Cuando hablamos de corrupción, sería bueno empezar a hablar de educación para el bien común, cuestión crucial que permitirá el cambio cultural que Chile se merece. Hay que exigirles a las autoridades, por cierto. Pero también tenemos que exigirnos a nosotros mismos. La educación, parte en casa.
Publicado el 05.02.2016
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De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2015 elaborado por Transparencia Internacional, Chile cae de la posición 21 a la 23 entre 168 países evaluados. Esto significa que Chile pierde su posición de liderazgo en Latinoamérica como “país menos corrupto”, sitio que pasa a ocupar Uruguay. Aunque esta caída no es significativa, es previsible que dicha situación se transforme en tendencia, especialmente dados los últimos acontecimientos de corrupción vividos en el país, las dificultades que está viviendo el mundo político y la crisis generalizada de confianza en que estamos sumidos.

Tal como Miguel de Unamuno decía “me duele España”, podemos decir con justa razón que “nos duele Chile”. ¿Qué pasó con ese país ejemplo de virtud y civismo del cual sentíamos orgullo? ¿Qué pasó con la virtud republicana y con el “principal resorte de la máquina” portaliano? Y la autoridad, ¿no se supone que era “impersonal”? Antes decíamos “que las instituciones funcionen”, como una gran y sólida salida republicana e institucional frente a los hechos de corrupción. Hoy, son las instituciones las que se aprecian como “corruptas”.

¿Qué hacer? ¿Cómo salir de este atolladero? Nuestra clásica visión legalista, a través de comisiones asesoras, nos sugerirá dictar leyes y reglamentos, la gran panacea chilena legalista frente a cualquier inconveniente. Evidentemente, las políticas públicas ayudan y son muy necesarias para combatir la corrupción. Pero no es suficiente. Se requiere de un cambio cultural en dos sentidos: desde el punto de vista de la autoridad, mirar al pasado de nuestra tradición republicana, fundada en el gobierno “impersonal” y al servicio del bien común; y desde el punto de vista de la comunidad, cambiar nuestras conductas abusivas que dañan al prójimo y que también afectan el bien común, tales como uso incorrecto de las licencias médicas, no respetar un disco pare o una luz roja, evasión del Transantiago, morosidades varias, pagos tardíos a proveedores, no respetar a la autoridad –desde el Presidente de la República hasta el cabo de Carabineros-, etc. Y esto es una cuestión que se educa principalmente en las familias, con el buen ejemplo de los padres. ¡Ay de aquel padre que comete una injusticia frente a su hijo! Pero también ha de enseñarse en el colegio, donde la educación “republicana” y el “civismo” debieran transformarse realmente en uno de los grandes objetivos transversales de nuestra educación. Y esto de la educación no es menor, ya que como fenómeno, la corrupción siempre ha existido. Recordemos por ejemplo en Roma la figura del “censor”, que velaba por el comportamiento moral de las autoridades.

¿Y sobre qué hay que educar? La cuestión que subyace, tanto desde el punto de vista de las autoridades como de la comunidad, es la noción del bien común, esto es, el conjunto de condiciones que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Esta noción es uno de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), la cual remarca que “el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo”. Así, “la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público” (Punto 169 del Compendio de DSI). En este sentido, el bien común se transforma en “la dimensión social y comunitaria del bien moral” (Punto 164 del Compendio de DSI) y que también tiene una dimensión temporal, a través de la solidaridad intergeneracional, tal como lo explica el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En palabras sencillas, muchas veces bien común significará “ceder” individualmente en pos del bien comunitario.

Por todo lo anterior, cuando hablamos de corrupción, sería bueno empezar a hablar de educación para el bien común, cuestión crucial que permitirá el cambio cultural que Chile se merece. Hay que exigirles a las autoridades, por cierto. Pero también tenemos que exigirnos a nosotros mismos. La educación, parte en casa.

 

Ricardo Irarrázabal S., Académico Universidad Católica y vocero de Voces Católicas.