Un asunto crucial ha sido el reconocimiento de que se trata de derechos cuya protección y respeto no reconoce fronteras, por el hecho de tener aplicación universal. Por esta razón, no tiene sustento alguno, por ejemplo, la negativa de los parlamentarios comunistas chilenos a suscribir los proyectos de acuerdo orientados a exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela, arguyendo que ello sería inmiscuirse en asuntos internos de ese país.
Publicado el 16.12.2016
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El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada año se conmemora, con mayor o menor compromiso o convicción, el paso que dio la comunidad internacional para promover el respeto de los derechos considerados básicos de las personas, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

A 68 años de haberse aprobado la Declaración, y más allá de las conmemoraciones y actos oficiales y oficiosos para recordar ese trascendental paso, conviene reflexionar sobre cuánto ha avanzado la humanidad en las medidas efectivas que se han adoptado para garantizar los derechos humanos fundamentales.

A modo de constancia histórica, es útil recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó con los votos favorables de 48 de los 58 Estados miembros que tenía la ONU entonces. Ocho Estados se abstuvieron de hacerlo y dos no estuvieron presentes en la reunión. Los países que se abstuvieron fueron: Arabia Saudita, Sudáfrica, la URSS y sus satélites Bielorrusia, Checoeslovaquia, Yugoslavia, Polonia y Ucrania. En Arabia Saudita lo ameritaba la condición de la mujer y las restricciones religiosas; en Sudáfrica prevalecía el Apartheid. Pero en la URSS y los países tras “la cortina de hierro” tuvieron que pasar más de 40 años para que comenzara a tener vigencia el respeto a la libertad de opinión, el derecho a la propiedad, la libertad para salir y entrar libremente de su propio país, la libertad de expresión, entre muchos otros derechos que fueron conculcados sistemáticamente por los “socialismos reales”.

Para la comunidad internacional, como un todo, el balance del respeto y vigencia de los derechos humanos en pleno Siglo XXI, en materias que la Declaración estableció como objetivos en la primera mitad del siglo pasado, debiera ser materia de preocupación. Partiendo desde nuestra propia realidad, el examen de la situación de los derechos básicos de los más vulnerables, entre ellos los niños y los ancianos, nos demuestra cuanto más se debe hacer para lograr niveles mínimos de avance efectivo.

En lo que hace a la dimensión internacional de los DD.HH., un asunto crucial ha sido el reconocimiento de que se trata de derechos cuya protección y respeto no reconoce fronteras, por el hecho de tener aplicación universal. Por esta razón, no tiene sustento alguno, por ejemplo, la negativa de los parlamentarios comunistas a suscribir los proyectos de acuerdo orientados a exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela, arguyendo que ello sería inmiscuirse en asuntos internos de ese país. Los compromisos y tratados, que rigen incluso para Venezuela, determinan que no hay tal injerencia indebida cuando se trata de proteger la vigencia de derechos humanos fundamentales.

Igualmente inexplicable resultaría que se acepte la violación de los  derechos fundamentales a condenados por violaciones a los derechos humanos, lo que es una contradicción en sí misma, como lo han hecho saber en Chile altos representantes de la Iglesia Católica, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y un senador socialista, entre otros, quienes han advertido sobre tratos inhumanos a convictos, lo que  estaría llevando a confundir justicia con venganza y a negar la existencia de derechos inherentes a la condición humana. Casos como estos son los que se requiere abordar con seriedad, serenidad y rigor tanto jurídico como moral.

El respeto de los derechos humanos merece mejor trato, desde lo individual hasta lo colectivo, así como desde lo doméstico hacia lo internacional. Más razonable sería reflexionar y focalizarnos en garantizar los derechos fundamentales a los más vulnerables, que sumarnos a los discursos llamando a multiplicar sin límites los llamados “derechos sociales”. Un caso emblemático de esto es lo ocurrido con la iniciativa boliviana que, tras años de insistencia, logró que en 2012 la ONU declarase que el acceso al agua es un derecho humano. Todo muy positivo y nada más políticamente correcto, pero el mismo Gobierno boliviano (que años antes había estatizado el sistema de captación, tratamiento y distribución de agua potable en el país) ha manejado de manera tan desastrosa  la empresa de aguas, poniendo a su cabeza a militantes incompetentes, que el resultado actual es que la mitad de la población boliviana que antes tenía acceso al agua potable, ahora no lo tiene y está sometida a severos racionamientos. El drama que sufren hoy millones de bolivianos es la mejor demostración de que siempre será más fácil proclamar y prometer derechos, que hacerlos valer de manera efectiva.

 

Jorge Canelas, cientista político y Embajador (r)