No hay razón para pensar que los proyectos que vienen se tramitarán de mejor manera que el que puso fin al lucro, al copago y a la selección en el sistema escolar subvencionado cuya experiencia no fue positiva y que quedará marcado por el amplio nivel de rechazo ciudadano que tuvo durante su tramitación y hasta el momento de su votación definitiva en el Congreso.
Publicado el 12.02.2015
Comparte:

Al igual que el año que recién terminó, el 2015 estará marcado por el debate público sobre educación y las reformas estructurales que el programa de gobierno impulsa en esa materia. Lamentablemente, no hay razón para pensar que los proyectos que vienen se tramitarán de mejor manera que el que puso fin al lucro, al copago y a la selección en el sistema escolar subvencionado cuya experiencia no fue positiva y que quedará marcado por el amplio nivel de rechazo ciudadano que tuvo durante su tramitación y hasta el momento de su votación definitiva en el Congreso. En efecto, en torno a este proyecto primaron los intereses políticos de un sector por sobre la conveniencia de aprobar una iniciativa que contara con amplio respaldo ciudadano, que recogiera las críticas y sugerencias de expertos de un vasto espectro político y que identificara adecuadamente las necesidades de nuestro sistema educacional para avanzar en calidad, reconociendo las características esenciales que han hecho de Chile uno de los países que ha mejorado de manera más acelerada sus resultados, en un marco de libertad, diversidad y autonomía coherente con la cultura nacional.

Un botón de muestra del equivocado foco que tuvo esta reforma fue la determinación del ejecutivo de aprobar el proyecto el 31 de enero, pasando a ser más importante ese objetivo que el contar con una ley bien hecha, al punto que en plena tramitación y desde el propio gobierno se anunciaba que ciertos aspectos deberían corregirse en futuras iniciativas legales. Todo un ejemplo de cómo no debe llevarse adelante un proceso legislativo serio.

Más grave que la desprolijidad legislativa fue la confusión que se hizo entre los objetivos de la reforma educacional y los medios necesarios para alcanzarlos y la pretensión que las familias no serían capaces de hacer la diferencia. El consenso en contar con un sistema educacional de mayor calidad y más equitativo se vio reflejado en los sondeos que daban un amplio apoyo a las reformas que proponían abordar esos objetivos; pero todo cambia cuando se conoce el detalle de las iniciativas y queda en evidencia que los instrumentos escogidos no son los idóneos para alcanzar dichos fines y por el contrario ponen restricciones que pueden afectar la calidad de los proyectos educativos, restringir las oportunidades de las familias y desconocer el esfuerzo y el mérito como un elemento de desarrollo.

Igual confusión puede darse con las iniciativas que se han anunciado para este año y que dicen relación con la educación municipal, el desarrollo profesional docente y la gratuidad en educación superior. Nadie niega que se requieren medidas profundas para hacer de la educación municipal una verdadera opción para las familias, o que los profesores son fundamentales para mejorar la calidad de la educación escolar, ni que se deben tomar medidas para asegurar el acceso de los jóvenes talentosos a la educación superior, evitando que la falta de recursos sea una barrera infranqueable, pero cuestión distinta es tener claridad de cuáles son los medios para alcanzar esos propósitos.

Así, cualquier reforma que se haga a la educación municipal debe levantarse sobre la base de respetar la descentralización y la autonomía en la gestión que han caracterizado ese sector, evitando todo afán centralizador y controlador que implicaría un fuerte retroceso. En lo que se refiere al desarrollo profesional docente, la esencia es atraer y retener a los mejores en la sala de clase, desarrollando incentivos adecuados que hagan de esa profesión una más desafiante y atractiva, entregando a cada establecimiento la posibilidad de evaluar el desempeño de sus docentes y evitando extender al sector particular subvencionado las restricciones que hoy sufre el sector municipal, sin dar espacio a presiones gremiales que nada tienen que ver con la mejora de la calidad de la educación.

En lo que a educación superior se refiere, se debe resguardar la autonomía de las instituciones, la diversidad de proyectos y la posibilidad de escoger de los jóvenes, facilitando el acceso de quienes menos recursos tienen. Un sistema adecuado de becas y créditos cumple con todos esos propósitos y debe potenciarse, a diferencia de la gratuidad universal que, además de destinar recursos fiscales a las familias más ricas y que menos necesitan, afecta gravemente la diversidad de proyectos, la autonomía de las instituciones y las posibilidades de elegir de los más vulnerables.

 

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO