Resulta pintoresca, por ejemplo, la asignación de un millón de pesos para el Aporte Fiscal Indirecto, en circunstancias que en 2014 lo que se repartía entre las instituciones de que captaban a los mejores puntajes PSU eran 24 mil millones de pesos. Esto significa que de acuerdo a este presupuesto, la universidad que más recibiría sería la de Chile, con $198.000, mientras otras instituciones no recibirán ni siquiera 10 pesos. El costo administrativo de asignar los recursos es probablemente más elevado que la asignación propiamente tal.
Publicado el 30.10.2017
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La forma en que el gobierno planteó el presupuesto de la nación en materia educacional para el próximo año es un buen reflejo de lo atormentado que ha sido el debate en esta materia en los últimos cuatro años y, asimismo, ofrece una especie de síntesis de la desprolijidad con que se han abordado asuntos de la máxima trascendencia para el país. Mientras el sistema educacional requiere certezas y recuperar confianzas, la discusión presupuestaria sólo incrementa las dudas.

Partamos por el mundo escolar. La llamada ley de inclusión tiene en máxima tensión a un alto número de sostenedores de establecimientos educacionales que aún no están en condiciones de cumplir con las nuevas exigencias que dicha ley impone; el gobierno, consciente de esa situación, envió por segunda vez en un año un proyecto de ley que busca corregir algunos de los errores de la ley. En ese contexto de incertidumbre normativa, se optó por congelar a través del presupuesto el incremento del aporte por gratuidad que estaba comprometido en la ley permanente, privando así a los establecimientos educacionales gratuitos de una suma de dinero que legítimamente tenían contemplada para el próximo año. Se trata de aproximadamente 65 mil millones de pesos que el sistema escolar —y específicamente los niños de menores recursos— dejaría de recibir en un año; asimismo, en el caso de los colegios que recibían aportes de las familias y que dejaron de hacerlo, el aporte por gratuidad vendría a compensar esta diferencia.

Lo primero que hizo el gobierno cuando este congelamiento se hizo público fue desconocer sus efectos para luego minimizar su impacto. A los pocos días, y ante el transversal rechazo, las autoridades se vieron en la obligación de anunciar que el aporte comprometido se repondría, pero que para ello habría que buscar de donde obtener los recursos. Esto ya es curioso, considerando que el principal deber del Ministerio de Hacienda es asegurar el financiamiento de los programas permanentes, para luego ver si existen holguras que permitan financiar otras iniciativas y no al revés, como se pretendió hacer.

La guinda de la torta vino cuando se dio a conocer que los recursos para cumplir con el incremento comprometido en la ley se sacarán de la Subvención Escolar Preferencial, esto es de aquella que se destina a los alumnos más vulnerables del sistema escolar.

Es difícil comprender qué es lo que pretendía el gobierno con esta medida de congelar los recursos. Puede ser que consideren que el sistema escolar no los necesita, lo que envuelve un desconocimiento profundo de las necesidades de los establecimientos educacionales; otra opción es que pensaran que nadie se daría cuenta, lo que implicaría un lamentable desprecio por la labor parlamentaria en la discusión del presupuesto. Lo que es evidente es que no fue un descuido, sino que se tomó la decisión de no cumplir un compromiso establecido en la ley y que el hecho que se repongan los recursos ante la presión política no permitirá recomponer las confianzas con la misma facilidad.

En materia de educación superior también hay cuestiones que llaman la atención. La más pintoresca es la asignación de un millón de pesos para el Aporte Fiscal Indirecto, en circunstancias que el 2014 lo que se repartía entre las instituciones de que captaban a los mejores puntajes PSU eran 24 mil millones de pesos. Esto significa que de acuerdo a este presupuesto, la universidad que más recibiría sería la de Chile, con $198.000, mientras otras instituciones no recibirán ni siquiera 10 pesos. El costo administrativo de asignar los recursos es probablemente más elevado que la asignación propiamente tal.

Pero más grave aún es el incremento de la política de gratuidad sin corregir los graves problemas de diseño que dicha política tiene. Como consecuencia de la fijación de precios, el déficit acumulado para las instituciones que han adherido a la gratuidad es de 37 mil millones de pesos en dos años, el que sólo sube. Esta situación se hace más compleja con la incorporación de más estudiantes, lo que puede llevar a un desfinanciamiento crónico del sistema de educación superior con negativos impactos en la calidad de las instituciones. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, la ley de presupuestos no es el instrumento idóneo para discutir una política cuya complejidad ha quedado en evidencia con las dificultades que ha tenido el gobierno para avanzar en el proyecto de ley general sobre la materia, que ha sido transversalmente criticado.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO