Emplazamos a la nueva ministra de Educación a transparentar su proyecto y las intenciones que esconde; y al CRUCh a que deje de escudarse en criterios etarios y que nos digan si van a defender intereses particulares o a los estudiantes de Chile.
Publicado el 08.07.2015
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El 21 de mayo pasado, la Presidenta Bachelet con sus anuncios puso una pesada carga en los hombros del Ministerio de Educación. Hace unos días nos enteramos de que el ministro Eyzaguirre ya no tendrá la desagradable tarea de explicar cómo, quiénes serán los beneficiados, y con qué recursos va a implementar la reforma a la educación superior. Su silencio e incapacidad, sin embargo, ha sido premiado con un nuevo cargo en la Segpres.

Uno de los anuncios que hizo la Presidenta en su cuenta pública fue particularmente polémico: la gratuidad, de momento, será sólo para las Universidades del Cruch. ¿Cómo podríamos definir al Consejo de Rectores? No cabe ninguna duda de que el elemento en común es uno solo: sus privilegios. Es la más pura expresión de la inmovilidad y de la defensa de intereses corporativos. Es una institución que hoy no tiene razón de ser y que pareciera ser un obstáculo para la consecución de un sistema más libre, equitativo y de excelencia.

Pero la pregunta que muchos tendrán, y con razón, es: ¿Qué podría llevar a un estudiante de la Universidad Católica a preocuparse por esta discriminación, si hemos sido, somos y seguiremos siendo, al parecer, los beneficiarios de estos recursos?

Primero, porque nos preocupamos por los miles de estudiantes vulnerables que van a ser discriminados de manera brutal por el Estado a la hora de entregarles recursos, única y exclusivamente por la universidad, CFT o IP que escogieron. No es comprensible que se sigan gastando los recursos según las elecciones de las personas y no según sus necesidades. El discurso de combatir la desigualdad, con políticas como esta, se derrumba ante una pretensión de ganar la batalla ideológica.

Sin embargo, si bien el deseo de un sistema más justo es nuestra primera y más importante preocupación, no es la única. Nuestra universidad deberá pagar un precio para ingresar a este sistema injusto, dejando de gozar de la autonomía que le ha dado forma y que la ha llevado a ser una universidad de excelencia al servicio del país. Porque nos ha quedado claro que al no existir financiamiento estatal para instituciones que decidan restarse del chantaje gubernamental, no existen caminos posibles para quienes desean construir un proyecto abierto a todos los chilenos.

Entendiendo el difícil contexto y la absoluta incapacidad de las autoridades ministeriales de elaborar un sistema que pueda complementar la eliminación de las barreras económicas con la subsistencia de una diversidad de proyectos educativos, sólo nos queda hacer un llamado a nuestras autoridades a que no vendan nuestra universidad, ni ninguna otra. A que los rectores  y dirigentes estudiantiles no defendamos privilegios,  sino los principios, los valores y la misión de nuestras instituciones y del sistema que queremos construir. No olvidemos que el corazón de una sociedad libre y pluralista es la posibilidad de expresar nuestra cultura y de pensar según nuestra religión y nuestras creencias.

No podemos permitir que la esencia de nuestras instituciones se transforme en la moneda de cambio para ingresar a este sistema improvisado que busca igualar las instituciones en el plano ideológico, pero que no contribuye en nada a que Chile sea un país menos desigual en oportunidades. Es por eso que hoy emplazamos a la nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano, a transparentar de una vez por todas su proyecto y las intenciones que esconde. Emplazamos al CRUCh a que deje de escudarse en criterios etarios y que nos digan si van a defender intereses particulares o a los estudiantes de Chile, y emplazamos por último a todos los rectores de las universidades chilenas a no renunciar a las razones fundacionales de sus instituciones, a defender a sus estudiantes y el proyecto educativo que cada uno de ellos escogió.

 

Ricardo Sande, Presidente FEUC.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO