Si la nueva Constitución cambiara el régimen vigente, se pondrá en jaque un sistema que ha promovido decisivamente la inversión nacional y extranjera. Y de nuevo, una decisión más ideológica que práctica -más teórica que prudencial- habrá afectado seriamente las posibilidades de crecimiento y de desarrollo del país, ya bastante mermadas por lo alicaída de nuestra economía.
Publicado el 12.06.2016
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“Es impensable que una Constitución no resguarde el derecho de propiedad”. Con esas palabras intentaba trasmitir confianza, hace algunas semanas, el ministro Eyzaguirre. Y en su programa de gobierno, Michelle Bachelet afirmaba que “la propiedad obliga, y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”. La nueva Constitución reconocería así “el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros…”.

En materia de recursos naturales no basta, sin embargo, con asegurar que ellos serán -como hasta ahora- de dominio público; es imprescindible especificar también cuál será el régimen de acceso a esos recursos; o bien, cuál será el mecanismo en que los particulares podrán obtener concesiones o derechos de aprovechamiento sobre los mismos.

Porque en lo que a la minería respecta, Chile ofrece hasta ahora garantías excepcionales y únicas a los inversionistas, ya que cuenta con un sistema judicial para el otorgamiento y la constitución de concesiones (establecido y garantizado por la Constitución y por una Ley Orgánica Constitucional). Así, son los Tribunales y no el Ejecutivo los que las otorgan.

Las concesiones mineras de explotación se entregan -además- a perpetuidad; y el título de dominio que ellas confieren queda protegido por el derecho de propiedad como garantía constitucional. El titular de ese derecho, por su parte, debe limitarse a pagar por ella una patente anual, y no queda obligado por él a la explotación inmediata del yacimiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado no puede caducar o revocar una concesión minera si es que ella permanece inactiva.

Este sistema, unido al reconocido potencial minero del subsuelo nacional, ha atraído durante décadas el interés de los inversionistas. En buena parte, porque ha hecho posible adquirir sin tener que cumplir con la obligación inminente de explotar, si las condiciones de mercado son desfavorables para hacerlo. El riesgo propio de los proyectos de esta naturaleza queda, de esta manera, significativamente disminuido, y para las compañías es atractivo tener grandes carteras de concesiones mineras para el desarrollo de proyectos futuros.

Numerosos son los sistemas y legislaciones, sin embargo, en que las concesiones las otorga el Estado (es decir, por vía administrativa); y que imponen exigencias muchísimo más gravosas, como las de iniciar trabajos o realizar inversiones pasado un período de tiempo determinado después de su otorgamiento; todo a riesgo de perderla por inactividad o incumplimiento en las obligaciones contraídas para con el Estado.

Nuestro sistema ha generado, por eso, controversia. Algunos han cuestionado severamente la concentración de concesiones mineras en un número muy reducido de actores; o el uso de esas concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos y, en algunos casos, incluso inmobiliarios. También ha sido objeto de discusión el hecho de que esos activos hayan sido utilizados por algunos inversionistas con fines meramente especulativos.

Como sea, si la nueva Constitución cambiara el régimen vigente, se pondrá en jaque un sistema que ha promovido decisivamente la inversión nacional y extranjera. Y de nuevo, una decisión más ideológica que práctica -más teórica que prudencial- habrá afectado seriamente las posibilidades de crecimiento y de desarrollo del país, ya bastante mermadas por lo alicaída de nuestra economía.

 

Alberto Polette Zaldívar, abogado.

 

 

FOTO: JUAN RICARDO/AGENCIAUNO