Chile envejece, las personas viven más del promedio que observamos sólo hace unos 20 años. Asimismo la tasa de natalidad disminuye consistentemente en los últimos años. Por tanto es claro que la sociedad chilena tendrá que reaccionar en muchos más ámbitos que los que estábamos considerando respecto de las políticas publicas hacia los miembros más viejos de la sociedad. Y ya no es sólo nuestro conocido tema de la previsión el que requiere reformas urgentes; tal como señalé recientemente en este mismo espacio, claramente va mas allá del intento erróneo e históricamente comprobado de la falla de los sistemas de reparto, defendido en forma contumaz por sectores que buscan destruir las bases de un sistema fiscal sano.
La discusión en torno a la no renovación de tarjetas de crédito de ciudadanos de la tercera y prácticamente de la cuarta edad encendió el debate. Las descalificaciones vinieron desde muchos sectores, incluyendo La Moneda. Con la simplista idea que lo que producía esa conducta era simplemente discriminación. ¡Qué equivocados están aquellos!
El sistema financiero en Chile tiene políticas de administración de riesgo que podrían aparecer estrictas, pero que son monitoreadas por las autoridades, Superintendencia de Bancos y ciertamente el Banco Central, además de las entidades financieras privadas, que buscan proteger a los depositantes y ahorrantes. De cada diez pesos que se prestan en el país, aproximadamente 9 provienen de los depositantes; es decir, la administración de riesgos busca proteger a los millones que prestan recursos al sistema financiero y esperan lógicamente la restitución de los fondos.
Esto no quiere decir que las autoridades y las entidades privadas del mercado de capitales no puedan realizar cambios para lograr el acceso de los ciudadanos de mayor edad al crédito en cualquiera de sus formas, entre ellas las tarjetas de crédito. En otras latitudes existe, por ejemplo, la posibilidad de empaquetar seguros, los llamados seguros colectivos o pooling risk, que permite reducir el riesgo promedio de aquellos y les permite un más ágil y mejor acceso al financiamiento. Se requiere algo que hemos aprendido en Chile, y muchas veces no practicamos: incentivos correctos, que vengan de las normas dictadas por las autoridades, el sector privado proveerá ese tipo de instrumentos.
Descalificar es fácil, es populista, pero no soluciona los problemas de una sociedad que busca cada vez más espacios de libertad, y soluciones realistas frente a problemas que derivan de lo inevitable, en este caso el envejecimiento.
Alejandro Alarcón, economista
FOTO: JAVIER VALDES LARRONDO/AGENCIAUNO