Siempre termina por imponerse la realidad, que es más sólida y resistente que los postulados doctrinarios.
Publicado el 11.09.2014
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Sucede con todas las reformas importantes. La primera etapa del debate es extremadamente general e ideológico. Cada cual se siente obligado a exponer sus ideales en forma completa y abstracta, como si se tratara de una disputa filosófica. Recuerdo la discusión del Plan Auge durante el gobierno de Ricardo Lagos: unos querían que se entregara un “voucher” a cada ciudadano para que escogiera el hospital, clínica o consultorio donde atenderse, mientras que otros proyectaban la idea del clásico servicio nacional de salud inglés de cobertura universal (que un parlamentario laborista me dijo una vez que lo consideraba como la más revolucionaria conquista del siglo XX). Ambas posiciones chocaban con la realidad del país: no hay suficientes establecimientos al alcance de las mayorías para escoger y más de tres millones de personas cuentan con un seguro privado de salud. En esa etapa del debate las posturas parecen totalmente irreconciliables.

En educación ha sucedido algo similar. Desde siempre en el país ha habido dos tesis contrapuestas: el estado docente y la libertad de enseñanza. Hoy parecen expresarse en la disputa entre la educación como un derecho o como un bien de consumo. Mientras la discusión se mantenga en ese nivel de abstracción, poco se puede avanzar. Cabe, en todo caso, recordar que nadie niega el derecho a la educación como sí ocurrió en el siglo XIX con la ley de instrucción primaria obligatoria y creo que nadie tampoco podría negar que, en una sociedad capitalista regida por la ley del mercado, todo queda, sino determinado, al menos sí contaminado por esa lógica. En eso Marx no se equivocó.

Luego de esa suerte de catarsis colectiva, una vez votada la idea de legislar de un proyecto de ley, termina por imponerse la realidad, que es más sólida y resistente que los postulados doctrinarios. Algo de eso ha sucedido en la discusión particular del proyecto en la Cámara de Diputados. El Gobierno ha enviado una serie de indicaciones en las que recoge muchas de las críticas que se habían formulado a la iniciativa. Todas apuntan a viabilizar la reforma, facilitando el funcionamiento de la educación particular subvencionada, delimitando mejor la prohibición del lucro y resguardando a un tiempo lo que son legítimos retiros por parte del sostenedor, perfeccionando el sistema de admisión de los alumnos y entregando la responsabilidad a cada establecimiento, la sustitución del copago sin plazo y reconociendo a los sostenedores la calidad de colaboradores del Estado y facilitando la constitución de corporaciones educacionales.

Es un paso significativo, que va en sintonía con el giro que el Gobierno está llevando a cabo en el enfoque general de su política, que busca armonizar la recuperación del crecimiento económico con las reformas planteadas. El Gobierno se juega su destino en ambos frentes: en la reactivación de la inversión, el empleo y el consumo; y en el éxito de la reforma educacional. Son los dos ejes principales del enfoque actual, al cual se ha añadido por fuerza de los hechos la seguridad ciudadana luego del último atentado terrorista.

Simultáneamente aumentan los datos sobre el sistema educacional chileno comparado con el de otros países, como ocurre con el último informe de la OCDE, que muestra avances y sombras. El propio Gobierno afirma: “En términos generales, Chile ha presentado importantes avances que avalan las políticas educativas adoptadas en los últimos años. Ello no implica que debamos estar satisfechos con los resultados, puesto que, si bien no es adecuado compararse con los resultados promedio de la OCDE debido a su mayor nivel de desarrollo, el desafío está en avanzar hacia allá”.

Lo que sí resulta indispensable es que la autoridad educacional, mientras se discuten los diversos proyectos de la reforma, aplique con rigor la legislación vigente para ir haciendo realidad esas transformaciones (por ejemplo, en lo relativo a no lucrar con la subvención fiscal y a la prohibición de selección hasta 6° básico) y ponga en ejecución planes efectivos y ambiciosos para mejorar la calidad de la enseñanza, sobre todo en el sector público. Los cambios tienen que ser percibidos desde ahora por los agentes del proceso educativo. Para eso, el Ministerio cuenta con los instrumentos legales necesarios. Además, esas medidas contribuirían a crear un clima más favorable a las reformas.

Cuando los diputados discutan y voten artículo por artículo, tendrán que razonar y argumentar en torno a la realidad del sistema educacional, a lo que sucede en los distritos que representan, en sus establecimientos educacionales, en el estatuto y comportamiento de los profesores y en la relación entre los colegios y la comunidad. Ya no bastarán las apelaciones doctrinarias. Es seguro -como ha dicho el propio ministro Nicolás Eyzaguirre- que durante ese proceso se pueden introducir nuevos cambios.

Este paso de la ideología a la realidad no es fácil. Las indicaciones del Gobierno han despertado todo tipo de reacciones, como era previsible: La Iglesia muestra su satisfacción, algunos diputados de la bancada estudiantil recelan de los cambios, así como otros parlamentarios de la Nueva Mayoría, la bancada DC en general se muestra satisfecha y las organizaciones de sostenedores, como la Conacep, todavía considera que las indicaciones son insuficientes.

En la Alianza se van perfilando dos posturas: aquellos que quieren defender a brazo partido una posición más doctrinaria de rechazo en bloque en nombre de “las ideas del sector” y otros que, en cambio, se abren a una discusión más aterrizada artículo por artículo. Por su parte, los dirigentes del movimiento estudiantil mantienen una actitud principista, pero se avienen a presentar indicaciones al debate parlamentario, lo que es un signo positivo. El propio diputado Gabriel Boric el otro día en televisión adoptó una actitud y un tono constructivo, preocupado seguramente por lo que piensan sus electores en Magallanes.

El trabajo de la Comisión de Educación estará bajo el escrutinio público. Es importante que esta deliberación parlamentaria vaya acompañada por una explicación amplia en la sociedad de los temas discutidos en su mérito, ojalá con menos carga ideológica y mayor sintonía con los intereses y percepciones diversos de los ciudadanos.

Posteriormente vendrá el segundo trámite legislativo en el Senado, donde las mayorías son más difusas. Varias materias son de rango orgánico constitucional y requieren quórum altos. Es probable, entonces, que para aprobar la iniciativa, sea necesario contar con votos de la oposición, lo que creará un nuevo escenario. Todo hace pensar que el debate parlamentario terminará en una Comisión Mixta que deberá zanjar todas las discrepancias. Ese será el momento culminante. Es probable que nadie quede plenamente satisfecho con las soluciones que se diseñen. Se pondrá a prueba una vez más la capacidad de la sociedad chilena para resolver un tema crucial sobre el cual existen visiones doctrinarias diferentes.

Es importante que los principales actores del debate educacional comprendan la nueva fase en la que ha entrado el debate y formulen sus posiciones con mayor apego a la realidad del país.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO