Lamentablemente, el Gobierno no sólo ha eliminado programas con buenos resultados o modificado otros que fueron claves en la disminución de la victimización, sino que vuelve sobre programas mal evaluados en el pasado y desatiende la prevención.
Publicado el 12.01.2015
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Las cifras del Índice Paz Ciudadana-Adimark dadas a conocer el pasado martes no presentan novedad alguna. Si bien las estadísticas se muestran de forma más detallada y entregan mayor información a nivel local –lo que efectivamente permite a los alcaldes y concejales diseñar e implementar mejores políticas públicas en materia de seguridad–, lo cierto es que la noticia sigue siendo la misma: la victimización está aumentando.

Pareciera ser que el Gobierno no le ha tomado el peso ni le está dando prioridad a lo que realmente está pasando en el país en materia de seguridad. Desde la campaña presidencial, la Nueva Mayoría ha insistido en tres grandes temas para abordar durante su período: reforma educacional, tributaria y constitucional. Sin embargo, la seguridad es y ha sido históricamente uno de los tres principales problemas que la ciudadanía demanda de los gobiernos resolver.

El Índice Paz Ciudadana-Adimark ha llegado su máximo histórico desde el año 2000, fecha en la que por primera vez se aplicó la encuesta, alcanzando a un 43,5% los hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Eso significa que casi la mitad de los hogares del país han sido víctimas (o casi víctimas) de la delincuencia. Un récord.

Es importante mencionar que el Índice Paz Ciudadana-Adimark no es comparable con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la cual es aplicada periódicamente por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que también alcanzó un récord histórico el año 2013, disminuyendo a un 24,8%, el porcentaje más bajo desde el año 2005. Es relevante el hecho de que la primera sea telefónica y la segunda cara a cara, además de la gran diferencia en la cantidad de encuestados (8.000 y 26.000 aprox. respectivamente). Además, hay que considerar que FPC-Adimark sólo pregunta por el delito de robo (e intento de robo) y la ENUSC incluye un universo amplio de delitos.

Ya tenemos una advertencia desde el Índice Paz Ciudadana-Adimark. Sólo tendremos la certeza de la dirección en que va la victimización cuando tengamos los resultados de la ENUSC 2014, la cual se entrega en marzo-abril 2015. No obstante, el Gobierno ya ha acusado recibo tanto desde las estadísticas como de la preocupación de la población y ha anunciado una nueva “agenda corta”, la cual esperamos tenga el foco específico en la prevención. Además, finalmente se ha lanzado el Banco Unificado de Datos, BUD, plataforma que centraliza información de distintas bases de datos de instituciones ligadas al sistema de justicia criminal, lo cual permitirá mayor coordinación y focalización para las políticas de seguridad.

Lo importante es que las cifras son muy relevantes a la hora de enfrentar el problema de la delincuencia. La ENUSC ha sido un gran instrumento en materia de seguridad porque ha permitido a las autoridades focalizar de mejor manera las políticas públicas en esta área. El diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad se profesionalizó y llegamos al punto de ponernos la meta como país de sólo implementar políticas basadas en evidencia, es decir, que empíricamente ya hubieran sido exitosas y obtenido buenos resultados. No hay que reinventar la rueda.

Lamentablemente, la actual administración no sólo ha eliminado programas con buenos resultados (como el primer Programa de Prevención de la Violencia Escolar implementado en Chile o la Iniciativa Legua) o modificado otros que fueron claves en la disminución de la victimización (como el Sistema Táctico de Análisis Delictual), sino que vuelve sobre programas mal evaluados en el pasado (como el Plan Comunal de Seguridad), desatendiendo la dimensión en que todos los expertos están de acuerdo es el pilar para la reducción de la delincuencia en el largo plazo: la prevención.

Se trata entonces de malas señales en el sentido de la pérdida de foco en las soluciones efectivas en este ámbito. Afortunadamente, el Gobierno tiene tres años para revertir esta tendencia y avanzar en el camino de transformar las políticas públicas de seguridad en verdaderas políticas de Estado. Ello implica hacer un esfuerzo mayor, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad civil, de continuar avanzando en la incorporación de criterios fundamentales y necesarios para programas efectivos en materia de prevención del delito: focalización, evidencia y evaluación, lo cual sin duda traerá resultados visibles que apuntarán a la mejor convivencia y más seguridad a mediano y largo plazo.

 

Pía Greene, experta en seguridad y ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/AGENCIAUNO