La Presidenta acertó al decir que la falta de libre competencia afectaba el presupuesto familiar, en este caso, al privarse su Administración de recibir ofertas, el de todos los chilenos.
Publicado el 15.01.2016
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El mismo día en que la Presidenta condenó un nuevo caso de colusión en nuestro país señalando que afecta la confianza entre los chilenos así como el presupuesto familiar, supimos de otro tipo de atentado a la competencia. Esta vez generado en el corazón del Gobierno.

Bajo las narices de la Mandataria se hizo uso de la contratación directa, esto es sin licitación de por medio, para conceder millonarios contratos a la productora de su campaña presidencial, la que además, pertenece a uno de sus ex colaboradores.

Por lo mismo, resulta paradójica su crítica. Como bien sabemos, el objetivo de la ley de compras públicas fue el de transparentar las contrataciones del Estado, incorporando la libre competencia como norma general y posibilitando que los servicios públicos accedan a mejores precios y condiciones. De esta forma se resguardaría el interés general por sobre el de unos pocos privilegiados.

La transgresión a estos principios afecta enormemente la confianza que los chilenos le debemos al Estado y a la institucionalidad de las compras públicas. Ante la duda de transparencia el interés de los privados por competir en concursos públicos desaparece, lo que es especialmente grave para pequeños y medianos oferentes que con estas actitudes, ven alejarse un mercado que mueve más de cuatro mil millones de dólares al año.

Es aquí en donde la Presidenta acertó al decir que la falta de libre competencia afectaba el presupuesto familiar, en este caso, al privarse su Administración de recibir ofertas, el de todos los chilenos.

 

Rodrigo Urzúa Yovane, abogado UC, Máster en Derecho U. de California, Berkeley.

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO