Chile posee un potencial hidroeléctrico importante que se estima en 20.000 MW, de los cuales sólo hemos utilizado alrededor de 6.000. Las ventajas de la hidroelectricidad son variadas y muchas, a saber: utiliza un recurso primario que no es dependiente de situaciones de otros países, las centrales tienen rápida respuesta ante variaciones en la demanda, los embalses tienen usos turísticos que favorecen a un espectro más amplio de usuarios que el turismo aventura de los ríos naturales, entre muchas otras. Sin embargo, también presenta debilidades importantes, como la variabilidad hidrológica, por lo que no es aconsejable depender en forma significativa de su utilización, como de ningún otro recurso. Basta recordar lo ocurrido en los años 1998 y 1999, cuando nos afectó una sequía muy severa que hizo descender la generación hidroeléctrica a menos de un 40% de lo normal. Esto derivó en una grave crisis de abastecimiento que conllevó racionamiento, incluyendo cortes de energía por algunas horas al día.
En los últimos años ha habido gran oposición a los grandes proyectos hidroeléctricos, siendo un caso emblemático el rechazo al proyecto HidroAysén, sellándose su suerte con la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad hace algunos meses.
Lo anterior parece contradictorio con el objetivo de las autoridades del sector energía de detener el progresivo aumento de los precios de la electricidad. Sin embargo, si se analiza en profundidad, se puede llegar a la conclusión de que no lo es.
Analicemos el impacto de un gran proyecto hidroeléctrico en los precios regulados, esto es aquellos que pagan los clientes residenciales, las municipalidades, el comercio y la pequeña industria. Los precios de la componente generación corresponden a los precios ofertados por las empresas generadoras que se adjudican las licitaciones que llevan a cabo periódicamente las empresas distribuidoras como Chilectra, CGE, SAESA, entre otras. El precio de la oferta que se adjudique resultará de aquella tecnología más económica para producir electricidad con que más de un interesado pueda ofertar y competir en las licitaciones. Por ejemplo, si es posible que la competencia entre varios oferentes sea con centrales a carbón, ese precio será cercano a 100 dólares por megawatt-hora; si sólo se pueden construir centrales a gas y no a carbón, el precio resultante estará en torno a los 110 dólares por megawatt-hora. En definitiva, el precio de la electricidad corresponderá al costo medio de la forma más económica de producirla, siempre y cuando esa tecnología esté disponible para más de un competidor del mercado de generación. Cabe destacar que esto no ocurre con los mejores proyectos hidroeléctricos, dada la acumulación de derechos de agua en las empresas eléctricas existentes.
Por lo tanto, no tiene relevancia para los precios futuros un proyecto hidroeléctrico de gran tamaño como HidroAysén, ya que a pesar de que su costo medio es significativamente inferior al de generar con carbón, sus ofertas las haría sin que nadie pueda competir con la misma tecnología y por lo tanto sólo serán ligeramente inferiores a la alternativa termoeléctrica. Por lo tanto, la diferencia entre el precio de generación que resulte de la licitación (sea 100 o 110 dólares por megawatt-hora) y su costo medio, quedará en beneficio de sus propietarios. Así, los proyectos de bajo costo medio, pero que no compiten con un proyecto de costo similar resultan irrelevantes en los precios que tendrán que pagar los clientes finales. Por lo tanto, los proyectos hidroeléctricos como HidroAysén son sólo “tomadores” de los precios que fijan las alternativas de mayor costo.
En este contexto, si bien es deseable el uso de nuestros recursos hidroeléctricos, lo realmente indispensable para lograr precios de la electricidad razonables a futuro es que varios nuevos inversionistas puedan instalar centrales termoeléctricas a carbón y/o gas natural de bajo costo.
María Isabel González, ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
VÍCTOR SALAZAR M./ AGENCIAUNO.