Cuando se enfrentan amenazas externas del tipo que Chile enfrenta en la actualidad, con un escenario vecinal y regional de pronóstico inestable y una situación mundial crecientemente compleja, la política exterior no puede considerarse un asunto privativo de una cúpula, que se maneja entre cuatro paredes y evitando el saludable ejercicio de la consulta y el debate con diversos actores relevantes.
Publicado el 01.01.2016
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La llegada de un nuevo año suele venir acompañada de sentimientos de renovación, cambio y progreso. En suma, una mejorada disposición para enmendar rumbos, corregir errores y superar metas. La misma reflexión vale para lo que Chile busca en su relación con el resto del mundo, es decir, en la ejecución de su Política Exterior.  Sería del todo conveniente, para dejar atrás este “annus horribilis” 2015, que la lista de intenciones que haga el gobierno para el nuevo año incluya cambios de rumbo en política exterior.

Durante el 2015 se produjo un cambio en la forma en la que la ciudadanía evalúa la conducción de las relaciones internacionales. Por primera vez desde que se hacen mediciones de este tipo (principios de los ’90), el ministro de Relaciones Exteriores deja de ser el mejor evaluado del gabinete ministerial. La Política Exterior ha pasado a ser observada y evaluada con atención por la opinión pública, lo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

Coincidentemente, en el 2015 vimos una profusión de críticas fundadas,  provenientes de personalidades informadas y especialistas en la materia, a la Política Exterior de la Nueva Mayoría, dejando atrás el mito que se había formado en torno a una especie de consenso forzado que solíamos denominar “Política Exterior de Estado”, especialmente válida cuando se trataba de materias vecinales. El mito de la “Política de Estado” feneció cuando se acumularon los desaciertos en materias vecinales, imposibilitando que se avalara transversalmente un conjunto de materias que requieren aún de explicaciones racionales o, en su caso, cambios de rumbo, para concitar el apoyo unitario de todos los sectores relevantes.

Una de las características de las expresiones de la opinión pública respecto de la política exterior, es que hoy en día se exige una mayor capacidad para explicar al ciudadano común el porqué de asuntos claves o básicos en la defensa de los intereses nacionales, algo que resulta lógico y propio de la aplicación del sentido común, pero que no se ha tomado en serio y hace falta poner en ejecución a la mayor brevedad. No hay manera de que la opinión pública acepte, por ejemplo, que los vecinos anuncien sus derechos sobre territorio chileno y luego ejecuten actos políticos y administrativos para consolidarlo, sin que se vea una reacción contundente o por lo menos de claro rechazo por parte de nuestras autoridades. La demora en abordar con decisión ese tipo de situaciones, o dejarlas para una resolución posterior, con el peligro de que los vecinos consoliden posiciones sobre esos territorios, equivale a jugar con fuego.

Tampoco hay espacio para actos de prestidigitación, como es ocultar del conocimiento público documentos claves en la defensa de los intereses permanentes del Estado frente a planteamientos de los vecinos contra la soberanía nacional. A modo de ejemplo, no tiene explicación racional alguna el hecho de impedir que se conozca la Nota del 27 de febrero de 2009, cuyo texto contiene la respuesta de Chile a las disposiciones constitucionales de Bolivia que afectan la soberanía territorial chilena.

Otra área que no puede dejar de ser objeto de cambio es la acción internacional en defensa de los derechos humanos. La historia reciente de Chile y la prioridad que tiene el tema no se condice con la actitud complaciente del gobierno con las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en Venezuela (asunto que ha retomado actualidad en los últimos días). La política hacia Venezuela ha merecido críticas de parte de todos los ex Presidentes de la Republica, así como por los parlamentarios de la Nueva Mayoría. El silencio cómplice, disfrazado de “no injerencia en asuntos internos”, con el cual este gobierno ha respondido a los actos abusivos del chavismo, no se condice con la esencia del respeto a los derechos humanos y a la lucha que por su defensa han dado todos los partidos que conforman la Nueva Mayoría, y van en el sentido contrario de lo que se pide como estándar mínimo a todo gobierno que se precie de democrático en el Siglo XXI.

Al respecto, con todas las dudas que puedan levantarse y todas las objeciones que se puedan formular a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en orden a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la constatación de la situación de salud y los derechos básicos de los presos políticos en Venezuela, no se puede dejar de constatar un asunto clave: en los considerandos de dicho fallo se menciona, entre otros asuntos, la falta de respuesta por parte de la Cancillería a consultas formuladas por el alto tribunal sobre la situación de los presos políticos en Venezuela; en otras palabras, La Corte Suprema decidió tomar el toro por las astas una vez que constató que el Ministerio de Relaciones Exteriores, sea por desidia o simple negligencia, no respondiera a las consultas formuladas. Es más, una vez que se comunicó la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores no adoptó las medidas pertinentes, lo que llevó a la Corte Suprema a dirigir directamente a la Corte Interamericana la comunicación correspondiente.

La lista podría continuar, pero los ejemplos detallados dan cuenta de la necesidad de comenzar este “segundo tiempo” de nuestra política exterior con una voluntad renovadora, abriendo los espacios para que se refresque y purifique ese ambiente enrarecido que parece haber comenzado a echar raíces en la Cancillería, con los riesgos consiguientes. Cuando se enfrentan  amenazas externas del tipo que Chile enfrenta en la actualidad, con un escenario vecinal y regional de pronóstico inestable y una situación mundial crecientemente compleja, la política exterior no puede considerarse un asunto privativo de una cúpula, que se maneja entre cuatro paredes y evitando el saludable ejercicio de la  consulta y el debate con diversos actores relevantes. El llamado es a convocar a un debate sereno y profundo que nos lleve a reformular una política exterior que no solo sea representativa de los anhelos mayoritarios, sino que asegure el logro de objetivos estratégicos para nuestros intereses en lo político, así como en lo económico y comercial.

 

Jorge Canelas, Cientista Político, Embajador (r).

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO