En vez del telefonazo de Barrancones que le costó más de un dolor de cabeza, ahora con Dominga el Presidente Piñera apeló al fortalecimiento institucional y optó por no participar del cuestionado tramite de conciliación. Inteligente estrategia jurídico-política de las nuevas autoridades, que no sólo permite quitarse la presión política y traspasarla a los tribunales, sino que fortalece la institucionalidad ambiental.
Publicado el 19.03.2018
Comparte:

Uno de los ministerios más activos en la primera semana del gobierno de Sebastián Piñera fue el de Medio Ambiente. En sus primeros tres días ya había nombrado al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -utilizando uno de los doce cupos que tiene el Presidente para designar a sus Jefes de Servicios-, ratificado al superintendente de Medio Ambiente y hecho “presente que no desea perseverar en el proceso conciliatorio”, en el juicio de reclamación del proyecto Minera Dominga, actualmente radicado en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Como es sabido, este proyecto ha estado marcado por un sinnúmero de controversias y curiosidades, que van desde acusaciones conspirativas del presidente de Greenpeace Chile, hasta el inédito llamado a conciliación de parte del Tribunal, pasando por el retiro del Comité de Ministros del Ministro de Economía Céspedes y posterior renuncia de todo el equipo económico del gobierno anterior. Esto, entre otras peculiaridades.

Pero el llamado a conciliación no es sólo un hecho inédito en la corta historia de los Tribunales Ambientales, sino que también legalmente discutido respecto a si es aplicable para los recursos de reclamación. Es por ello que prácticamente todos los intervinientes en el juicio -salvo Andes Iron- se opusieron a la conciliación, argumentando que esta figura sólo se aplica en los juicios de daño ambiental, tal como lo señala expresamente la ley y su historia fidedigna.

Ahora bien, esta figura se tornó aún más cuestionable cuando el Tribunal resuelve limitar los derechos de los que no son partes directas en el juicio -los terceros- sólo a intervenir y aportar pruebas. Con ello no sólo se estaría vulnerando el principio de acceso a la justicia ambiental y de la participación pública, sino que se produce un problema práctico. En la gran mayoría de los casos, cuando un proyecto es aprobado, los que recurren en contra de la resolución son las comunidades. Por lo que, generalmente, las partes de un juicio de reclamación ambiental son el SEA y las comunidades, teniendo las empresas sólo el carácter de tercero coadyudante. Así, de aplicarse la misma lógica, los Tribunales Ambientales podrían llamar a conciliación y proponer bases de solución respecto de un proyecto en que el titular o dueños de los mismos tendrían menos derechos que las partes, a pesar de ser directamente incumbentes, lo cual va en contra de todo sentido común. Tal vez por eso el presidente del tribunal comparó su fallido llamado a conciliación con la película Dune, del autoproclamado psico-mago Alejandro Jodorowsky, la cual, de hecho, nunca se realizó. Curiosa analogía, por decir lo menos. Ahora sólo resta que el tribunal ambiental falle.

En su fallo, el tribunal se tendrá que pronunciar, entre otras cosas, sobre un aspecto de central importancia para los proyectos de inversión que tengan que someterse a evaluaciones ambientales: la discrecionalidad de las autoridades para aprobar o rechazar un proyecto.

Es importante recordar que antes de la modificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, los proyectos eran aprobados o rechazados por las antiguas Coremas, quienes votaban con total discrecionalidad política. Así, para ponerle fin a estas prácticas y darle un carácter más técnico a la evaluación, se incluyó un artículo -el famoso 9 bis- que obliga a aprobar o rechazar un proyecto sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en lo que dice relación con los aspectos normados. Con ello se buscaba que los titulares de los proyectos tuvieren mayor certeza jurídica.

En el caso de la evaluación ambiental de Dominga, el órgano técnico -el Servicio de Evaluación Ambiental- recomendó en su ICE aprobar el proyecto, y fue la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, integrada por los Seremis y presidida por su Intendente, quienes lo rechazaron, votando en contra de los pronunciamientos de sus mismos servicios. Es por ello que el Tribunal tiene una oportunidad única para definir los límites que tienen las autoridades políticas respectos de los aspectos “no normados” en la evaluación.

De este modo, el inicio del gobierno del Presidente Sebastián Piñera se encuentra nuevamente marcado por un conflicto socio-ambiental, pero esta vez, enfrentado de una forma totalmente diferente. En vez del telefonazo de Barrancones que le costó más de un dolor de cabeza en su campaña, ahora con Dominga apeló al fortalecimiento institucional y optó por no participar del cuestionado tramite de conciliación. Inteligente estrategia jurídico-política de las nuevas autoridades, que no sólo permite quitarse la presión política y traspasarla a los tribunales, sino que fortalece la institucionalidad ambiental.

Ahora bien, esto puede durar poco ya que, si fallan a favor de Andes Iron, se tiene que decidir si recurre a la Corte Suprema. Pero por lo pronto, sólo queda citar la frase con la que el presidente del Primer Tribunal Ambiental cerró la audiencia de conciliación “the process must go on”.

 

Matías Pinto Pimentel, abogado especialista en Medio Ambiente y Cambio Climático, Consultor para Chile del Fondo Verde para el Clima

@matiaspintop

 

 

FOTO: HERNAN CONTRERAS/AGENCIAUNO