En una sociedad libre corresponde a los padres el cuidado, educación y crianza de los hijos. La acción del Estado en esta materia debe ser absolutamente limitada.
Publicado el 04.02.2016
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Con el pretexto de adecuar nuestra legislación a la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Chile, el gobierno de Michelle Bachelet ha presentado un proyecto de ley que establece un Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño. La iniciativa contiene las directrices y lineamientos en materia de protección, garantía y promoción integral de sus derechos, que queda supeditada a la coordinación de un Comité Interministerial.

Se señala que dicha política tendrá un carácter comprensivo de la población infantil, incluso de aquellos que no tengan problemas de desarrollo dentro de su respectiva familia, por lo que podría afirmarse que el proyecto no aplica el principio de subsidiariedad del Estado en esta materia: todo niño quedará sujeto a estas directrices. En nuestra opinión, en una sociedad libre corresponde a los padres el cuidado, educación y crianza de los hijos. La acción del Estado en esta materia debe ser absolutamente limitada: solo debiera intervenir en caso de que ni los padres, ni la familia en sentido amplio y ni la comunidad en general puedan solucionar el problema de la crianza de los menores y siempre velando por el “interés superior del hijo”.

Una cuestión preocupante del proyecto es que los tribunales de familia pierden gran parte de su competencia en materia de menores, por cuanto sus atribuciones pasarían a ser traspasadas de sede judicial a sede administrativa, siendo el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una nueva Subsecretaría de la Niñez, quien recogería buena parte de las facultades sobre la materia. Esta materia, además de ser de rango orgánico constitucional, debería revisarse en relación a las atribuciones constitucionales de los tribunales de justicia.

La única atribución que quedaría en manos de los tribunales sería la separación definitiva del hijo respecto de sus padres; una separación provisional o temporal quedaría en manos del órgano administrativo.

Sí, esta leyendo bien: la Subsecretaría de la Niñez podría decidir una “separación temporal” de su hijo de la familia.

Uno de los peligros de una institucionalidad que hace participar a la rama ejecutiva del gobierno en una serie de decisiones en relación a los niños que antes eran exclusivas de la familia o los tribunales, es la tentación de usar políticamente esa participación para intentar influenciar a los niños con una determinada visión de la sociedad. Pero además, resulta inadecuado que el gobierno intervenga en una serie de decisiones respecto al niño que, en general, puede tomar mejor su familia. Las excepciones a esta regla general, que debieran ser escasísimas, debieran dictarla los tribunales de justicia cuando haya méritos para ello, siempre pensando en el mejor desarrollo de los niños.

Si bien el proyecto reconoce retóricamente el derecho preferente de los padres para el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación de los hijos; entrega a los órganos de la Administración del Estado, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, una gran cantidad de atribuciones para, según se señala, promover los derechos de los niños, y realizar programas de asistencia y apoyo a los padres y a la familia, con el objeto de facilitar la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, y para restablecer los derechos de los niños que hubieren sido vulnerados.

El proyecto menciona una serie de derechos o garantías para los niños, que en general parecen razonables. No establece correlativamente responsabilidades para ellos, cuestión que sí hacen otras legislaciones de menores.

El Estado tiene un rol que cumplir en el caso de niños que carecen de familia. Pero de existir padres o familiares, la solución a los conflictos de los menores deberá ser siempre consensuada entre ellos y el Estado solo debiera intervenir en aquellos casos en que ese consenso fracase y siempre tratando lealmente de generarlo entre las partes en conflicto, promoviendo que ese problema se resuelva donde corresponde: dentro de la familia.

Creemos que este proyecto se aparta notoriamente de este principio.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO

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