Este proyecto parece ser un gran avance en la materia, no obstante, se generan serias dudas respecto de su operatividad, más considerando que muchas de las competencias en la materia quedan radicadas en Gendarmería de Chile, que no siempre cuenta con el personal técnico y los recursos para hacer frente a la supervisión de las personas que gocen de la libertad condicional.
Publicado el 03.09.2016
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Actualmente se tramita en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria presentada por un grupo de senadores de todo el espectro político que sustituye la actual normativa relativa a la libertad condicional, que data del año 1925, todo producto de la concesión masiva de libertades condicionales en la región de Valparaíso.

Esta iniciativa pone sobre la mesa la necesidad de corregir ciertas falencias a la actual normativa, proponiendo diversos mejoramientos al sistema de libertad condicional que permite que ciertas personas condenadas, transcurrido a lo menos más de la mitad de cumplimiento efectivo de la pena, reúnan determinados requisitos legales, puedan cumplir el resto de su condena fuera del recinto penitenciario, cumpliendo con determinadas condiciones y con ciertas restricciones, sin que en caso alguno modifique ni extinga la responsabilidad penal.

Lo relevante de este proyecto es que zanja una discusión jurisprudencial respecto a esta figura en cuanto a si se trata de un derecho o un beneficio al que pueden optar las personas condenadas. Este proyecto de ley busca resolver el dilema explicitando que se trata de un beneficio. Pese a lo anterior, con la intención que esta decisión no sea objeto de arbitrariedades, toma los debidos resguardos, lo que se alcanza en este caso con la fijación de requisitos objetivos de procedencia del beneficio, la radicación de la competencia en un ente colegiado del que se eliminan componentes políticos y la exigencia de fundabilidad de la decisión que concede o rechaza la solicitud de libertad condicional.

En efecto, este proyecto pretende objetivar muchos de los requisitos de procedencia del beneficio, en cuanto a la conducta intachable del postulante y el hecho de contar con permisos de salida ordinarios con anterioridad y contar con un informe favorable de reinserción realzado por un equipo profesional idóneo.

Finalmente, un gran cambio en la materia en pro de la reinserción social es que para cada condenado se debe elaborar un plan de intervención individual de acuerdo al perfil de cada persona condenada.

Este proyecto parece ser un gran avance en la materia, no obstante, se generan serias dudas respecto de su operatividad, más considerando que muchas de las competencias en la materia quedan radicadas en Gendarmería de Chile, que no siempre cuenta con el personal técnico y los recursos para hacer frente a la supervisión de las personas que gocen de la libertad condicional.

Es de vital importancia que el Ejecutivo tome parte en medidas que tiendan a reformar el sistema penitenciario y de cumplimiento alternativos de pena en orden a generar mecanismos eficientes de reinserción social que no sólo pase por la imposición de firmas, reclusiones nocturnas o un listado de supermercado de condiciones que las personas condenadas deban cumplir al acceder a beneficios, sino que se asuma con seriedad el tema de ejecución de las penas en su conjunto, lo cual pasa, entre otras cosas, por mejorar la gestión de los recintos, la profesionalización del personal coadyuvante y asumir con seriedad políticas de prevención del delito y de reinserción social.

 

Sergio Morales, Libertad y Desarrollo.

 

 

 

FOTO: ADRIANA RAMIREZ/AGENCIAUNO.