En la polémica Operación Huracán no nos podemos perder. Es esencial que la verdad se esclarezca y que, con ello, se establezcan las debidas responsabilidades de mando. Sin embargo, aquellos que han decidido participar del debate debiesen sentir la urgencia de hacerlo, más que nunca, con cautela, seriedad y buena fe, asumiendo las propias responsabilidades políticas que se desprendan de sus interpelaciones y declaraciones.
Publicado el 18.02.2018
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El fiscal nacional, Jorge Abbott, ha sido claro a la hora de asegurar que habrá un antes y un después de la Operación Huracán. De más está decir que los problemas asociados al caso son diversos. El mismo Presidente electo, Sebastián Piñera, ha reconocido el carácter inédito de la pugna entre dos instituciones que debiesen estar al servicio de la seguridad de los chilenos, como la Fiscalía y Carabineros. En esta línea, las agudas interpelaciones que hiciera el general Blu y el apoyo de algunos funcionarios en retiro, evidencian relaciones desgastadas que estarían explicadas por elementos más bien subyacentes a este caso particular. Así, el clima beligerante entre el Ministerio Público y Carabineros ha marcado la pauta, incidiendo de forma directa en el deterioro de las confianzas que los ciudadanos tendrían en el sistema penal.

Sin embargo, pareciera que no todos son conscientes de este verdadero problema social. Y es que, pese a que muchos actores políticos han participado activamente del debate, han demostrado ignorar –o quizás obviar– los reales efectos de sus intervenciones, las cuales estarían más bien profundizando esa fractura entre ciudadanos e instituciones.

A principios de 2017, la Fundación P!ensa –en conjunto con Adimark– realizaba el trabajo de campo de su encuesta anual de opinión política, la cual consideró 1.650 casos presenciales de las 10 comunas más populosas de la región de Valparaíso. Los resultados fueron elocuentes. En lo que concierne a confianza en instituciones, un altísimo 79% declaraba que los tribunales de justicia le producían nula o poca confianza. Sólo el Congreso estaba peor que los órganos judiciales, alcanzando un 88%. Los carabineros, por aquellos días, se encontraban en la vereda opuesta. Un 52% de los respondientes declaraba que le producían mucha o bastante confianza, sólo superados por los bomberos (con un altísimo 90%) y la radio (53%).

En este contexto, y a los pocos días del cierre de dicho trabajo de campo, pasaban a control de detención una serie de implicados en el millonario fraude que involucró a capitanes, coroneles y generales de las fuerzas de Carabineros. Pasaron sólo algunos meses para que la institución del Estado que gozaba de mayor confianza ciudadana –de acuerdo a la encuesta P!ensa-Adimark– se viese envuelta en una nueva crisis. Esta vez, y ya sin tanta especulación, la vocera de gobierno y el subsecretario del Interior reconocerían rápidamente que los costos institucionales serían enormes.

Sin embargo, y pese a todo esto, pareciera que no todos han asumido esta crisis con la misma seriedad y profundidad. Y aquí es donde urge identificar, al menos, dos aproximaciones muy distintas hacia la problemática. Una primera, más bien positiva, se relaciona con los necesarios cambios institucionales que se han comenzado a proponer, especialmente por distintos personeros del próximo gobierno. En esta línea se enmarcaría, por ejemplo, la agenda anunciada hace pocos días por Gonzalo Blumel, la cual involucraría la modernización de Carabineros y de los servicios de inteligencia.

Sin embargo, esta mirada a largo plazo convive con una segunda aproximación más bien reprochable, la que ha devenido en un clima político exacerbado que convulsiona aun más el beligerante ambiente. Nos referimos a esas solicitudes de renuncia por Twitter, a las acaloradas declaraciones de parlamentarios y a las transversales entrevistas con que se busca interpelar –o derechamente presionar– al actual y al futuro gobierno. Lamentablemente, estas acciones parecen enmarcarse en un profundo desconocimiento respecto al contexto político-social, casi como si la desafección no existiera, como si la credibilidad política estuviera consolidada o como si los ciudadanos estuviesen más cercanos a sus instituciones que nunca.

No nos podemos perder. Es esencial que la verdad se esclarezca y que, con ello, se establezcan las debidas responsabilidades de mando. Sin embargo, aquellos que han decidido participar del debate debiesen sentir la urgencia de hacerlo, más que nunca, con cautela, seriedad y buena fe, asumiendo las propias responsabilidades políticas que se desprendan de sus interpelaciones y declaraciones. 

 

Pedro Fierro Zamora, director de Estudios Fundación P!ensa

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO