Es incomprensible que la formación universitaria o superior no sean suficientes para que podamos ejercer una profesión que requiera título o grado.
Publicado el 31.08.2016
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La ley define cuáles son las profesiones que requieren título o grado universitario para su ejercicio. La insatisfacción y malestar general por el estado general de las cosas se extiende también al ámbito del desempeño de los profesionales, y a menudo los medios de comunicación nos muestran malas prácticas que merecen nuestro repudio. Médicos, odontólogos, abogados, ingenieros que trabajan mal, faltan a la ética de sus oficios y causan daño al público no solo perjudican a sus clientes, sino que desacreditan la profesión que un día decidieron abrazar. Para restaurar la confianza y asegurar el recto ejercicio de las profesiones, motivaciones que en sí nos parecen encomiables, el Gobierno ha desenterrado un proyecto de ley que data del 2009, que permanecía sin tramitación, sobre el cual se debate actualmente en la Cámara de Diputados. Sin formular un juicio general sobre su contenido, quisiéramos detenernos en un aspecto que nos preocupa: la obligatoriedad de pertenecer a un registro para ejercer una profesión.

El principio y regla hoy recogidos en la legislación vigente es la libertad de afiliación, la cual se encuentra necesariamente conectada con la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, la libertad de trabajo y la necesaria responsabilidad por nuestros actos. Hoy, lejos de existir un vacío legal, la normativa que actualmente nos rige establece un registro de profesionales. Sin hablar de colegiatura obligatoria, el proyecto desempolvado se las arregla para que la libertad de asociación sea sustituida por un deber de registro como condición necesaria para ejercer una profesión.

Mientras el DFL 630 de 1981 del Ministerio de Justicia hoy vigente dispone en su artículo 2° que habrá un Registro Público de Profesionales que llevará el Ministerio de Justicia por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación y, muy importante es destacarlo, que no será requisito para ejercer una profesión el estar anotado en el registro que por esa disposición se creó, el nuevo marco legal propuesto pone término a la situación que hoy existe, reemplazándola por el registro imperativo. Así, la inscripción en el nuevo registro será condición para el ejercicio legal de las profesiones respecto de las cuales la ley exige grado de licenciado para su ejercicio. Asimismo, será requisito para el ejercicio legal de la profesión, que el profesional no se encuentre suspendido en virtud de una sentencia firme dictada por los tribunales de ética que establece la ley en trámite, ni que haya sido cancelada su inscripción del registro. Agreguemos que tal inscripción será suficiente para acreditar el legítimo ejercicio de la profesión, sin necesidad de otros certificados o exigencias.

Es incomprensible que la formación universitaria o superior no sean suficientes para que podamos ejercer una profesión que requiera título o grado. Al imponer exigencias adicionales a aquellas previstas por la legislación educacional, el proyecto no solo se estrella con la realidad, sino que muestra una vez más una severa e injustificada desconfianza con la enseñanza superior de nuestro país. El deber de registro, sin importar si éste se encuentra en manos del Estado o de particulares, es en sí contrario a la libertad de trabajo, y por esa sola razón es inconveniente. Salvo que por esta vía se pretenda alterar o modificar el cupo de profesionales dispuestos a ingresar al mercado laboral, y que los defensores del proyecto estén comportándose de manera demasiado comedida como para explicitar demasiado ese propósito. Es muy fácil regular la oferta por esta vía y permitir así que el tenedor del registro decida cuántos pueden ejercer la abogacía, la ingeniería, el periodismo o las distintas áreas de la medicina en Chile, saltándose desde luego también toda posible exigencia de convalidación de títulos profesionales obtenidos en el extranjero y acuerdos de libre comercio suscritos con otras naciones que incidan en el ejercicio de profesiones por parte de extranjeros en el ámbito local.

El registro obligatorio de profesionales es un escollo o barrera de entrada que, aunque superable, no tiene justificación constitucional. Al mismo tiempo, se manifiesta como una exigencia supernumeraria, adicional a aquellas que imponen las instituciones de educación superior para otorgar títulos y grados. Agreguemos que como nada dice el proyecto sobre la hipotética negativa del Registro Civil a aceptar nuevas inscripciones, aduciendo circunstancias como una posible sobreoferta de profesionales, será difícil ceder a la tentación de regular la oferta por la vía de la negativa. La discrecionalidad de la autoridad, o cierta proclividad a aceptar como integrantes del registro a los que se manifiesten como partidarios del gobierno de turno, o a rechazar nuevos erquerimientos porque el mercado está saturado y hay exceso de oferta, es un riesgo presente en las normas cuya aprobación se discute.

Al disponer que la inscripción en el registro estatal bastará para acreditar el legítimo ejercicio de la profesión, sin necesidad de otros certificados o exigencias, el proyecto confunde la realidad con la ficción. Supone que ejercer, tarea que revela la ejecución de actos concretos, se basta con la pertenencia a un registro en manos del Estado, es una presunción cuya necesidad debe ser demostrada por el legislador.

Presume el proyecto que habrá confianza de los usuarios en los profesionales porque están anotados en un registro, como si la confianza del público se encuentre, por el solo ministerio de la ley, en quienes estén anotados en esa nómina, con independencia de su desempeño real y efectivo, y de la reputación que sigue a nuestro ejercicio. Semejante cuestión podemos afirmar respecto de la sinonimia entre estar inscrito y ejercer una profesión, de la cual se deducen consecuencias prácticas –algunas, en el orden tributario- más que relevantes.

 

Héctor Mery, asesor legislativo Fundación Jaime Guzmán y miembro del consejo de observadores del Proceso Constituyente.

 

 

FOTO:PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO