La declaración oficial del gobierno de Chile lo único que hace es exculpar a priori al gobierno de Maduro de cualquier responsabilidad sobre la detención ilegal, la práctica de torturas y la condena sin debido proceso que afecta ahora a Leopoldo López.
Publicado el 15.09.2015
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El  fin de semana, la Cancillería emitió un comunicado sobre la sentencia judicial que condena al dirigente opositor venezolano Leopoldo López a 13 años de prisión. Para un gobierno que se precia de dar prioridad a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, el comunicado pone a prueba, una vez más, nuestra capacidad de asombro. Para quienes han sufrido en carne propia la persecución por sus ideas, la declaración no sólo resulta incomprensible, sino que, además, francamente inaceptable. A continuación, analizamos el documento, que se supone, expresa la opinión del Estado de Chile respecto de este caso, cuya lectura recomiendo.

La declaración de cancillería dedica su primer párrafo a un auto-elogio, al afirmar su propio “interés en el desarrollo democrático de todo país hermano”. En realidad, el gobierno de la Nueva Mayoría no ha demostrado la más mínima voluntad de hacer nada efectivo en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, si ello pudiera incomodar de alguna forma al gobierno chavista de Maduro. ¿Cuál ha sido la línea política seguida al respecto? La de no emitir ninguna opinión clara como país, de manera bilateral frente a Venezuela, derivando el tratamiento del caso a instancias multilaterales que, sabemos, son comprobadamente inoperantes.

Lo que más llama la atención del texto aludido es que no contiene ni una sola palabra que se refiera o mencione al gobierno de Maduro (¡!). En efecto, el comunicado pareciera endilgar las circunstancias que afectan a López al “clima de polarización que se observa en Venezuela”, responsabilidad que se atribuye, genéricamente, a “los diversos actores políticos y sociales”. La cuidadosa, rebuscada y hasta mañosa redacción, cuyo único objetivo pareciera ser el de negar la obvia relación causal entre el régimen chavista y las persecuciones a la oposición venezolana, es una bofetada en la cara a las fuerzas democráticas de ese país, y un insulto a la inteligencia de los chilenos a quienes pretende representar. ¿Qué personas o grupos interesados están tras esa particular versión de los hechos? Con certeza, una minoría extrema y no la mayoría de los chilenos.

Y como si lo anterior no bastara, no hay, en parte alguna de la declaración oficial chilena, una sola palabra de crítica, reproche ni mucho menos condena respecto del tratamiento al líder opositor, tras un juicio sin ninguna garantía al debido proceso. Pero hay más, pues el comunicado, tras ingeniárselas para ni siquiera mencionar al gobierno de Venezuela, no tiene pudor alguno en dejar constancia expresa del “reconocimiento y respeto” del Gobierno de Chile a las facultades de la Justicia venezolana. En este acápite, rayano en la negligencia, la Cancillería ignora olímpicamente la constatación que han hecho organizaciones no gubernamentales de prestigio internacional, respecto de la politización del Poder Judicial venezolano y su captura por el régimen de Chávez, desde hace más de una década. ¿Ignora acaso la Cancillería de Chile que el sistema judicial venezolano figura entre los menos imparciales del mundo, de acuerdo a estudios que miden niveles de independencia y corrupción de los tribunales? Hay constancia de declaraciones de  jueces y agentes de tribunales venezolanos, reconociendo que sus fallos no se basan en el imperio de la ley, sino que en consideraciones políticas.

En resumen, la declaración oficial del gobierno de Chile lo único que hace es exculpar a priori al gobierno de Maduro de cualquier responsabilidad sobre la detención ilegal, la práctica de torturas y la condena sin debido proceso que afecta ahora a Leopoldo López. De paso, se pone del lado de la mentira oficial, al negar de forma expresa la evidencia de la manipulación política que ejerce el chavismo sobre el sistema judicial venezolano. Finalmente, lo máximo que llega a decir es que “esperamos que se observen las garantías judiciales de un debido proceso” (nótese que no dice “exigimos”, ni siquiera “pedimos”, sino que solo “esperamos”).

No podemos dejar de expresar nuestra desazón frente a la aparente complicidad oficial de Chile con la persecución a la oposición democrática de venezolanos que ven violentados sus derechos de manera cotidiana. El comunicado del Ministerio de la Nueva Mayoría no representa el sentir de los chilenos genuinamente preocupados por la democracia en Venezuela y por la defensa efectiva de los derechos humanos universales, sin excepciones ni justificación ideológica alguna.

Por nuestra parte, solo nos cabe “esperar” que la carta abierta del político venezolano Diego Arria a la Presidente Bachelet publicada el domingo por el diario El País, haga al menos reflexionar a más de alguien en La Moneda. A nosotros, su lectura nos provoca, sinceramente, un fuerte sentimiento de vergüenza ajena.

 

Jorge Canelas U., cientista político, embajador (r).

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO