Al insistir en la gratuidad universal, la Presidenta prefirió (por razones obvias) omitir toda referencia a las críticas que esa política ha recibido de expertos, rectores, académicos y políticos de todos los sectores. Nada dijo respecto del desfinanciamiento al que las universidades que adhirieron a la gratuidad se han sometido ($22 mil millones según datos del Mineduc), ni de cómo ese déficit se incrementa por cada alumno adicional que recibe el beneficio.
Publicado el 05.06.2017
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Como era de esperar, la última cuenta pública de la Presidenta Bachelet estuvo marcada por un recuento de lo que ha sido su gestión y ciertos anuncios para lo que queda de su Gobierno, pero bajo un particular prisma de optimismo que resulta difícil compartir. En lo que ha sido el sello de esta administración, la falta de visión global caracterizó el discurso, cuestión que se hizo evidente en lo que a la educación superior se refiere.

Tres fueron los anuncios principales en esta materia: la insistencia en la gratuidad universal como un objetivo al que no se renuncia; la extensión de esta política a los estudiantes del 60% de menos recursos para el próximo año; y el envío de un proyecto de ley que le otorga a las universidades del Estado un trato preferente. Todo esto en el marco de la tortuosa tramitación del proyecto de ley sobre educación superior, que a poco menos de un año de haberse presentado aún se discute a regañadientes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios de Gobierno son mayoría.

Al insistir en la gratuidad universal, la Presidenta prefirió (por razones obvias) omitir toda referencia a las críticas que esa política ha recibido de expertos, rectores, académicos y políticos de todos los sectores. Nada dijo respecto del desfinanciamiento al que las universidades que adhirieron a la gratuidad se han sometido ($22 mil millones según datos del Mineduc), ni de cómo ese déficit se incrementa por cada alumno adicional que recibe el beneficio. La autonomía de las universidades tampoco fue un asunto que se considerara de importancia, ni menos la necesaria diversidad del sistema de educación superior, que se ve afectada por las iniciativas que el Gobierno impulsa. El alto costo de la gratuidad universal y el hecho de que implica destinar en el 20% más rico de la población el doble de recursos que en el 20% más pobre, tampoco merecieron mención.

En el marco de la mirada positiva que se pretendía transmitir, tampoco resultaba apropiado dar cuenta de la discriminación arbitraria que implica para la mayoría de los estudiantes el hecho que el Ejecutivo insista en darle un trato preferente a un grupo específico de universidades, sin importar sus resultados ni el hecho de que otras instituciones ofrezcan igual o mejor calidad.

Así, la cuenta presidencial fue un nuevo ejemplo del afán por hacer invisible a un amplio sector. Pareciera que las instituciones de educación privadas nada hubiesen hecho por el país, o que las preferencias del 70% de jóvenes que ahí estudian no son dignas de consideración. Esa miopía es la que explica, a lo mejor, el escaso apoyo que tienen tanto las reformas como el Gobierno, considerando que ya ni siquiera en el discurso se aprecia el sello ciudadano que pretendía imprimir.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO