Que la educación formal sea un derecho no significa que deba ser entregada de modo exclusivo y excluyente al Estado. Eso es estatismo o totalitarismo, felizmente en retirada en el mundo. Tampoco significa que deba ser gratuita para quien no lo necesite. Por el contrario, de acuerdo a los principios de subsidiariedad y solidaridad, tanto el Estado como la sociedad civil y las familias están llamados a formar parte de la educación de los niños y jóvenes del país.
Publicado el 29.03.2017
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Se vienen semanas complejas para la discusión educacional. A la ya tradicional temporada de movilizaciones estudiantiles se agregan un difícil debate del proyecto sobre educación estatal y la amenaza de algunos rectores de retirar a sus universidades del programa de “gratuidad” del Gobierno, lo que genera un nuevo escenario en el sistema universitario.

Frente a este panorama confuso, es conveniente recordar algunas definiciones relevantes para el desarrollo de una educación justa, libre y de calidad.

En primer lugar, se sigue discutiendo la naturaleza propia de la educación. En un programa de radio, se le preguntaba al ex Presidente Piñera si consideraba a la educación como un derecho o como un bien de consumo, en la ya clásica disyuntiva que se presenta en estos casos. Desde una perspectiva política, la educación es un derecho que habilita a las personas a desarrollarse y desenvolverse mejor en la vida en comunidad. Su fundamento radica en la especial dignidad que distingue a todos los seres humanos, como lo reconocen nuestra Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el magisterio social de la Iglesia Católica.

Sin embargo, esto no significa que la educación formal, por ser un derecho, deba ser entregada de modo exclusivo y excluyente al Estado. Eso es estatismo o totalitarismo, felizmente en retirada en el mundo. Tampoco significa que deba ser gratuita para quien no lo necesite. Por el contrario, de acuerdo a los principios de subsidiariedad y solidaridad, tanto el Estado como la sociedad civil y las familias están llamados a formar parte de la educación de los niños y jóvenes del país, en el entendido de que educar es mucho más un acto de paternidad que un acto de Gobierno.

Del mismo modo, las ayudas sociales deben avanzar hacia financiar completamente a los estudiantes más vulnerables del país y a mantener un sistema de apoyo a la clase media, para que los más ricos paguen por su educación superior.

Por otra parte,  es evidente que la enseñanza formal beneficia directamente a quien la experimenta, lo que no excluye el beneficio social derivado de ella. Así también la filosofía nos presenta a la educación como un bien espiritual, es decir, es de aquellas cosas que al compartirlas no se reducen, sino que por el contrario, se multiplican. Un buen ejemplo de esto es un libro: en cuanto impreso se puede usar y disponer de él, pero en cuanto a su contenido es un bien espiritual cuyo conocimiento, al compartirlo, crece en lugar de dividirse.

Un segundo aspecto de la discusión que viene es la necesidad imperiosa de centrarla en la calidad educacional que reciben los niños y jóvenes del país. En este sentido, hemos tenido un exceso de reformas administrativas que no van al corazón del asunto y que, por desgracia, han terminado impidiendo que el sistema avance hacia mejores indicadores de calidad. Centrar la discusión en la calidad es volver a hablar del rol de las familias en los procesos formativos de sus hijos, preocuparse de lo que pasa en la sala de clases, de la infraestructura de nuestras escuelas y liceos y del rol de los profesores, cuya importante labor pedagógica debe tener la debida retribución económica y social. A nivel superior, se trata de ver fórmulas para que algunas de nuestras universidades entren al grupo de las 100 mejores del mundo, para desarrollar universidades regionales de primer nivel y para aumentar la actividad de investigación de nuestros centros de estudios.

Un tercer factor debe ser la corrección de una política de gratuidad que avanza en deciles socioeconómicos a costa de desfinanciar a las universidades de excelencia en docencia e investigación, tal como han denunciado los rectores de la Diego Portales y la Alberto Hurtado. A estas voces críticas se han sumado rápidamente los rectores de las universidades Católica, Silva Henríquez y Autónoma, algo que fue previsto y advertido por muchos cuando se implementó esta política.

El país debe avanzar hacia un sistema de financiamiento que apoye completamente a los estudiantes más pobres del país, considerando tanto la duración promedio de sus carreras como las inevitables cargas económicas que ellos asumen; que distinga entre los estudiantes de clase media en un adecuado sistema de becas y créditos; y que mantenga el pago de la mensualidad para los estudiantes de los grupos más ricos del país, evitando destinar recursos públicos escasos allí donde no se necesitan. Esos recursos perfectamente podrían usarse para potenciar las universidades regionales o para mejorar los sueldos de los profesores de enseñanza básica y media, por ejemplo.

Por último, es inevitable recordar el importante rol que juega la educación para nivelar la cancha en la que corren los chilenos. En ese sentido, se debe seguir avanzando hacia multiplicar las oportunidades a través de medidas de recuperación de la excelencia en todo nuestro sistema estatal y del fomento de una política de “liceos bicentenario” que sirvan como “vías rápidas” de movilidad social en distintos lugares del país.

Es de esperar que la campaña presidencial ayude a discutir propuestas para mejorar la educación en su conjunto. Chile necesita un debate de alto nivel y políticas públicas de calidad.

 

Julio Isamit, coordinador político de Republicanos

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

 

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