Persisten diferencias evitables entre diferentes grupos poblacionales que se expresan en la frecuencia de las enfermedades, las tasas de discapacidad y la expectativa de vida. En definitiva, no se alcanza la equidad en salud con el mejoramiento de la cobertura y de la calidad de la atención médica.
Publicado el 25.11.2016
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El debate acerca de la nueva Constitución pone urgencia en tratar de definir el derecho a la salud, porque son varios quienes plantean que debiera ser un derecho constitucional. En este contexto, ¿cómo se define lo que sería necesario garantizar?

Hay muchos países que han alcanzado una atención médica de calidad para todos sus ciudadanos. Sin embargo, esto, que parece de la mayor justicia, no ha acarreado un mejoramiento parejo de la salud, porque persisten diferencias evitables entre diferentes grupos poblacionales que se expresan en la frecuencia de las enfermedades, las tasas de discapacidad y la expectativa de vida. En definitiva, no se alcanza la equidad en salud con el mejoramiento de la cobertura y de la calidad de la atención médica.

En Chile hemos avanzado en la formulación de normas y mecanismos que permiten garantizar el acceso de toda la población a una atención médica de calidad, mediante la Ley 19.966 (2004) para un grupo seleccionado de patologías en función de su impacto sanitario y que representan más del 70% de la carga de enfermedad del país. La aplicación de dicho régimen ha permitido una mayor equidad en el acceso a las prestaciones de salud, favoreciendo a los grupos de menores ingresos; no obstante, el mejoramiento de la igualdad de acceso no ha impactado significativamente la equidad en resultados.

Aquello muestra un desnivel importante en desmedro de los grupos poblacionales de menores ingresos y de más bajo nivel de educación, y no se ha modificado con el mejoramiento del acceso. Por tanto, si queremos establecer en la Constitución el derecho a la salud, es necesario abordar también las condiciones de vida y en particular los determinantes sociales de la salud.

En este contexto es que se necesitan nuevos marcos constitucionales, jurídicos y normativos que permitan el despliegue de una concepción de la salud como constructo social, y no sólo como una respuesta a la amenaza de la enfermedad. El rol de las políticas públicas es extraordinariamente importante en garantizar un buen estado de salud para todos y en superar las deficiencias en equidad que podemos constatar en el país.

La Universidad de Las Américas ha contribuido a este proceso convocando a un grupo de especialistas, nacionales e internacionales para que estimulen un diálogo informado e invita a profesionales y público en general a participar en grupos de debate y formular propuestas para dar respuesta a las interrogantes planteadas.

 

Dr. Hernán Sandoval, decano Facultad de Ciencias de la Salud UDLA

 

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO