En vez de abordar el fondo de las acusaciones, Bachelet ha optado por victimizarse, atribuyendo mala intención a los que se oponen a sus iniciativas.
Publicado el 31.10.2014
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Las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet al diario El País, sugiriendo que algunos de aquellos que se oponen a la reforma educacional que impulsa su gobierno han iniciado una campaña del terror para desinformar a la gente sobre los efectos que esta tendrá, constituyen una estrategia de defensa que Bachelet ya ha usado antes: la victimización. En vez de abordar el fondo de las acusaciones, Bachelet ha optado por victimizarse, atribuyendo mala intención a los que se oponen a sus iniciativas.

Dado que la reforma altera varios aspectos del modelo educacional, resulta imposible anticipar todos los efectos que tendrá. En tanto el diablo está en los detalles y las decisiones de miles de familias que aspiran a entregar a sus hijos la mejor calidad posible de educación —con un rango de interpretación muy amplio respecto a qué entienden los chilenos por calidad—, nadie puede seria y responsablemente anticipar a ciencia cierta lo que ocurrirá cuando se apruebe la reforma educacional del Gobierno. Dada la magnitud de las reformas, es imposible anticipar cuál será el equilibrio de mercado resultante de las nuevas reglas y regulaciones que se introducirán.

Aunque el debate público se ha llenado de dogmatismos y simplificaciones —desde la demonización del lucro hasta la épica defensa de una libertad muy limitada para escoger—, en tanto la nueva reforma no obligue a los niños a asistir a la escuela del barrio, la posibilidad de escoger (sujeta a distintas limitantes) hará que la decisión sobre dónde se eduquen los hijos continúe siendo similar a las decisiones sobre dónde, cómo y cuándo las personas adquieren bienes de consumo (y por cierto sobre qué tanto están dispuestos a sacrificar para acceder a los bienes que consideran de mejor calidad).

Precisamente porque la reforma educacional solo cambiará la estructura de limitaciones y oportunidades que tienen los padres para escoger la educación de sus hijos, nadie puede anticipar con certeza si mejorará la calidad de la educación (como quiera que esta se defina), si aumentará la matrícula en la educación pública o si se cerrarán colegios particulares subvencionados. Hay buenas razones para anticipar que las cosas no seguirán igual que ahora, pero personas razonables discrepan sobre cómo cambiarán. De ahí que es injusto y antojadizo acusar de campaña del terror a los que auguran que la reforma tendrá más resultados negativos que positivos. De hecho, siguiendo la lógica de la victimización, los opositores al Gobierno bien pudieran acusar a la Nueva Mayoría de llevar un par de años enfrascada en una campaña del terror contra el lucro en la educación.

En diciembre de 2013, Bachelet ganó ampliamente la elección presidencial con una plataforma que prometía terminar con el lucro, el copago y la selección en la educación. Una mayoría de los chilenos —independientemente de si entendían las implicaciones de su decisión o compartían lo que efectivamente decía el programa de gobierno— otorgó un sólido mandato a Bachelet para impulsar sus reformas. Es verdad que los programas de gobierno no son contratos inmodificables y que la opinión pública puede ser volátil en sus preferencias —por lo que los gobiernos pragmáticamente abandonan a veces sus promesas de campaña cuando las encuestas de aprobación señalan que la gente quiere cambiar de rumbo—, pero Bachelet todavía puede basar su decisión de impulsar la reforma educacional en que obtuvo la mayoría más amplia desde el retorno de la democracia. No por nada la Nueva Mayoría tiene control absoluto de ambas cámaras del Congreso.

Ahora bien, así como los electores pueden cambiar de opinión, los legisladores pueden también optar por adherir solo parcialmente al programa de gobierno. Los parlamentarios son electos para representar a sus distritos, no para ratificar lo que decide el Gobierno. Aunque este impulse una reforma incluida en el programa, el apoyo de los legisladores oficialistas no es automático. De ahí que la tarea del Gobierno no sea enrostrar el programa a sus aliados para conminarlos a disciplinarse, sino hábilmente convencer a una mayoría de los legisladores de apoyar las iniciativas que impulsa.

Como los gobiernos son evaluados por los cambios que hacen —no por las heroicas peleas que dan y pierden—, La Moneda deberá negociar con legisladores aliados y de oposición para cumplir, aunque sea parcialmente, sus promesas de campaña. O bien, para responder a la voluntad que en el futuro exprese a través de las encuestas una mayoría de los chilenos. En tanto la política es el arte de gobernar, y gobernar implica necesariamente negociar para construir acuerdos mayoritarios, el camino de acusar a los opositores de mala intención y deshonestidad no parece ser una buena estrategia. La victimización no allana el camino para la ineludible tarea de forjar acuerdos con aquellos que piensan diferente.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencias Políticas UDP.

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO

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