Si no se fiscaliza la aplicación de la ley actual, muchos se preguntarán: ¿Por qué habría de ser distinto con la nueva? Es la ancestral costumbre del "se acata pero no se cumple". La única forma de romper con esta inercia cultural es que el Gobierno, desde ya, se preocupe de hacer cumplir la ley vigente.
Publicado el 30.10.2014
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El debate educacional corre el riesgo de empantanarse o de perderse en temas secundarios. ¿Estamos pedaleando en la arena al intentar prohibir el lucro con la subvención fiscal?

La Ley General de Educación (LEGE) del 2009 -aprobada por una abrumadora mayoría- estableció que los sostenedores particulares, para ser reconocidos por el Estado, debían ser personas jurídicas cuyo objeto social único fuera la educación.

El propósito era evitar cualquier confusión entre el patrimonio del sostenedor y su peculio privado o el de otras empresas que pudieran estar relacionadas con su persona, como sucedía con la antigua LOCE: antes del 2009, en numerosos casos la subvención fiscal era depositada en la cuenta personal del sostenedor.

Esta norma es congruente con el principio de transparencia al que está sometido todo el sistema educacional (artículo 3 i) de la LEGE: Debe existir a disposición del público interesado una información desagregada del rendimiento académico de cada escuela o colegio y su balance de ingresos y gastos. Los sostenedores deben rendir cuenta del uso de los recursos públicos a la Superintendencia de Educación, información que también debe estar a disposición de los interesados.

Un artículo transitorio de la LEGE dio un plazo razonable de dos años para que los sostenedores pasaran a ser personas jurídicas con giro único en educación. Ese plazo ha sido prorrogado varias veces por ley, incluso luego de una sentencia negativa del Tribunal Constitucional. Transcribo la elocuente conclusión de un escrito presentado ante esa magistratura por el subsecretario de Educación del gobierno anterior: “…actualmente encontramos 4.845 sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados y un total de 346 sostenedores de establecimientos municipales… Los establecimientos educacionales particulares pagados que no reciben subvención corresponden a un 6% del total. De nuestros registros, a la fecha existen alrededor de 1.131 establecimientos educacionales que no han presentado ningún antecedente para adecuarse a lo dispuesto en la letra a) del artículo 46 de la LEGE”. La última prórroga -votada por una mayoría abrumadora de parlamentarios- se extiende hasta el próximo año. Esta circunstancia entraba severamente la función fiscalizadora de la Superintendencia de Educación y contribuye a mantener una nebulosa entre fondos públicos y privados.

Surge entonces la pregunta: ¿Está permitido bajo la actual legislación que un sostenedor retire utilidades usando los recursos de la subvención escolar? La respuesta debe ser negativa. Pero se hace, y esa práctica se ha vuelto costumbre. La subvención escolar tiene una sola finalidad: cumplir con el deber constitucional del Estado de financiar un sistema educacional mixto, gratuito y de calidad, garantizando el acceso de todas las personas hasta los 21 años. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC 1361). Así como el Estado debe pagar las subvenciones a los sostenedores, éstos deben cumplir con el buen uso de los recursos recibidos (STC 410).

La Contraloría General de la República fiscaliza el buen uso de los recursos públicos aportados a particulares. A ella se ha venido a sumar la Superintendencia de Educación (Ley 20.259), entrada en funcionamiento hace poco tiempo. La Contraloría ha centrado su función fiscalizadora en el uso de la subvención preferencial y diferencial por parte de las corporaciones municipales de educación, detectando numerosas irregularidades. La Superintendencia está dando los primeros pasos, pero tiene una ingente tarea por delante, y para cumplirla no necesita de ninguna nueva ley.

Por cierto, el sostenedor particular que ha realizado inversiones en su establecimiento, por ejemplo en infraestructura, puede amortizar el crédito que le permitió llevarlas a cabo. Mal que mal, esas instalaciones debieron ser acreditadas al momento de obtener el reconocimiento estatal, y las que se hagan con posterioridad deben ser controladas por la superintendencia al revisar la rendición anual de cuentas. También puede cobrar por algún servicio útil y pertinente realizado al establecimiento educacional. Pero le está prohibido apropiarse de la subvención sin un título legítimo, y no es tal la mera condición de ser reconocido como sostenedor.

Parece lógico que la reforma educacional precise mejor cuáles son las condiciones que habilitan a un sostenedor para hacer un cobro legítimo por un servicio prestado. Al respecto, hay una iniciativa legal de Ignacio Walker que puede servir de orientación. En ese contexto se puede alcanzar un acuerdo sobre el tema de los arriendos: bastaría con establecer un tope en relación con el avalúo fiscal del inmueble u otro parámetro objetivo.

Existen, sin embargo, dos peligros en esta discusión.

Uno es caer en un debate sobre el lucro en educación recurriendo a una confrontación de principios abstractos, mejor dicho de creencias ideológicas inamovibles. Aquí no se trata de una disputa académica de ideas, sino de resolver un asunto eminentemente práctico. Cuando nos aprontamos a destinar a la educación 7.189.064.757 de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación el 2014, hay que redoblar la vigilancia para que no caigan en un tonel sin fondo, tanto respecto de los municipios como de los sostenedores particulares.

El segundo peligro es que se apruebe una norma, tal vez estricta, pero que no se lleve a la práctica o cuya aplicación se posponga indefinidamente en el tiempo. Si no se fiscaliza la aplicación de la ley actual, muchos se preguntarán: ¿Por qué habría de ser distinto con la nueva? Es la ancestral costumbre del “se acata pero no se cumple”. La única forma de romper con esta inercia cultural es que el Gobierno, desde ya, se preocupe de hacer cumplir la ley vigente. Para iniciar los cambios no se puede esperar la suerte del debate en el Congreso.

Y lo que hemos dicho sobre el lucro, vale también para la no selección hasta 6° básico, hoy también prohibida por la ley.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

FOTO: JUAN GONZALEZ / AGENCIAUNO