El centralismo ha sido una constante progresiva en nuestra historia republicana. El gobierno central -indiferente el sesgo ideológico de quienes gobiernan- ha desalentado toda iniciativa seria que implique delegar parte de sus facultades políticas, administrativas y fiscales en las regiones; y los parlamentarios, salvo en sus disquisiciones retóricas, han sido renuentes en otorgar mayor autonomía a las regiones.
Publicado el 11.11.2014
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Entendemos por descentralización el traspaso de competencias y servicios de la administración central a corporaciones locales o regionales. Considera tres dimensiones fundamentales: política, administrativa y económica.

La descentralización política se refiere a la capacidad real que tienen los ciudadanos de una región para evaluar la gestión de las autoridades locales. Nuestra legislación establece la elección directa de alcaldes, concejales y consejeros regionales (Core). Hay opiniones divididas en cuanto a la conveniencia de elegir por voto popular al Intendente Regional. Entre los argumentos que animan la controversia, destaca la disposición del artículo 3° de nuestra Carta Fundamental que otorga el carácter de “unitario” al Estado de Chile. Esto, a juicio de quienes se oponen a la elección directa de los intendentes, implica reconocer que el Estado de Chile tiene un solo centro de impulsión gubernamental y legislativa que está dado por los órganos del Gobierno Central y el Parlamento. Quienes apoyan esta iniciativa sostienen que el inciso segundo del mismo artículo estimula la reforma al disponer que “la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”.

La descentralización administrativa (o funcional) se refiere a los niveles de desconcentración, delegación y devolución de funciones desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Hubo algunas iniciativas del Ejecutivo encaminadas a transferir competencias desde el gobierno central a las regiones que no han prosperado. Sin embargo, hoy podrían realizarse traspasos de funciones y atribuciones a través de decretos leyes o leyes especiales. Una de las modificaciones a la Ley19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece un mecanismo que permite a los ministerios y servicios públicos transferir diversas funciones y atribuciones a los gobiernos regionales. Estimo, pues, que la descentralización administrativa requiere más voluntad política que ley.

La descentralización económica (o fiscal) se refiere a la distribución relativa de los ingresos y gastos públicos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. En cuanto a los ingresos, interesa considerar todos los recursos que llegan a la región o que se generan en ella: impuestos, derechos, ventas y rentas varias, transferencias, subvenciones, etc. Los ingresos que provienen de fuentes propias de la región deben tener mayor libertad de gasto, procurando una mejor eficiencia distributiva, certeza presupuestaria y estricta fiscalización.

El Informe OECD de 2009, señala que Chile tiene un 12.8% de su gasto descentralizado, guarismo que alcanza un 18% al considerar los gastos asociados a las corporaciones municipales de salud, educación y cultura. En cuanto a los ingresos, dicho informe revela que nuestros gobiernos regionales administran sólo un 8.4% de los ingresos públicos totales. Estas cifras confirman el bajísimo nivel de descentralización fiscal de Chile al compararnos con el promedio de los países miembros de la OECD, cuyas regiones administran el 30.5% del gasto público y el 16.6% de los ingresos públicos.

Lo anterior demuestra que el centralismo ha sido una constante progresiva en nuestra historia republicana. El gobierno central -indiferente el sesgo ideológico de quienes gobiernan- ha desalentado toda iniciativa seria que implique delegar parte de sus facultades políticas, administrativas y fiscales en las regiones; y los parlamentarios, salvo en sus disquisiciones retóricas, han sido renuentes en otorgar mayor autonomía a las regiones, temiendo que ella limite su poder negociador entre el gobierno central y las demandas distritales, y debilite su influencia en los electores.

La descentralización es un desafío que Chile debe asumir con urgencia y sensatez. Avanzar en ella no es un “capricho regionalista”: es un imperativo ineludible donde está en juego la modernización del Estado, el perfeccionamiento de nuestra democracia, credibilidad de la clase política y el desarrollo sustentable de las regiones y su competitividad. Es, en definitiva, una tarea pendiente para alcanzar los niveles de gobernabilidad, eficiencia administrativa, crecimiento económico y calidad de vida de país desarrollado.

 

Alfonso Ríos Larraín.

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO