Es sorprendente la poca capacidad que ha demostrado la Presidenta para anticipar las dificultades que se venían a su gobierno en el tema del financiamiento irregular de la política.
Publicado el 23.04.2015
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El día viernes, la Presidenta recibirá el informe de la Comisión Engel. Antes de conocerse su contenido, los acontecimientos políticos han elevado a este informe a la categoría de piedra angular en la estrategia del gobierno para salir de la grave crisis política que le afecta.

Se espera que las proposiciones de esta Comisión permitan al gobierno presentar un conjunto macizo de reformas en materia de financiamiento de la política que den tranquilidad a la ciudadanía en el sentido que se superarán las deficiencias que se han revelado en los casos que mencionábamos.

Pero la Presidenta tiene un grave problema para que esa estrategia funcione.

Por su cargo, es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien tiene que recibir, analizar, procesar y luego hacer las correspondientes propuestas de carácter político al país, a partir de un Informe elaborado por técnicos. Demás está decir que la credibilidad y prestancia del ministro y su entorno están seriamente menoscabadas para conducir esta tarea, cuyos contenidos están relacionados justamente con una agenda para evitar que se repitan comportamientos como los que se le achacan a él.

Tampoco es creíble la afirmación de la Presidenta –últimamente muchas de sus afirmaciones no lo son- en el sentido que será ella la que se encargue de la tarea de llevar a proposiciones de tipo político las recomendaciones de este grupo.

Es que las diferencias internas en la Nueva Mayoría a raíz del tratamiento que debe darse a altas autoridades implicadas en los casos Caval, Penta y SQM tienen virtualmente paralizado al gobierno de Michelle Bachelet.

Una buena parte de la coalición considera que debe haber un giro radical en la conducción política del gobierno y que éste debe materializarse ya, en un cambio de gabinete que todo el mundo parece estar esperando desde hace ya bastante tiempo.

Se ha tratado de explicar la aparente inacción de la Presidenta Bachelet, que parece inerme frente a la continua caída en el apoyo a su gobierno, señalando que ella espera el desenlace de la elección interna del Partido Socialista. En esa contienda se enfrenta Isabel Allende, quien ha expresado un apoyo incondicional a la Presidenta ante la situación que vive su gobierno; con Camilo Escalona, quien ha sido crítico de la conducción del ministro Peñailillo y de sus actuaciones durante esta crisis.

Y mientras se espera que la Presidenta tome una decisión, la coalición de gobierno se desangra por peleas internas, alimentadas por nuevos antecedentes que involucran a senadores, diputados, ministros y otros altos funcionarios de gobierno en prácticas de financiamiento irregular de la política.

Más allá de las pequeñas ventajas que algunos políticos pretenden sacar sobre otros en esta situación, lo que subyace es una soterrada lucha entre quienes ocuparon posiciones de poder en la antigua Concertación y quienes los desplazaron para conformar el núcleo duro que toma las decisiones en la Nueva Mayoría.

Y esa ha sido hasta ahora una piedra de tope para que la Presidenta se decida a realizar el cambio de gabinete que todo Chile espera. Porque Michelle Bachelet no quiere reconocer que su diseño de gobierno, que renegó de los acuerdos e instaló en La Moneda un equipo ávido de poder que ha pretendido imponer a troche y moche un proyecto fundacional que intenta transformar radicalmente a Chile, ha fracasado, y menos quiere transformar a alguien de la vieja Concertación en su escudero.

Es difícil pedirle ahora al ministro Peñailillo que evalúe con objetividad si es que es la hora de rectificar y buscar un gobierno que interprete mejor el anhelo mayoritario de los chilenos por reformas realizadas con el consenso de grandes mayorías. Y es sorprendente la poca capacidad que ha demostrado la Presidenta para anticipar las dificultades que se venían a su gobierno en el tema del financiamiento irregular de la política.

Con la información que ambos tenían, por otra parte, parece insensata la forma en la que el gobierno se solazó con el caso Penta y el daño político que éste causó a la UDI. Sólo una sensación de poder absoluto e inmutable puede explicar un comportamiento tan temerario.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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