichos.

No es primera vez que el lenguaje coloquial le juega una mala pasada a un ministro de Educación. Recordemos la desafortunada metáfora de Nicolás Eyzaguirre, quien refiriéndose al rendimiento de los alumnos de colegios particulares subvencionados, señaló que lo primero que debía hacerse era bajarlos de los patines que les permitían avanzar más rápido. Aunque intentó, sin mucho éxito, dar explicaciones, su frase permitió evidenciar el excesivo afán igualitarista que caracteriza las políticas educacionales del gobierno, un cierto desprecio por la diversidad de proyectos educativos y el desconocimiento del esfuerzo de los padres de entregar a sus hijos mejores oportunidades.

En el caso de las expresiones de la ministra, éstas nos permiten comprender de mejor manera la visión de las autoridades sobre el sistema de educación superior que quisieran promover. En primer lugar, va quedando claro que la idea de un sistema elitista no les resulta para nada incómoda, considerando que no ven con buenos ojos la existencia de proyectos educativos masivos. Por supuesto que este tipo de proyectos conlleva mecanismos de admisión menos selectivos, pero son precisamente estas instituciones las que han permitido a los jóvenes de sectores más vulnerables acceder a los beneficios que la educación superior ofrece. De hecho, no deja de ser paradójico que por un lado se promueva la educación superior como un derecho universal y por otro se cuestione que existan instituciones dispuestas a acoger jóvenes que no tendrían cabida en las más selectivas, pero que gracias a universidades como las que la ministra critica encuentran un espacio para desarrollar sus capacidades y acceder a nuevas oportunidades.

Un segundo aspecto que se deja ver de las declaraciones que comentamos dice relación con el diseño excluyente de la política que promueve el gobierno. Hemos sido críticos de la gratuidad universal tanto por su carácter regresivo, como por los efectos negativos que genera en calidad, autonomía y diversidad del sistema. Al manifestar molestia por la incorporación de una universidad distinta al paradigma que se pretende imponer, las autoridades dejan en evidencia que se trata de una política que apunta a marginar a las instituciones que no son del gusto de los ideólogos de la Nueva Mayoría y, con ello, a los jóvenes que han elegido estudiar en ellas. Por supuesto que el hecho que cumpla a cabalidad con los estándares de calidad que el país se ha dado y que incluso supere a otras no es relevante para quienes impulsan las reformas.

Por último, queda también a la vista una manera muy peligrosa de llevar adelante las políticas públicas que el país necesita. Lo mínimo que se les puede pedir a las autoridades al momento de promover reformas de alto impacto como la educacional, es adecuarse al estándar básico de que las normas han de ser de general aplicación y que no puede legislarse buscando beneficiar a unos y perjudicar a otros. No obstante, al considerar que una universidad se “coló” en la gratuidad, se está reconociendo públicamente que la intención del gobierno era dejar fuera de una política de financiamiento a un grupo específico de instituciones que legítimamente desarrollan proyectos educativos de diversas características y a los jóvenes que las escogieron, vulnerando la garantía constitucional que asegura que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Es lamentable que se considere el orden que el Tribunal Constitucional puso en esta materia como un obstáculo para cumplir con su propósito.

Lo positivo de todo esto es que, con un lenguaje simple, las autoridades nos están dando a conocer de mejor forma el propósito y los efectos de una reforma compleja.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO