Este debería ser el debate. ¿Queremos un país con acceso al financiamiento internacional, a costos razonables, para una gran cantidad de bienes públicos que mejoran el bienestar de los ciudadanos más pobres? ¿O continuamos pensando que el desorden fiscal es inocuo para el destino del país?
Publicado el 18.05.2018
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A propósito del debate que se produjo días atrás entre el actual ministro de Hacienda y quienes lo precedieron en el cargo durante la administración Bachelet (al menos los dos últimos, porque hubo tres), un periódico importante de la plaza tituló: “¿Quién ganó el round fiscal?”

Esto, a propósito de que el ministro apuntó que existían gastos comprometidos que no contaban con financiamiento, versus la postura del lado bacheletista, que indicó que sólo se trataba de presiones de gasto.

Creo que el debate se enfocó mal desde el punto de vista del manejo del déficit anual y estructural del erario fiscal. Claramente, el país tiene un problema en ambas dimensiones (anual y estructural), y ese debate no ayudó a clarificar lo más importante: las consecuencias del mantenimiento de esa diferencia fiscal.

Cualquier unidad económica, sea una persona, una familia, el Fisco, incluso un país, cuando gasta más de lo que produce requiere el concurso de acreedores que aporten financiamiento para cerrar esa brecha. Esto implica inmediatamente dos situaciones: que esa deuda tiene características intemporales (es decir, se pagará con impuestos futuros más allá del período presente); y que la dinámica de la deuda pública es extremadamente relevante para completar el ciclo de financiamiento.

Los acreedores, típicamente inversionistas internacionales, dejan de comprar la deuda de los países que estiman tienen o tendrán problemas para pagar tanto los intereses como el capital. Además, las compañías de clasificación del riesgo de la deuda emiten informes que implican menor acceso a esos inversionistas y costos de financiamiento mucho más altos, con lo que una parte importante de la inversión del país queda sin financiamiento y, por tanto, se compromete su crecimiento.

Los acreedores, típicamente inversionistas internacionales, dejan de comprar la deuda de los países que estiman tienen o tendrán problemas para pagar tanto los intereses como el capital”.

En esa situación, quienes administran el gobierno deben acudir a los organismos multilaterales de crédito, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes proporcionarán los recursos, asumiendo que ese país les presentará un superávit fiscal primario o, al menos, un balance. Esto es, que los ingresos fiscales serán mayores o por lo menos iguales a los gastos fiscales en cada período. Todo ello significa que los que no cumplan esa regla no podrán acceder a los préstamos del organismo. Por otro lado, si acceden, tendrán que subir los impuestos, con el impacto que ello significa sobre el crecimiento y la inversión; o reducir el gasto público, afectando los programas que ayudan a los más pobres. Esto es exactamente lo que le está ocurriendo a Argentina en este momento.

Por lo tanto, la falta de disciplina fiscal acarrea finalmente no sólo escasez de recursos para financiar el crecimiento de la economía, sino que también priva de recursos para apoyar a los sectores de menores ingresos de la población.

Este debería ser el debate. ¿Queremos un país con acceso al financiamiento internacional, a costos razonables, para una gran cantidad de bienes públicos que mejoran el bienestar de los ciudadanos más pobres? ¿O continuamos pensando que el desorden fiscal es inocuo para el destino del país?

 

Alejandro Alarcón, economista

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO