La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. De hecho, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.
Publicado el 06.11.2016
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Definir la calidad de las instituciones de educación superior es complejo y siempre polémico. Los factores que la determinan son diversos y, por lo mismo, no es razonable atribuirle a una característica específica la posibilidad de distinguir inequívocamente entre un proyecto bueno y uno malo, sobre todo considerando que la subjetividad juega un rol importante que no puede desconocerse. En ese sentido, los sistemas modernos de aseguramiento de la calidad apuntan a reconocer que la coexistencia de proyectos distintos no es un obstáculo para que cada uno de ellos, con sus propias particularidades, sea considerado de calidad. Nuestro sistema de acreditación reconoce esta dificultad y contempla un mecanismo de certificación voluntario que se basa en identificar si una institución de educación superior tiene una misión clara y cuenta con los medios adecuados para llevarla a cabo, sin que el carácter estatal o privado de la institución sea relevante.

Uno de los elementos que varían entre las instituciones dice relación, precisamente, con la forma en que las universidades e instituciones técnicas están organizadas. Más específicamente, si se trata de iniciativas privadas o estatales. En Chile existen 62 universidades, de las cuales 18 son del Estado. De las privadas, en la actualidad existen ocho universidades que carecen de acreditación habiéndose presentado al proceso. De las estatales, la Universidad de Aysén y la de O’Higgins fueron creadas por ley el año pasado y aún no cuentan con acreditación. Tampoco pasaron estas últimas por el proceso de licenciamiento, al que debe someterse cualquier universidad privada que pretenda crearse y que comprende la aprobación del proyecto institucional por parte del Consejo Nacional de Educación, así como  la evaluación del avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad.

Como se mencionó, la acreditación en Chile es voluntaria, pero tiene importantes efectos en lo que a financiamiento estudiantil se refiere. De acuerdo al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, uno de los requisitos para que las instituciones adhieran a la política de gratuidad en la educación superior es contar con una acreditación de al menos cuatro años. Sin perjuicio de las críticas que uno pueda hacerle a la citada gratuidad, parece razonable que su implementación esté relacionada con algún criterio de calidad para las instituciones que pretendan incorporarse, pero lo curioso es que ese estándar no se aplica por igual a todas las instituciones. En efecto, borrando con el codo lo que con la mano se escribió, todas las universidades del Estado quedan eximidas de esa exigencia y pasan a ser automáticamente parte de una política de gratuidad que, al menos en el papel, estaba reservada a las instituciones que cumplieran ciertos criterios mínimos.

A las dos universidades ya mencionadas que no están acreditadas, hay que agregar otras tres que no cumplen con el período de acreditación exigido, a saber: la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. Se trata de una discriminación arbitraria que perjudica a los jóvenes e interfiere en su elección, forzándolos a optar por un determinado proyecto ya no por sus características pedagógicas, sino por los beneficios económicos que ofrece. Asimismo, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.

En momentos en que se discute el futuro de la educación superior en Chile sería conveniente transparentar el debate, de forma tal que quienes buscan imponer la primacía del Estado en el sistema educacional lo digan derechamente.

 

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

 

Foto: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO