Sin perjuicio de que las universidades de propiedad del Estado cumplen un rol fundamental, la propuesta de reforma del Gobierno, al tiempo que busca robustecerlas y reconocerles su trascendencia para el desarrollo del país, desconoce el inmenso aporte que han realizado las instituciones privadas en la historia de Chile.
Publicado el 22.05.2017
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Luego del Seminario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizado el pasado lunes 15 de mayo (que contó con la participación de IdeaPaís), es posible decir con tranquilidad que los principales actores sociales relacionados al mundo de la educación superior aún siguen descontentos con el proyecto de reforma presentado por el Gobierno. ¿Qué ha pasado todo este tiempo que aún no hemos sido capaces de llegar a un consenso mínimo y razonable que deje satisfecha a una gran mayoría? Una respuesta sensata advertirá que difícilmente podremos cumplir las expectativas de fondo si la discusión se ha centrado en el cómo hacerlo antes de definir en específico qué es lo que hay que hacer.

Por eso no sorprende que la indicación sustitutiva del proyecto de reforma también haya sido víctima de críticas transversales de la sociedad civil, pues en ella aún subsisten graves problemas relacionados con la sustancia misma de la propuesta. En las líneas que siguen me gustaría dejar en evidencia la inconsistencia que subyace al proyecto, específicamente en torno a la incongruencia evidente que existe entre los principios inspiradores de la reforma -autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos e inclusión, entre otros- y la normativa que se propone.

En primer lugar, es ampliamente aceptado que el centro de toda propuesta relacionada a la educación debe ser la calidad. Así, de acuerdo a la Asociación de Universidades Europeas, unas de las premisas para alcanzar la calidad en un sistema de educación superior es la autonomía, aspecto compartido por este Gobierno, que la estableció como el primer principio orientador del proyecto. Paradójicamente, la iniciativa legal afecta directamente a la autonomía de los establecimientos de educación superior, al decretar, por ejemplo, extensas facultades a la Superintendencia de Educación para fiscalizar y con medidas que podrán ser interpretadas de manera amplia; también, al establecer determinadas exigencias a los establecimientos privados para adscribirse a la gratuidad. No cabe duda que desproteger la autonomía es desproteger el sistema en su esencia y la libertad de cada establecimiento de cumplir sus propios fines. Es lamentable que un proyecto con estas características desconozca un sistema universitario en el que conviven distintos proyectos con fines diversos, por lo que urge la creación de un sistema de acreditación de calidad que distinga según el tipo de plantel, más allá de la tradicional división entre universidades y centros de formación técnica e institutos profesionales.

Un segundo punto es la preferencia por lo estatal. Sin perjuicio de que las universidades de propiedad del Estado cumplen un rol fundamental, la propuesta, al tiempo que busca robustecerlas y reconocerles su trascendencia para el desarrollo del país, desconoce el inmenso aporte que han realizado las instituciones privadas en la historia de Chile. El proyecto pareciera hacer vista gorda de algunos datos sumamente relevantes, como por ejemplo que en 2015 las universidades privadas adscritas al SUA (Sistema Único de Admisión) generaron el 54,3% de las investigaciones Web Of Science (ex ISI), mientras que las estatales el 39,8%. También parece importante recordar que dentro del ranking QS aparecen 11 universidades chilenas, de las cuales ocho son privadas; y que de acuerdo a la matrícula total de estudiantes de 2016, casi 500 mil estudiantes corresponden a universidades privadas, mientras que sólo 174.000 a planteles estatales. Un proyecto verdaderamente integral no debería desconocer que el desarrollo del país radica precisamente en la colaboración público-privada y no en el exclusivo fortalecimiento de lo estatal.

Un tercer y último punto es el desconocimiento de la función única y primordial que desempeña la formación técnica profesional. Es fundamental reconocer el rol que ésta juega en la oferta formativa de cualquier sistema educacional, especialmente como factor de movilidad social y progreso. Sobre todo considerando que, de acuerdo a la Sofofa, en Chile tenemos un déficit de 600 mil técnicos profesionales, y que desde 2010 en adelante la matrícula de primer año en institutos profesionales y centros de formación técnica ha superado a la de las universidades. Es una muy mala noticia para nuestro país que exista un proyecto que trate a la educación técnica como si sólo fuera una segunda opción.

Es evidente que sobre los parlamentarios pesa una responsabilidad trascendental. Aunque ellos mismos no lo crean, aún estamos a tiempo de revertir una propuesta miope que desconoce que un cambio sustancial debe realizarse pensando en 50 o 60 años más, siendo lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios de una generación y del país. Chile espera más de sus políticos, especialmente en tiempos en que se necesita visión de Estado y no sólo visión de Gobierno.

 

Pablo Valderrama, director de Formación de IdeaPaís

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO