El Estado puede proteger empleos, pero a costa de destruir trabajos en otro sector de la economía. Por eso, el proteccionismo estatal, bajo la excusa de proteger empleos, es un absurdo. Tan absurdo como prohibir los tractores y establecer un decreto que obligue arar la tierra con cucharas para que haya más gente trabajando.
Publicado el 20.02.2016
Comparte:

“Soy por naturaleza un destructor de monopolios”. Así se define Travis Kalanick, fundador de Uber, la empresa que ha revolucionado la manera en la que nos transportamos, dando la posibilidad a cualquier vehículo, como el tuyo o el mío, de transformarse literalmente en un taxi y  así crear nuevos puestos de trabajo.

Uber llegó a Chile hace más de un año ofreciendo un servicio seguro, eficiente, de buena relación precio-calidad y al alcance de todo aquel que tenga un celular, por lo que los usuarios han utilizado la aplicación. Sin embargo, los gremios de taxistas ya buscan métodos para impedir que entregue su servicio acusándola de “competencia desleal”. Por otro lado, el gobierno de Michelle Bachelet determinó la ilegalidad de Uber y multará con $400.000 a cualquier particular que sea sorprendido entregando el servicio. Lo paradójico es que nadie se queja de ésta forma de colusión entre el gremio de los taxistas y el Estado.

En Chile hay aproximadamente 30.000 taxistas en circulación que ven amenazada su fuente de trabajo y su negocio, esto es una realidad. Como su servicio está quedando obsoleto, los emprendedores (taxistas) recurren al único mecanismo que puede ejercer la violencia de manera legítima, el Estado.

Pero esta forma de proteccionismo ante innovaciones tecnológicas o nuevas formas de emprendimiento es de vieja data. Bien lo sabía Adam Smith que hace 240 años escribía lo siguiente: “los privilegios exclusivos de los gremios… y todas aquellas leyes que restrinjan la competencia en algunos sectores concretos… tiene el mismo efecto que el monopolio, aunque en un grado menor”.

¿Es razonable que el Estado impida el desarrollo de innovaciones productivas o el surgimiento de nuevos servicios para proteger los intereses de ciertos gremios? ¿Puede el Estado realmente proteger empleos? ¿Es legítimo que el Estado nos multe y trate de ilegal el servicio de Uber, al cual accedemos voluntariamente como consumidores?

Ya sabemos lo que sucede cuando los burócratas pretenden planificar el progreso. El Transantiago es un buen ejemplo, con un pésimo servicio puede darse el lujo de continuar funcionando gracias al subsidio que nosotros, los contribuyentes, le aportamos todos los años con cerca de US$700 millones. El Estado no debe ser quien planifique el progreso, debe ser quien genere las condiciones para lograr el progreso, protegiendo nuestra propiedad, vida y libertad. No impidiendo que otros creen y desarrollen nuevos servicios.

El Estado puede proteger empleos, pero a costa de destruir trabajos en otro sector de la economía. Por eso, el proteccionismo estatal, bajo la excusa de proteger empleos, es un absurdo. Tan absurdo como prohibir los tractores y establecer un decreto que obligue arar la tierra con cucharas para que haya más gente trabajando. Ya lo decía Bastiat: “si los consumidores están interesados en la admisión de la luz natural, los productores de velas lo están en su prohibición”.

En libre emprendimiento es donde existe la verdadera democracia, porque es donde nosotros, los consumidores, somos soberanos y escogemos entre competidores. Soberanía que permitió “funar” a los supermercados ante la acusación de colusión. El hecho de aceptar la “funa” de los supermercados, pero a la vez aceptar el proteccionismo estatal para los taxistas ante las decisiones del consumidor de elegir Uber, es una absurda contradicción.

Ojalá en Chile tengamos más emprendedores y políticos  “destructores de monopolios” como Travis Kalanick, que promuevan un sistema donde el emprendedor es responsable por sus acciones, asumiendo los costos de sus errores y decisiones, sin la protección del político y el burócrata. Los que, en nombre de la “protección del consumidor”, terminan impidiéndonos elegir.

 

Raffaello Criscuoli, Fundación para el Progreso.

 

 

FOTO: PABLO VERA/AGENCIAUNO