La Venezuela de Nicolás Maduro ya no es sólo un régimen “iliberal”, sino una dictadura en toda regla, que pasa por encima de la Constitución, reprime violentamente a sus opositores y se niega a abandonar el poder. Por si las dudas, la ONU acaba de emitir un informe denunciando torturas y detenciones arbitrarias. De libro.
Publicado el 10.08.2017
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La palabra “dictadura” es de las más manoseadas de nuestro léxico, casi tanto como “democracia”. Algunos la escamotean sin sonrojarse, ya sea con eufemismos o rehusándose a aplicarla en casos de manual. Otros acusan livianamente de dictatorial a todo Gobierno que no les da en el gusto, trivializando el concepto hasta vaciarlo de sentido.

Así ha sido con Venezuela. Mientras hace años hay quienes denuncian que allá se ha instaurado una dictadura, otros rechazan que pueda ser dictatorial ningún Gobierno elegido en las urnas —como el de Nicolás Maduro—, por muy responsable que sea de la aguda crisis económica, social y política que azota a su país; por mucho que haya muertos, presos políticos y una diáspora sin precedentes.

No obstante, desde sus inicios el caso bolivariano tiene especificidades que impiden encasillarlo. De hecho, para varios autores ilustra un fenómeno político de reciente data que han llamado “democracia iliberal”: regímenes formalmente democráticos (que acceden al poder vía elecciones limpias, o al menos no impugnadas), pero cuyos principios y conductas se vuelven cada vez más autoritarios con el paso del tiempo. En suma, países con fachada democrática, pero autoritarios en la práctica, como Rusia, Ucrania, Turquía… o Venezuela.

Esa definición ya no aplica. El de Maduro no sólo es un Gobierno “iliberal”, sino una dictadura en toda regla, que pasa por encima de la Constitución, reprime violentamente a sus opositores y se niega a abandonar el poder. Por si las dudas, la ONU acaba de emitir un informe denunciando torturas y detenciones arbitrarias. De libro.

La deriva autoritaria que el Presidente emprendió desde su asunción en 2014 fue machacando un clavo tras otro en el ataúd de una democracia que, tras 15 años bajo Hugo Chávez, ya estaba muy maltrecha. Comenzó imitando a su antecesor, gobernando y legislando por decreto, ignorando al Congreso; continuó reprimiendo a balazos las protestas estudiantiles que pedían más democracia y encarcelando a más de un centenar de opositores políticos, incluyendo a los líderes más connotados; luego usó a la Corte Suprema para desconocer las atribuciones del Congreso controlado por la oposición y se burló de la condena de la OEA a esa medida; por último, desconociendo la propia Constitución bolivariana y desafiando a la Fiscal Nacional (militante chavista, por cierto, y ahora destituida), convocó una asamblea constituyente considerada ilegítima por la mayoría de los venezolanos y por buena parte de la comunidad internacional (incluyendo a Chile, para variar).

Esa asamblea —integrada sólo por afectos al oficialismo y votada por una minoría del país en medio de una violencia que sólo ese día sumó 16 muertos—, debe sustituir al actual Parlamento y concentrar en ella todos los poderes, lo que la convierte automáticamente en un instrumento al servicio de Maduro y su Gobierno. Por si fuera poco, todo indica que hubo un fraude masivo en la elección de la constituyente y que la participación efectiva podría ser hasta la mitad de la que informó el ente electoral chavista. Hasta el Vaticano, usualmente poco dado a criticar a Caracas, ha dicho que la asamblea carece de toda legitimidad y que no debe ser instalada. Los cancilleres de 17 países de la región dijeron hace dos días en Lima que no reconocerán las decisiones que emanen de ella.

Sería bueno desterrar, de una vez por todas, la noción impulsada por cierta izquierda de que sólo los militares pueden ser dictadores —y sólo mediante golpes de Estado— y de que todas las dictaduras son de derecha. La represión gubernamental de los últimos meses en Venezuela debería remecer las conciencias de todos los demócratas, sean de derecha, centro o izquierda. Las acciones del régimen bolivariano —cada vez más arbitrarias— no son las de una democracia, por mucho que se estire el concepto, y ya no pueden arrogarse esa falsa legitimidad de origen.

¿Qué significa esto para los líderes democráticos de la región? De partida, abandonar la pretensión de que la crisis venezolana se debe a falta de diálogo entre los actores políticos —como reiteradamente ha sostenido la Presidenta Bachelet, por ejemplo— y reconocer que su gravedad impone un cambio de régimen, porque el actual ha perdido el mandato ciudadano para gobernar. Luego, actuar en consecuencia y poner en juego todas las herramientas diplomáticas que puedan convencer al Palacio de Miraflores de cambiar el rumbo, incluso a regañadientes. Hasta ahora la Carta Democrática de la OEA ha sido un adorno, pero no tiene por qué serlo.

En cuanto a quienes advierten por estos lados contra la “injerencia” en los asuntos venezolanos —Partido Comunista, Revolución Democrática—, no tienen buenos argumentos, sino consignas y frases hechas. La realidad habla por sí sola. Hoy en Venezuela no hay comida, no hay medicamentos, no hay divisas, no hay seguridad, no hay igualdad ante la ley, no hay libertad de expresión, no hay garantías individuales, no hay respeto a la propiedad privada. Lo que sí hay es represión estatal, presos políticos, quiebre del Estado de derecho, violaciones a los derechos humanos y centenares de miles de exiliados. Si eso no es dictadura, ¿qué es?

Lamentablemente, no hay motivos para esperar un cambio para mejor en el mediano plazo. Más bien, tanto la historia del chavismo como su actuación reciente hacen temer que, lejos de flexibilizar posturas y abrirse a correcciones sustanciales de ningún tipo, el Gobierno mantendrá el curso, aun a riesgo de multiplicar las penurias para la población. Después de todo, la línea política que sigue Maduro es la cubana y la lección de los Castro es clara: si tienes las armas y la determinación, la represión funciona. Los dictadores lo saben.

 

Marcel Oppliger, periodista, autor de “La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”