En Chile debiéramos aceptar que el comportamiento por el que Orpis ha sido desaforado -y por el que otros han sido imputados y serán formalizados- es mucho más la norma que una excepción en la forma como se financian las campañas electorales.
Publicado el 15.01.2016
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El desafuero del senador Jaime Orpis por acusaciones de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco; lamentablemente sólo será un evento de menor relevancia pública en un país donde los escándalos sobre el financiamiento irregular de la política y de las campañas están a la orden del día. Pese a que muchos líderes han rotos vestiduras, el sistema de financiamiento vigente para las municipales de 2016 es el mismo que permitió las irregularidades que se destaparon en los escándalos Penta, Corpesca y SQM.

Aunque el caso Corpesca es menos conocido que los de Penta y SQM, la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar al senador, que hace unos días renunció a su militancia en la UDI, ha sido, hasta ahora, la decisión judicial más severa contra alguno de los varios políticos que se han visto involucrados en estas artimañas de financiamiento irregular de campañas y de actividades políticas en períodos en que no había campañas.

Pero además de las severas condenas públicas contra Orpis y de los llamados a tomar las medidas para que este tipo de irregularidades nunca se vuelvan a repetir, hay poco aprendizaje de la clase política sobre lo dañino que resulta no tener una legislación adecuada que regule el financiamiento de las campañas y de la actividad política en períodos de precampaña y después de las campañas. Ahora mismo, a sólo nueve meses de que se celebren las próximas elecciones municipales -y a menos de cinco meses de que se realicen las primarias para alcaldes, el 5 de junio- la legislación vigente induce a todos los aspirantes a candidatos a alcaldes a usar los mismos mecanismos que se usaron en Penta, SQM y Corpesca para poder financiar sus actividades de precampaña.

Cualquier ciudadano que esté considerando desafiar a un alcalde en ejercicio como candidato de un partido o como independiente debiera ya estar realizando algunas actividades para darse a conocer en la comuna o para que la opinión pública sepa de sus intenciones de ser candidato. Pero como la ley sólo permite que se realicen campañas en los 90 días anteriores a una elección, los aspirantes que quieren hacerse conocidos deben incurrir en gastos utilizando artimañas, con boletas y facturas ideológicamente falsas y con triangulación de recursos que, a menudo, implican algún tipo de contabilidad creativa que potencialmente pudiera constituir delito tributario.

Salvo aquellos candidatos que tienen solvencia económica suficiente para financiar sus propios gastos -o aquellos que tienen acceso a personas o empresas que pueden donar dinero por debajo de la mesa sin pedir boletas o facturas a cambio- la mayoría de los candidatos que hoy desarrollan actividades de campaña e incurren en gasto para posicionar sus nombres, movilizando votantes y organizando actos y eventos (ya hay carteles en muchas comunas del país, que alguien tiene que haber pagado). Muchos de esos candidatos logran que una empresa amiga se ponga con los recursos y pague la factura de los servicios prestados por las empresas de transporte, publicidad o productoras de eventos. Si la empresa que paga la factura ha estado atenta a las noticias recientes, probablemente lo pensará más antes de usar esa factura para descontarla de sus gastos operacionales y así rebajar su base impositiva. Pero aún si no hay delito tributario involucrado, el solo hecho que los candidatos estén gastando recursos en sus campañas y que esas actividades constituyen violaciones flagrantes de la ley de gasto electoral vigente (en tanto se realizan fuera de plazo) constituye una demostración de que el marco legal vigente no da el ancho.

Por cierto, sólo aquellos candidatos que logran posicionarse tempranamente y se hacen conocidos tienen chance de desbancar a alcaldes en ejercicio. Por eso, limitar los períodos de campaña a sólo 90 días es la mejor forma de mejorar las ya altas tasas de re-elección de los alcaldes en ejercicio. Como todos aquellos que ostentan el control del mercado sienten la tentación de tomar medidas para reducir la competencia, los alcaldes en ejercicio son los más interesados en que se retrase el inicio de las campañas.

Ninguna democracia es perfecta. Todas enfrentan ocasionalmente escándalos de corrupción e irregularidades en el financiamiento de la política y de las campañas. Pero las democracias más sólidas y las que mejor funcionan son aquellas que han demostrado ser capaces de aprender de sus tropiezos y mejorar su institucionalidad después de las crisis. En Chile, lamentablemente, ahora que los muros de las ciudades se empiezan a llenar de rallados de campaña y se multiplican las actividades de campaña de candidatos a alcalde, por más que nos agraviados que nos sintamos por la indebida influencia del dinero en la política, debiéramos aceptar que el comportamiento por el que Orpis ha sido desaforado -y por el que otros han sido imputados y serán formalizados- es mucho más la norma que una excepción en la forma como se financian las campañas electorales.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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