Creemos que las modificaciones sugeridas por la ministra al proyecto de desmunicipalización no cambian en nada su esencia y hacen que se persevere en sus fallas: en vez de adecuar el proyecto a una lógica de rendición de cuentas hacia la comunidad, se insiste en la creación de un servicio público dependiente del Ministerio que controlará el actuar de los servicios locales y que, por esa vía, impondrá criterios y orientaciones desconectadas de la realidad local.
Publicado el 23.01.2017
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Luego de siete meses de discusión y tras el anuncio de la ministra de Educación de incorporar una serie de modificaciones, la Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley sobre Nueva Educación Pública, mejor conocido como de desmunicipalización. Corresponde ahora que se vote la idea de legislar en la sala del Senado, para que luego vuelva a la comisión y se dé inicio a su discusión en particular.

En lo que fue la primera fase del debate, los senadores de oposición y algunos de la Nueva Mayoría plantearon reparos de fondo al proyecto que debían ser corregidos. Los parlamentarios oficialistas, en cambio, hicieron ver sus críticas por el largo tiempo que el debate tomó, esto a pesar de que la coalición gobernante contaba, al menos en teoría, con los votos suficientes para su rápido despacho y que dilatar la tramitación implicaba trabar una de las iniciativas emblemáticas de la Presidenta Bachelet.

Conviene entonces analizar los motivos por los que se prolongó la discusión, si los anuncios hechos por la autoridad resuelven efectivamente las inquietudes de quienes se oponían a la iniciativa y, por último, qué implicancias políticas tendrá.

La principal crítica al referido proyecto es por su afán centralizador de la educación pública. Hoy la gestión de los establecimientos estatales corresponde a los 345 municipios, la que pasaría a 68 Servicios Locales de Educación que, a su vez, estarían bajo el alero de un nuevo servicio público dependiente del Ministerio de Educación. Así como es efectivo que algunos municipios han tenido una deficiente gestión de los colegios que tienen bajo su dependencia y que se requieren medidas para mejorar la calidad de la educación que imparten, también es cierto que existe amplio consenso en que esos problemas deben abordarse manteniendo la idea de una administración descentralizada y local. En esa línea, gran parte de los expertos invitados a la comisión pusieron especial énfasis en la necesidad de eliminar la Dirección de Educación Pública que el proyecto propone, o bien de acotar sus atribuciones a tal punto que se asegure que la gestión de los establecimientos no dependerá, directa ni indirectamente, de ese servicio.

Fue quedando en evidencia durante la tramitación que la descentralización que propone el proyecto de ley es nominal y que el diseño que se sugiere limita, en definitiva, la gestión y responsabilidad local, traspasándola al nivel central y replicando, por esa vía, modelos que están destinados a fracasar dadas las características geográficas y demográficas de nuestro país. Lo dilatado de la discusión en general demostró también que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder en este punto. Esto es relevante, ya que la resistencia a aprobar el proyecto obedeció a un genuino interés por perfeccionarlo y no a cálculos políticos mezquinos, como podría pensarse.

Como anticipábamos, la semana pasada se destrabó la discusión y, con el voto en contra de los senadores Von Baer y Allamand, el proyecto pasó un primer escollo aprobándose la idea de legislar luego que la ministra de Educación esbozara algunos cambios a la iniciativa. La pregunta obvia es qué tan profundos son esos cambios y si efectivamente son suficientes para dar por superados los defectos del proyecto. Creemos que las modificaciones sugeridas por la ministra no cambian en nada su esencia y hacen que se persevere en sus fallas: en vez de adecuar el proyecto a una lógica de rendición de cuentas hacia la comunidad, se insiste en la creación de un servicio público dependiente del Ministerio que controlará el actuar de los servicios locales y que, por esa vía, impondrá criterios y orientaciones desconectadas de la realidad local.

La estrategia de que todo cambia para que todo siga igual fue debidamente identificada por los senadores que se opusieron a la aprobación, pero aparentemente convenció al senador Walker que hasta ese momento defendía con fuerza la necesidad de una descentralización efectiva. Esto nos lleva al último punto del análisis. Sabiendo que el proyecto mantiene su eje centralizador, ¿por qué quienes se oponen a esa lógica ahora la apoyan? La respuesta, a mi juicio, no la encontraremos en el buen diseño de políticas educacionales, sino en la evidente dificultad que tiene la Democracia Cristiana al apoyar un programa de gobierno que no comparte, pero que se ve obligada a impulsar.

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO