El cambio que el gobierno pretende a través del proyecto de ley sobre desmunicipalización, apunta a que los colegios públicos de peor calidad y que no demuestren mejoras en los aprendizajes de los alumnos durante cuatro años, en lugar de cerrar se les permitirá seguir operando.
Publicado el 09.11.2015
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En diciembre de este año se espera que entre en régimen la ordenación de los establecimientos educacionales. El objetivo de la ordenación es clasificar a los colegios en cuatro categorías según sus resultados de aprendizaje y otros indicadores de calidad como clima escolar, asistencia o equidad de género; todo ello ajustando según su nivel socioeconómico.

Aquellos establecimientos que estén en el nivel más bajo de la clasificación recibirán apoyo técnico pedagógico, siempre respetando la autonomía del recinto educativo y buscando desarrollar sus capacidades internas. Si a pesar de todo ello, un establecimiento educacional se mantiene en el nivel más bajo de desempeño por cuatro años consecutivos, sin mejorar en lo absoluto, perderá el reconocimiento oficial, lo que en la práctica implica el cierre del colegio.

La ordenación es una pieza clave del Sistema Aseguramiento de la Calidad de la educación escolar, el cual se gestó en el primer gobierno de la actual Presidenta y fue discutido por largo tiempo y aprobado con apoyo transversal en 2011. Dicho sistema está en proceso de implementación y la ordenación de los colegios está en marcha blanca. Cabe destacar que se trata del único instrumento vigente que apunta directamente a la calidad.

Sin esperar la implementación de esta institucionalidad, el gobierno pretende modificarla a través del recientemente ingresado proyecto de ley sobre desmunicipalización. El cambio apunta a que los colegios públicos de peor calidad y que no demuestren mejoras en los aprendizajes de los alumnos durante cuatro años, en lugar de cerrar se les permitirá seguir operando.

Esto es grave y es una muy mala noticia para el sistema y especialmente para las familias y alumnos que se encuentran en los establecimientos públicos. El proyecto excluye a los colegios públicos de una lógica que apunta a la mejora de la calidad y de los aprendizajes.

Un colegio particular subvencionado con mal desempeño que durante cuatro años seguidos no mejore, a pesar de las orientaciones y del apoyo, deberá cerrar. Esto va en beneficio de los alumnos, las familias y del sistema porque saca de la educación a los establecimientos incapaces de cumplir con estándares mínimos. En el caso del mundo público esa misma situación no generará un cierre, sino que podrá perpetuarse. La Agencia sólo podrá recomendar “medidas de reestructuración”, cuyas características y plazos no se definen, debilitando fuertemente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Que un estudiante reciba una educación de calidad que le entregue las oportunidades para desenvolverse debiera ser el centro de una política educativa. Por el contrario, lo que introduce el proyecto de desmunicipalización en esta arista es la posibilidad de que un estudiante reciba una educación deficiente a lo largo de muchos años, a pesar de existir hoy las herramientas para detectar esta situación y corregirla.

Finalmente, no es razonable, conveniente ni serio el cambiar aspectos sustanciales de una ley discutida en profundidad y aprobada con amplio consenso cuya total implementación está aún pendiente.

Es urgente que lo anterior sea tomado en cuenta y modificado en el debate legislativo.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO:JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO