Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, lo que está en juego en la “discusión constitucional” no es menor, no solo respecto al fondo, sino que también en relación a la forma, ya que muchas veces ella condiciona el fondo.
Publicado el 13.05.2016
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Mucho se ha discutido acerca de la conveniencia o no de participar en la discusión constitucional, especialmente respecto a seguir o no el formato impuesto por el gobierno. Por un lado, están aquellos que parten de un presupuesto en que existiría buena fe por parte del gobierno y que la participación sería un deber ciudadano. De hecho, el mismo Arzobispado de Santiago ha hecho un llamado a participar. Por otra parte, están aquellos que sin sustraerse de la discusión constitucional -de hecho ya están formulando propuestas-, han optado por no participar en esta primera etapa, con fuertes críticas a un proceso que señalan que objetivamente no ha sido neutral, dada la filiación política de los facilitadores y los sucesivos desencuentros entre el Consejo de Observadores y el gobierno. Algunos han señalado, además, que la participación en esta instancia podría ser instrumentalizada políticamente a fin de obtener los quórum necesarios para la reforma constitucional que le otorgue facultades al futuro Congreso para que opte por alguna de las tres vías del proceso constituyente, incluyendo la asamblea.

Por su lado, el gobierno asume una especie de neutralidad, que estaría refrendada por el hecho de que no se ha presentado formalmente una propuesta de contenidos, lo que en la práctica ha significado que todo el debate ha estado centrado en los temas formales y no de fondo. Sin embargo, resulta útil recordar que las bases de una propuesta gubernamental en la materia están reflejadas en el libro “El otro modelo”, de Atria, Larraín, Benavente, Couso y Joignant, que fue el sustento ideológico y programático del gobierno actual.

Ahora bien, ¿qué está en juego en la discusión constitucional, y específicamente en esta etapa de participación previa? Esta es una cuestión relevante, especialmente para aquellos que, pese a las deficiencias, quieran participar, ya sea a través de la encuesta o a través de los encuentros locales autoconvocados.

En primer lugar, hay que entender que la participación se enmarca en una pauta muy rígida, que consiste básicamente en la elección de siete conceptos entregados bajo cuatro formatos: (i) valores y principios (reflejo de las “bases de la Institucionalidad”); (ii) derechos; (iii) deberes y responsabilidades (estos dos últimos puntos reflejo de las garantías constitucionales), e (iv) instituciones (la parte orgánica de la Constitución y, cuestión no menor, la forma de gobierno). La posibilidad de agregar nuevos conceptos existe, pero evidentemente ello, desde un punto de vista de la contabilidad futura de los conceptos, es complejo de articular, ya que evidentemente tendrá un peso mínimo frente a los conceptos previamente entregados.

En segundo lugar, y entrando a los contenidos, resulta evidente que “el otro modelo” choca en aspectos relevantes con varios de los conceptos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, muchos de los cuales están recogidos en la Constitución vigente. En este sentido, aquellos que desde el mundo católico quieran participar en esta fase del proceso, debieran defender ciertos conceptos fundamentales a nivel de valores y principios, tales como “Dignidad”, “Bien Común”, “Justicia”, “Libertad”; “Subsidiariedad”, “Solidaridad” y “Desarrollo”, todos los cuales tienen hondas raíces en la Doctrina Social de la Iglesia. Con todo, algunos de estos conceptos aparecen mezclados con otros que pueden llevar a interpretaciones equívocas. Por ejemplo, cuando se habla de “libertad”, ello está asociado al concepto de “autonomía”; o cuando se habla de “Bien Común”, dicho concepto está conectado a “Comunidad”. Además, hay dos conceptos fundamentales desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia que no están considerados: la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y la “servicialidad del Estado” a la persona humana.

Entrando a los derechos y deberes, y nuevamente desde la perspectiva católica, uno de los temas más relevantes tiene que ver con el derecho a la vida. Al respecto, resulta fundamental proteger la vida del que está por nacer, reconociéndole un estatus de persona. Por otra parte, resulta esencial mencionar la “libertad de conciencia”, el “derecho de asociación”, la “libertad de expresión”, “la libertad de enseñanza” y el “derecho de propiedad”, incluyendo la perspectiva de la “función social de la propiedad”. Finalmente y respecto a los deberes, habría que también incluir el “respeto de los derechos humanos” y el “deber de conservación de la naturaleza”.

Como se ve, y desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, lo que está en juego en la “discusión constitucional” no es menor, no solo respecto al fondo, sino que también en relación a la forma, ya que muchas veces ella condiciona el fondo.

 

Ricardo Irarrázabal Sánchez, Voces Católicas.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO