La oposición lucra y ha lucrado políticamente a manos llenas con la discusión sobre el lucro en educación. Por lo tanto, volver a revivir esa discusión es volver a explotar una veta que les dio prosperidad, y parece serles irrelevante si es real o no. El Ministerio de Educación no debe quedarse en silencio ni permitir que una falsedad le marque la agenda.
Publicado el 02.04.2018
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Inesperada o no, la resolución del Tribunal Constitucional de eliminar el artículo de la futura Ley de Educación Superior que prohibía a las universidades tener controladores con fines de lucro terminó tomándose la agenda del ramo, dando pleno espacio a la oposición para retomar protagonismo y lograr cierta coherencia en el discurso, no siempre apegándose a los hechos. Al respecto, es útil señalar algunas precisiones.

En primer lugar, es fundamental dejar en claro que la eliminación del artículo 63 no permite, en ningún caso, el lucro en la educación por parte de controladores o las mismas universidades, independiente de si persiguen esos fines o no. Esto, porque la misma ley en cuestión crea una superintendencia especialmente encargada de supervigilar que ni las universidades ni sus controladores retiren excedentes, y para hacer efectivo esto crea una figura penal que sanciona a quien lucre. Además, y lo que es más relevante, la ley diseña un entramado que regula con detalle, desconfianza y celo las operaciones entre las universidades y empresas relacionadas. De esa forma, se evita que mediante estas operaciones el controlador obtenga beneficios que puedan presumirse como lucro.

Estos dos elementos crean una cortina de hierro que hace imposible lucrar, aun cuando quien controle la universidad sea una persona jurídica con fines de lucro. Si uno estuvo atento a la tramitación de este proyecto, lo anterior es bastante obvio, ¿por qué varios parlamentarios lo omiten en la discusión pública?

En segundo lugar, no es efectivo que la prohibición del lucro sea el corazón del proyecto de ley. En una especie de amnesia colectiva, la oposición parece olvidar que su objetivo y obsesión fue la gratuidad universal, y todas las normas adicionales no eran más que una forma de viabilizar la promesa electoral. Este aspecto no fue tocado por el Tribunal Constitucional, a pesar de que muchos actores, tanto durante la tramitación como después de ella, hicieron ver otros problemas graves de constitucionalidad de la propia gratuidad. Se puede argumentar que la fijación de aranceles y vacantes vulnera la autonomía universitaria, y que el proyecto de ley no está debidamente financiado, pues es obvio que hoy no existen los recursos fiscales para sustentar una gratuidad universal que queda de todas formas amarrada por ley. En otras palabras, el cambio del artículo 63 no obsta el objetivo del gobierno anterior de asegurar la gratuidad, ¿por qué tanto escándalo, entonces?

Si ninguno de los objetivos de esta norma -prohibir el lucro y asegurar la gratuidad universal-  están bajo cuestionamiento, ¿por qué la oposición se ha movilizado de esta manera? Dos tesis y una síntesis son posibles. La primera apunta a la necesidad de la oposición de encontrar algo que criticar a un gobierno que parece no equivocarse. Si bien ni el oficialismo ni el gobierno tuvieron que ver con el fallo, gracias a la brutal simplificación del debate es fácil para la oposición apuntar con el dedo. La segunda tesis, psicológica si se quiere, es que la oposición derrotada necesita redirigir su frustración lo antes posible hacia el gobierno. Parece que no han reflexionado mucho todavía sobre por qué la ciudadanía no los eligió para liderar el Ejecutivo y esto les viene como anillo al dedo para sublimar su angustia. La síntesis de lo anterior es la siguiente: la oposición lucra y ha lucrado políticamente a manos llenas con la discusión sobre el lucro en educación. Por lo tanto, volver a revivir esa discusión es volver a explotar una veta que les dio prosperidad, y parece serles irrelevante si es real o no.

El Ministerio de Educación no debe quedarse en silencio ni permitir que una falsedad le marque la agenda. Sus prioridades -la calidad, la deserción, el énfasis en la sala de clases, la educación parvularia y técnica-  son por lejos más relevantes para el país que la discusión sobre el lucro, que además está acabada. Estos son, además, sus compromisos con la ciudadanía. Con más fuerza que hasta ahora, las nuevas autoridades deben promover activamente sus prioridades, pues el vacío que deja un ministerio en silencio es tierra fértil para más episodios como éste.

 

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO