El gobierno que se inicia el 11 de marzo tendrá como una de sus tareas fundamentales la toma de definiciones relevantes en materia legislativa, que permitan, por una parte, implementar su programa de gobierno, que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía en las pasadas elecciones y, por otra, contar con los votos suficientes en el Congreso para la aprobación de estas iniciativas.
Publicado el 28.02.2018
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Luego de 38 días en los cuales se aprovechó de adecuar las instalaciones para recibir a 35 diputados y cinco senadores más que hasta ahora, el próximo 5 de marzo el Congreso Nacional retoma sus funciones. Restando sólo una semana legislativa previo a que se efectúe el cambio de mando presidencial y la asunción de los parlamentarios electos para el período 2018-2022, existe claridad de que serán varios los proyectos de ley de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet que no podrán ser despachados, en los cuales el nuevo gobierno, liderado por Sebastián Piñera, deberá tomar posición apenas asumido, ya sea por lo avanzado de su estado de tramitación, o porque las iniciativas representan aspectos políticamente sensibles desde el punto de vista ideológico.

Entre los proyectos más relevantes se encuentran los relacionados a la Reforma Constitucional, en específico el que modifica el Capítulo XV de la Constitución para crear una Convención Constituyente, el cual no debiera ser considerado por el próximo gobierno, pues propone un mecanismo inadecuado para modificar la Carta Fundamental. Otra iniciativa en trámite es la que modifica los Capítulos I a VIII, moción parlamentaria surgida a partir de la falta de liderazgo del gobierno actual en el Proceso Constituyente. El proyecto plantea modificaciones razonables dentro de la arquitectura institucional contenida en la Constitución, y cuenta con apoyos transversales, por lo que continuar su tramitación es una alternativa viable.

En materia previsional, se espera que el próximo gobierno presente una indicación sustitutiva a los tres proyectos presentados por la actual administración, más considerando que la esencia de la Reforma Previsional fue rechazada por la Cámara de Diputados. La definición más importante será respecto al porcentaje de aumento de la tasa de cotización, el destino de ella y su administración, ya que el programa del gobierno entrante no considera un administrador estatal ni la destinación de un porcentaje de la cotización a un fondo solidario.

Por su parte, en materia de infancia, los proyectos más importantes son aquellos que dividen al Sename en el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y en el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Estas iniciativas debieran continuar su tramitación, no sin antes ser objeto de modificaciones, en las cuales se incorpore el sello del nuevo gobierno.

Además, existen otras materias relevantes ideológicamente en las cuales se requerirá de prontas definiciones por parte del Ejecutivo, tales como: migraciones; medicamentos bioequivalentes (“Fármacos II”); tabaco; marihuana; identidad de género; violencia contra la mujer; adopción; entre otros.

Sumado a lo anterior, la nueva administración ya se ha planteado otros desafíos legislativos, tales como simplificar la Reforma Tributaria y adecuar la Reforma Laboral, cuyos efectos han sido nocivos para el crecimiento y la inversión en el país.

Así, el gobierno entrante deberá tomar decisiones políticas y jurídicas concretas respecto a estos proyectos, ya sea para retirarlos de tramitación, proceder a formular indicaciones o, derechamente, para reformularlos mediante indicaciones sustitutivas, siempre considerando que Chile Vamos no cuenta con mayoría ni en la Cámara de Diputados ni el Senado, por lo que toda modificación debe tomar en cuenta la necesidad de contar con los apoyos necesarios para su aprobación.

En definitiva, el gobierno que se inicia el 11 de marzo tendrá como una de sus tareas fundamentales la toma de definiciones relevantes en materia legislativa, que permitan, por una parte, implementar su programa de gobierno, que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía en las pasadas elecciones y, por otra, contar con los votos suficientes en el Congreso para la aprobación de estas iniciativas.

 

Diego Vicuña, asesor Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán

 

 

FOTO: RAUL ZAMORA/AGENCIAUNO