Nos hemos acostumbrado a la consideración del Estado como un “botín político”, donde es más importante la ficha de militancia en un partido que el currículum profesional, donde resultan más decisivos los lazos de parentesco o de amistad que el mérito y el talento.
Publicado el 27.07.2016
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La próxima semana la ministra de Justicia, Javiera Blanco, será interpelada en la Cámara de Diputados por la crisis que experimenta el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería. Esto sin olvidar los conflictos aún latentes del Registro Civil o de la Corporación de Asistencia Judicial. Es una situación política que ya tiene por segunda semana consecutiva a la ministra en el ojo del huracán, y en este contexto no son pocos quienes exigen su renuncia.

Sin perjuicio de la evidente responsabilidad que le cabe a la ministra de Estado, que se ha contradicho públicamente respecto a su injerencia en la contratación de funcionarios de Gendarmería, la solución a los problemas que hoy experimentamos no pasa por su renuncia. Incluso, lo peor sería que ella renunciara y las aguas se calmaran, olvidando lo que está detrás de la situación que hoy vivimos.

Muchos de estos problemas se explican porque hay personas que se creen propietarios del Estado y, lo que es peor, desde esa posición se comportan como malos dueños.

El Estado está al servicio de la persona y sus administradores también deberían estarlo. Cuando muchos de nosotros rechazamos el crecimiento del aparato estatal, lo hacemos por una razón de principio: la profunda convicción de que son las personas y sus asociaciones los motores del desarrollo social. Pero también lo hacemos por una razón práctica: es porque sabemos, y así lo demuestran los hechos, que ese aparato estatal está muchas veces cooptado por intereses personales o partidistas.

Ganar las elecciones, poder desarrollar el proyecto político ofrecido a la ciudadanía y liderar los destinos de la nación constituye uno de los mayores privilegios que una persona y un grupo político pueden experimentar. No por nada en la República romana a la carrera política se le denominaba cursus honorum, la carrera de los honores. Pero esa carrera se convierte en deshonra cuando el poder es utilizado para beneficio personal o de los cercanos, cuando se instrumentalizan las leyes o se subvierte el orden institucional. En definitiva, cuando se deja de servir y se comienza a ser servido.

Por desgracia, nos hemos acostumbrado a la consideración del Estado como un “botín político”, donde es más importante la ficha de militancia en un partido que el currículum profesional, donde resultan más decisivos los lazos de parentesco o de amistad que el mérito y el talento. Muchos de esos vínculos son recompensados con sueldos millonarios y, en algunos casos, con pensiones millonarias.

La actual situación del ministerio de Justicia nos permite ejemplificar el punto.

Los propios oficiales de Gendarmería oficiaron a la Contraloría General de la República para que investigue la existencia de núcleos partidistas de izquierda dentro de la institución, en el entendido que casi medio centenar de funcionarios son militantes de partidos oficialistas.

Una segunda situación se da respecto a los millonarios sueldos de asesores de ministros y subsecretarios. Sin ir más lejos, la propia jefa de gabinete de la ministra de Justicia tiene una remuneración de $6.527.906 (abultada en parte por una asignación de 85% correspondiente a cargos de confianza). En momentos en que se critica con fuerza los sueldos de los parlamentarios, sería conveniente revisar los criterios para la contratación de asesores y la forma de determinación de sus sueldos. Sería un aporte que la ciudadanía conociera cuánto ganaban con anterioridad a entrar a la administración pública.

El aprovechamiento de la ley para beneficio personal tiene su expresión más gráfica en el abultamiento de sueldos en los meses previos a la jubilación para obtener pensiones “sin límite”. No por nada Myriam Olate obtuvo una pensión de $5.215.000. Todo esto puede ser perfectamente apegado a la ley, pero, sin duda, merece un reproche cuando se han hecho aprovechando resquicios o circunstancias como las mencionadas. Puede ser continuador de una tradición política de nuestro país, pero es una tradición viciosa contra la que se debe luchar con decisión.

Lo más vergonzoso es que cuando unos pocos obtienen sueldos y pensiones millonarias en Gendarmería, miles de oficiales de la propia institución que trabajan bajo constante peligro, luchan periódicamente por mejorar sus condiciones laborales. Ni qué decir de las indignas condiciones de nuestros establecimientos carcelarios, que en vez de rehabilitar terminan por condenar de por vida a cientos de reclusos. Mientras muchos asesores reciben millonarios sueldos, miles de niños sufren en los hogares del SENAME, donde hemos sido testigos de la triste muerte de 185 de ellos durante los últimos diez años.

Frente a esto, se requiere recobrar el sentido profundo del servidor público y de la labor del Estado. El trabajo bien hecho en beneficio de nuestros compatriotas y la promoción del bien común. Para eso se requiere, servidores siempre alertas, para que cuando estén en el mundo de las ventajas y los privilegios, no se dejen llevar por ellos. Por eso, Vaclav Havel, el poeta y presidente de la República Checa, sostenía con decisión que “mienten todos los que afirman que la política es algo sucio. La política es, simplemente, un trabajo que requiere hombres genuinamente puros, puesto que al desarrollarlo podemos ensuciarnos moralmente con especial facilidad. Con tanta facilidad que los espíritus que no estén alerta pueden no darse cuenta de ello”.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO

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