Las cuotas indígenas arriesgan convertirse en coto de las elites de las respectivas etnias.
Publicado el 07.09.2014
Comparte:

Como era de esperar, el plan presentado por dos senadores para alcanzar “la paz social en La Araucanía” rezuma buena voluntad. El documento está escrito “desde la humildad”, aseguran sus autores, y debe ser así. También sostienen ser “conscientes de que (su propuesta) no es la última palabra”, lo que sin duda es correcto.

Pese a ello, varias cosas desconciertan en las ideas que plantean los senadores Alberto Espina y José García Ruminot, empezando por su ciega confianza en que una entrega masiva y final de tierras es un pilar fundamental de cualquier solución. Ello, a pesar de que el propio documento consigna las cientos de miles de hectáreas entregadas desde que se creó la Conadi a mediados de los 90, sin que eso haya apagado la hoguera (al contrario, hay buenas razones para creer que le echó leña al fuego).

Pero sobre todo sorprende que los senadores enfaticen que “uno de los aspectos más relevantes de la región es su multiculturalidad”, y que a partir de eso justifiquen la imperiosa necesidad de cambios institucionales como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y el establecimiento de cuotas de representación “en la Cámara de Diputados, las municipalidades, los concejos municipales y consejos regionales”. Así, de una esencia multicultural que se reconoce a La Araucanía –pero que es tanto o más válida para otras regiones de Chile, en primer lugar la Metropolitana-, se desprendería la supuesta legitimidad democrática de fijar cuotas sobre la base de la pertenencia étnica.

Las cuotas –étnicas, de género, religiosas u otras- distorsionan la representación democrática porque rompen con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y por eso es decepcionante ver cuán rápidamente han ido adquiriendo legitimidad como respuesta a las demandas de grupos específicos. Contrariamente a la idea de que las personas deben ser tratadas en función de sus virtudes y faltas –es decir, de sus actos libres-, la discriminación positiva las valora a partir de características circunstanciales, como su raza, su género o su fe.

En cuanto a la aplicación práctica de la idea, parece tan compleja como llena de peligros. En la experiencia comparada, las cuotas tienden a favorecer a los miembros más educados y privilegiados del grupo objetivo, que están en mejor posición de aprovechar sus ventajas relativas. De la misma manera en que los incentivos monetarios para que los partidos políticos nominen candidatas mujeres  para diversos cargos de elección popular probablemente terminarán favoreciendo en primer término a mujeres cercanas al establishment político actual –hijas de, esposas de, colegas de, amigas de-, las cuotas indígenas arriesgan convertirse en coto de las elites de las respectivas etnias. En el caso de los mapuches, se daría la paradoja adicional de que los potenciales beneficiarios residen mayoritariamente en las urbes, en especial Santiago, en general distanciados de los problemas que dan origen a la cuota.

Peor aún, la cuota obliga a preguntar quién es realmente indígena para saber quién puede reclamarla, lo cual abre el deleznable prospecto de tener que demostrar grados de “pureza” racial para optar a un cargo público. ¿El candidato indígena a diputado o alcalde deberá ser hijo de madre y padre indígenas, por ejemplo? ¿Habrá que comparar árboles genealógicos para determinar quién tiene el mejor derecho a postular? ¿Será requisito que demuestre apego a la tierra, que respete ciertas tradiciones o que hable mapudungún? Si el propósito es garantizar la representación de todos los pueblos originarios, ¿habrá que fijar cuotas distintas para mapuches, aymaras y huilliches en función de su peso demográfico? Y si los votantes indígenas prefieren mayoritariamente a un candidato no indígena, ¿qué pasará entonces? ¿Aún así se dará el cargo al postulante “étnico” para poder cumplir con la cuota? Asumir que los electores indígenas automáticamente votan movidos por afinidad étnica –o que las mujeres lo hacen por afinidad de género- es tener un concepto muy pobre de su inteligencia y de su libertad para elegir.

Aunque el deseo de corregir injusticias pasadas es comprensible y valorable, la mejor forma de hacerlo no es otorgar ventajas que “compensen” el mal infligido –algo que es, por definición, imposible-, sino crear condiciones que eleven a las minorías postergadas al mismo nivel que el resto de la sociedad. En La Araucanía, se trata de abordar con sentido de urgencia –y no con criterios de corrección política- los reales problemas de pobreza, postergación social e inseguridad que afligen a esa región. Sólo así, en igualdad de condiciones, podrán sus habitantes disfrutar de los derechos y las libertades que la democracia nos garantiza a todos.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO