El cambio de gabinete que realizó ayer la Presidenta Bachelet, sacando de su cargo a la ministra de Justicia, pareciera radicar en ella la responsabilidad por lo ocurrido. Pero no está nada claro que fuera la única responsable de ocultar esta información.
Publicado el 20.10.2016
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Hay dos planos en la comedia de equivocaciones del gobierno de Michelle Bachelet que cambió el lugar de votación a más de 463.000 ciudadanos contra su voluntad, atentando contra su derecho a votar en las elecciones municipales del próximo domingo.

El primero es el de la ineptitud técnica de los servicios involucrados en este caso. El Registro Civil, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, y el Servicio Electoral, ente autónomo que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El segundo es el de las responsabilidades políticas, que alcanzan a los ministerios de Justicia y Segpres, pero también a los del Interior y Secretaría General de Gobierno. En este último plano, lejos la pregunta más importante es si el Ejecutivo intentó ocultar información a la ciudadanía y, si así fue, quiénes son responsables de ello.

A estas alturas no puede sorprender mucho que este gobierno muestre ineptitud. Los innumerables errores de las reformas tributaria y educacional llenarían un libro. Lo que sí sorprende es la persistencia en el error.

El 13 de julio de este año, Teletrece denunció la existencia de cerca de 500 mil personas que habrían sido cambiadas de domicilio electoral sin contar con su consentimiento. Recién el 13 de octubre, vale decir el jueves de la semana pasada, el director del Registro Civil declaró que los afectados eran sólo 17 mil personas. El fin de semana el gobierno anunciaba la presentación de una ley corta o “express”, para solucionar el problema de 463.000 personas. De la cifra de 17.000 personas no se ha oído hablar más y el director del Registro Civil continúa en su cargo.

Aunque parezca increíble, aún no hay claridad en el gobierno acerca de la razón por la que esta falla ocurrió. Al parecer se trataría de un problema informático del Registro Civil que fue actualizado el 2013 e informó al Servel datos errados de más de 7 millones ochocientos mil chilenos. El Servel habría detectado la falla y trabajó en una depuración de los datos que dejó en 4 millones 700 mil los casos. De ese total, a cuatro millones de personas se les habría cambiado el domicilio, pero dentro de la propia comuna, lo cual rebajaba el problema de la votación a 700 mil. De este último total, había un número importante viviendo en el extranjero y otras situaciones, lo que habría reducido la cifra a los 463.000 casos que se conocen hoy.

Pero sobre la razón exacta de la falla no hay claridad. Hasta el día de hoy el director del Registro Civil no ha sido capaz de responder a preguntas de parlamentarios acerca de si existe o no un protocolo que instruya a los funcionarios del servicio sobre las consultas que deben hacer al ciudadano sobre su domicilio electoral cuando realiza un trámite, de manera que por ahí puede estar el origen problema.
Lo más insólito es que hay acusaciones cruzadas entre el Registro Civil y el Servel, filtradas a distintos medios de prensa, en que se da cuenta de cómo se informó a la otra parte de la existencia de este problema, mucho antes de que se hiciera público el 13 de julio pasado. El Servel dice que informó al Registro Civil por primera vez en junio de 2014 y éste replica que ellos oficiaron al Servel ese mismo año.

Lo que parece inverosímil es que el director del Registro Civil no haya informado a su superior, la ministra de Justicia; ni el Servel al ministro de la Segpres, a través del cual se relaciona con el gobierno, ni tampoco al ministro del Interior, en su calidad de jefe del gabinete, sobre la ocurrencia de esta grave situación que afecta a un 5% del padrón electoral.

La decisión de última hora de presentar una ley seis días antes de la elección, cuando todavía no había claridad sobre el origen del problema, fue finalmente rechazada por el Parlamento por los múltiples problemas que podía crear, por su posible inconstitucionalidad y por lo impresentable que resultaba. Lo que no se ha explicado es por qué no se presentó antes esta ley.

La hipótesis más plausible es el ocultamiento. Las respuestas que se dieron la semana pasada a los reclamos de los afectados indican que se trató de minimizar el problema. En los servicios públicos se contestaba que no se preocuparan porque el voto era voluntario. Las declaraciones del ministro de la Segegob tendían a minimizar la gravedad del error. La propia Presidenta Bachelet dijo que “esto era muy fácil, es cosa de meterse con el RUT; de hecho yo lo hice.”

La ciudadanía no sabe quién en el Gobierno es responsable de ocultar esta información.

El cambio de gabinete que realizó ayer la Presidenta Bachelet, sacando de su cargo a la ministra de Justicia, pareciera radicar en ella la responsabilidad por lo ocurrido. Pero no está nada claro que fuera la única responsable de ocultar esta información. De hecho, en las únicas declaraciones que hizo sobre el caso, el lunes de esta semana, dijo que estaba en manos del Comité Político.

Así parecen haberlo entendido las presidentas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, quienes se han mostrado disconformes con el cambio de gabinete. Al parecer, la Nueva Mayoría seguirá pagando el costo político de las malas decisiones de la Presidenta. Entretanto, Ricardo Lagos se ha beneficiado al reclutar al mejor ministro del gabinete para su campaña: una muestra del fin del gobierno de Michelle Bachelet.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

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