No es de sorprender que la izquierda se salte la legalidad, que destine importantes recursos a promover su ideología o que pretenda imponer su visión por la vía de los hechos. La verdadera sorpresa (y lo lamentable) sería que nosotros los ayudáramos en eso. 
Publicado el 11.05.2016
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Esta semana en el consejo político de ChileVamos decidimos denunciar el proceso constituyente promovido por el gobierno como ilegítimo y señalamos que no participaremos institucionalmente de una iniciativa que no da las garantías de participación y deliberación necesarias para discutir seriamente una propuesta constitucional.

Frente a la situación actual, la verdadera disyuntiva no se da entre aquellos que participan y los que no. Aquí no hay un conflicto donde algunos quieren debatir y otros optan por restarse, muy por el contrario, la diferencia se centra entre los que se prestan para una trampa y los que no están dispuestos a avalarla con su presencia. ¿Debate? Todo el que se quiera, pero en serio. Con propuestas sobre la mesa, con honestidad intelectual, respeto por el que piensa distinto, con posibilidades ciertas de deliberar y disentir. En ese sentido se entiende la declaración pública de Republicanos del lunes “Debate Constitucional sí, Trampa Constituyente no”.

¿Por qué consideramos que la iniciativa del gobierno es una trampa?

Primero, por el proceso mismo. Nos encontramos frente a un proceso informal, carente de base legal, que no considera las condiciones mínimas de deliberación que requiere un sano debate. No posee, asimismo, mecanismos de control que eviten abusos o aseguren una participación equitativa de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se trata de un proceso tendencioso, donde el 82% de los “facilitadores” a los que se les puede comprobar su tendencia política, adhieren públicamente a la ideología y a los partidos del gobierno. Ni qué decir respecto a cómo se reunirán las opiniones de los cabildos ni cómo se propondrán sus conclusiones a la ciudadanía.

Estamos frente a una apariencia de participación para legitimar las ideas que el gobierno quiere imponer en una nueva Constitución.

Esto nos lleva a un segundo reparo: ¿Dónde están las ideas que se quieren promover? ¿Alguien sinceramente cree que el gobierno y sus partidos no tienen idea alguna de cómo debería ser la nueva Constitución? Si éste fuera un proceso serio, de cara a la ciudadanía y no a los grupos de interés, el gobierno debería sincerar su posición y participar del debate. Contrastemos posiciones respecto a un estado subsidiario versus uno supuestamente de bienestar, debatamos sobre nuestras nociones de bien común, solidaridad o armonía social. Más aún, discutamos si la Constitución debería ser una manifestación de las mayorías o, por el contrario, un límite a dichas mayorías porque sabemos que son circunstanciales. Pero debatamos en serio.

En tercer lugar, el gobierno opta nuevamente por ignorar el Estado de Derecho. Nuestras leyes habilitan expresamente al Congreso Nacional para realizar las modificaciones necesarias a la carta fundamental. Sin ir más lejos, el capítulo XV de la Constitución consagra las reglas para modificarla y así se han hecho en numerosas ocasiones, siendo la reforma más importante la que lleva la firma del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, y la del actual ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre. Si el gobierno quiere modificar algo, que diga qué y que inicie el trámite legislativo en un Congreso, donde además tiene mayoría.

Los partidarios del gobierno se excusan de seguir la legislación vigente afirmando que el actual Congreso, por ser electo con el sistema binominal, carecería de la legitimidad suficiente para tramitar una reforma de esta envergadura. Un argumento a lo menos curioso, considerando que a ese mismo Congreso se le estima legítimo cuando se trata de subir impuestos, legalizar el aborto, aprobar una reforma laboral o acabar con la libertad de las familias y educadores. Al mismo tiempo, señalan que el próximo Congreso sí sería legítimo debido a que será elegido con un sistema proporcional. Por desgracia, ese argumento ignora el hecho de que los senadores duran ocho años en sus cargos y que se renuevan por mitades, con lo que el Congreso estaría libre de “binominalismo” recién el 2021.

En la vereda del frente, varios sostienen que un buen jugador puede y debe dar vuelta el partido en una cancha dispareja. Posición respetable pero que estimo equivocada. La trampa del gobierno no es meramente una cancha desigual, es mucho más que eso. Es llegar a jugar de visita, comprobar que el árbitro trabaja para el equipo rival, que tu arco es de mayor tamaño que el otro y que al mirar el marcador, aún sin partir, ya te van ganando por una abultada diferencia. A ese partido, nadie está obligado a ir.

No es de sorprender que la izquierda se salte la legalidad, que destine importantes recursos a promover su ideología o que pretenda imponer su visión por la vía de los hechos. La verdadera sorpresa (y lo lamentable) sería que nosotros los ayudáramos en eso.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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