Si el verdadero objetivo del proyecto del Gobierno fuera evitar que las mujeres que se realizan aborto por estas tres causales vayan a la cárcel, ello pudo señalarse explícitamente sin establecer el derecho a abortar, que parece ser el auténtico propósito.
Publicado el 19.01.2017
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La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de aborto por tres causales presentado por el Gobierno, y la sala del Senado debiera votarlo la próxima semana. Resulta muy difícil sostener hoy una discusión civilizada, respetuosa y conducente acerca del aborto en Chile.

La principal razón es que el tema es muy complejo y están envueltos valores muy importantes para las personas y en particular para las mujeres. Pese a ello, la discusión elude esa complejidad, simplifica en extremo el tema y tiende más bien a descalificar las posiciones contrarias. Ello ocurre muchas veces por falta de honestidad intelectual. No se está dispuesto a discutir el tema a fondo, o no se ponen sobre la mesa todas las cartas. Por ejemplo, ¿cuántos de los argumentos que se esgrimen para justificar alguna de las causales sirven también para justificar el aborto en cualquier circunstancia?

El proyecto presentado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet permite el aborto en tres situaciones, cada una de ellas muy distinta de las otras dos. La primera es el riesgo de vida de la madre, la segunda es la inviabilidad fetal y la tercera es que el embarazo sea producto de una violación.

El primer caso, de acuerdo a la opinión generalizada de los médicos, es más teórico que real. Ello, porque en la práctica cuando está en riesgo la vida de la madre el equipo médico que la trata hace todo lo posible por salvarle la vida, aunque ello resulte en la interrupción del embarazo, que por supuesto no recibe pena alguna. La batalla en este punto, entonces, es simbólica y no tiene efecto real alguno. No hay madres condenadas por esta causal de aborto. Su aprobación dejaría felices a los partidarios del aborto y su rechazo llenaría de dicha a quienes se oponen a él, pero no tendría efecto práctico alguno. Es otra la batalla que se está librando cuando se discute esta causal.

El segundo caso es, a mi juicio, el más complejo. Es difícil  aceptar que la ley obligue a una futura madre que no tiene intención de hacerlo, ni convicciones que la muevan a ello, a prolongar su embarazo hasta el final si de ese proceso no resultará una vida y sí, en cambio, habrá una prolongación del duelo por la pérdida. Es el argumento supererogatorio, que sostiene que los comportamientos heroicos son admirables y por cierto admisibles, pero no necesariamente exigibles. Por cierto, tratándose de una vida, debieran ser extraordinariamente exigentes los protocolos para determinar que efectivamente estamos ante un caso de inviabilidad del feto. Nuestra práctica médica, en que los falsos diagnósticos abundan, desgraciadamente introduce una complejidad adicional, porque una aprobación de esta norma podría llevar a un uso que no se restrinja exclusivamente a esta causal.

Es cierto, por otra parte,  que se conocen casos en que niños han sobrevivido pese a diagnósticos en contrario, pero también es cierto que es probablemente la madre la más indicada para tomar esa decisión. Es en esta causal de aborto, y no en otras, como veremos más adelante, que el argumento supererogatorio podría aplicarse. Otras causales, como la de violación, introducen un elemento completamente nuevo que hace inaplicable ese argumento. Nada menos que una nueva vida.

El tercer caso, permitir el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, con todo el dramatismo que puede contener, es muy difícil de sostener para alguien que dice defender el derecho a la vida. ¿Por qué habríamos de sacrificar una vida humana para lograr la reparación del dolor de otra, en este caso el de la madre? Porque de eso se trataría: de quitarle la vida a un ser humano que es más débil. ¿Podemos poner los derechos reproductivos de la mujer a la par del derecho a la vida de quien está por nacer?

Ahora bien, alguien podría discutir que no se trata de una vida, o que a lo más sería una vida futura. Eso requiere mayor reflexión.

¿Desde cuándo hay vida humana? ¿Desde cuándo hay una persona? Son preguntas complejas que no tienen una única respuesta entre los científicos. Cuando ello ocurre, cuando hay margen para la duda, el punto crucial es dónde se pone el peso de la prueba. Mi posición es que frente a la posibilidad de que estemos ante un ser que verá la vida si no media una acción deliberada para impedírselo, debiéramos pedir al Estado que privilegie la defensa de su vida frente a otros bienes como derechos reproductivos o bienestar de la mujer, que claramente son de otra entidad.

Hay quienes han señalado que es incompatible esta postura con una posición liberal y afirman que se trata de determinar si es el Estado o es la mujer quien debe decidir sobre la interrupción del embarazo. Esa es una manera mañosa de plantear el tema, pues supone sin más que no hay una segunda vida en juego. ¿Puede algún liberal defender seriamente  la posición de que una mujer (o un hombre) debe decidir, con preeminencia sobre el Estado, si una persona ha de vivir o no? Cualquier liberal entiende que su libertad no incluye la libertad de quitarles la vida a otros.

La estrategia de quienes favorecen el aborto es invisibilizar esta segunda vida, la del hijo que está por nacer. Mientras menos sabemos de él, mientras menos se hable de él, más fácilmente lograremos el objetivo de reducir la discusión a una decisión de la mujer. Así ha sido en otros países y esa es la agenda de organizaciones de derechos humanos que abogan por el aborto como un derecho de la mujer. La invisibilización es también la base para excluir de esta discusión a los hombres: sería sólo una decisión de la mujer. ¡Claro, siempre que no haya una segunda vida en juego!

Hay, por último, una cuestión difícil de resolver. ¿Es éste un proyecto de despenalización del aborto en tres causales, como asegura el Gobierno, o uno que legaliza el aborto en esas circunstancias, como afirma el rector de la Universidad Católica? Ignacio Sánchez ha señalado que el proyecto establece el aborto como un derecho, al prever prestaciones del Estado para quienes lo realizan, lo que va más allá de la despenalización.

Hay caminos intermedios, de compleja implementación, pero que merecen una oportunidad. El Estado podría establecer mecanismos de acogida y apoyo a mujeres embarazadas en las circunstancias invocadas en el proyecto, pero no hay nada de ello. Podría también atenuarse la responsabilidad penal de las mujeres que se realizan un aborto en estas circunstancias, hasta impedir que vayan a la cárcel. Si el verdadero objetivo del proyecto fuera evitar que las mujeres que se realizan aborto por estas causales vayan a la cárcel, ello pudo señalarse explícitamente sin establecer el derecho a abortar, que parece ser el auténtico propósito.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

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