Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser personas conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.
Publicado el 01.06.2017
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En una sociedad democrática la libertad de expresión es fundamental; significa una auténtica garantía de participación de las personas en la cosa pública aunque no ostenten cargos, además de asegurar el escrutinio sobre los órganos del Estado y la competencia entre ideas y propuestas, lo cual es propio del pluralismo democrático.

Una difícil tarea ha sido definir los contenidos y límites de la libertad de expresión, pues hay espacios en que puede intersectarse con otros derechos, tales como la honra, la privacidad y la propia imagen. Ello ha motivado la necesidad de que los jueces y legisladores empleen sus esfuerzos en solucionar eventuales conflictos, acudiéndose a la ponderación entre unos derechos y otros, evitando su jerarquización a priori.

Sin embargo, hay mensajes o expresiones que se mueven en las fronteras de este derecho y que, si bien pueden quedar cubiertos bajo su sombra, no siempre son exactamente parte integrante de éste: es el caso de la llamada programación “de farándula” y de algunas formas de humor. Esas variantes utilizan a los medios de comunicación y sus recursos, con capacidad de confundirse con el caudal informativo y captar la atención del público, y pueden resultar atrayentes por distintas razones para la audiencia, lo que no las eleva a transformarse por ello en un gran aporte.

En el Chile actual, hemos conocido últimamente casos de frontera, a propósito de expresiones vertidas en programas de TV por un ácido humorista que nadie se atreve a tocar, posiblemente por miedo a ser aludido también. Así, en un escenario de luces, donde a menudo celeridades o aspirantes ríen de que se rían de ellas, toleran que se las imite, aceptan bromas sobre su cuerpo, su inteligencia o sus capacidades, se exponen y se muestran en instancias que podrían preservar para sí mismas y prefieren ser nombradas que no serlo – no importa a propósito de qué-, empiezan a ser motivo de injerencia personas que no han optado por esos caminos y que no se toman alegremente sobrenombres, mofas, burlas o insultos.

Si reclaman, les caen encima mitos que no se compadecen con la madurez de nuestra sociedad: los políticos deben aceptar la exposición a estos ataques; las mujeres no pueden quejarse de ofensas salvo que tengan una trayectoria en la militancia del feminismo o los estudios de género; haber criticado a otros es una justificación para ser víctimas de tales denotaciones.

Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.

Participar en política sin duda importa exposición a la crítica, a las discusiones e incluso a arrebatos de los contrarios, pero no es un cheque en blanco para autorizar el ataque personal, físico, la agresión injustificada; adherir o no a movimientos feministas o de género no es condición para experimentar la condición de mujer y defenderla. Por último: no es lo mismo estimar que una persona carece de idoneidad para un cargo o que ha hecho una gestión desafortunada, que ridiculizarla repetidamente.

Tampoco se espera del colectivo creer que hay una especie de validación por el horario, por la naturaleza del programa o porque eso ha sucedido antes. Más bien suena a una renuncia frente a la vulgaridad y al ataque aparentemente divertido, pero hiriente.

Estas situaciones muchas veces se disuelven en juicios o requerimientos (como dice alguno, muerto de la risa: “Arriesgo demanda”), pero lo más interesante de analizar es cómo operan en nuestra sociedad mínimas reglas de solidaridad y reacciones de repugnancia frente a tales excesos: ¿Ya no nos molestan ni nos sorprenden? ¿Dan lo mismo mientras no se rían de mí?

La majestuosa libertad de expresión que tanto ha costado a varias generaciones de chilenos no debería terminar siendo el juguete del bufón de palacio.

 

Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, doctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL /AGENCIAUNO