La intención del Gobierno no dudo fue la mejor: “proteger a los consumidores”, pero el resultado ha sido su desprotección, pues esta semana terminarán pagando más de $60 pesos por litro adicionales.
Publicado el 23.10.2014
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Cuando era pequeña, y tratando de hacer algo bueno dejaba alguna embarrada, mi papá nos repetía que el camino al infierno estaba plagado de buenas intenciones. Odiaba esa frase, porque mis intenciones habían sido las mejores, aunque el resultado haya sido algún plato roto, algún hermano golpeado, o algo por el estilo.

No me cabe la menor duda que los gobiernos han buscado incesantemente “protegernos” de los efectos de los altos precios de los combustibles, sujeto a que no quieren perder los cuantiosos ingresos fiscales que les implica la recaudación proveniente del impuesto específico que pagan la gasolina y el diésel, y que equivalen a cerca de US$2.500 millones anuales.

Dado que el Gobierno no quiere dejar de percibir los ingresos provenientes de los impuestos específicos y, por tanto, no está dispuesto a rebajar el impuesto específico en forma permanente,  ha buscado fórmulas para eliminar la volatilidad de los precios, lo que en el fondo es un mecanismo parcial de fijación de precios, que tal como podemos observar hoy, han sido todos un fiasco.

El problema de estos sistemas es el siguiente: si se le da mucha amplitud al sistema de protección (una banda amplia) y los precios internacionales suben mucho, entonces todos se preguntan para qué tenemos un sistema si no nos está protegiendo, pues los precios tienen un amplio espectro de movimiento en el cual el sistema no opera; si se deja muy estrecho, como es el mecanismo actual, entonces cuando baja el precio en el mercado internacional, el sistema no permite que baje, y por lo tanto, en vez de protegernos el sistema nos obliga a pagar más de lo que deberíamos estar pagando por cada litro de bencina o diésel que cargamos en nuestros automóviles, y por lo tanto nos desprotege. Lo obvio consistiría entonces en crear un sistema muy estrecho al alza, es decir que no permita que los precios suban más de un determinado nivel cada semana, y con un amplio espectro o libre a la baja. El problema de un sistema como el descrito es que el costo fiscal del mismo sería muy alto y creciente en el largo plazo. Recordemos que no se ha querido intervenir el impuesto específico, pues nadie quiere perder la recaudación que éste genera.

Podemos concluir entonces, que ninguno de estos sistemas de “protección” va a cumplir nunca con su cometido, pues no podemos proteger a los consumidores de las alzas, sin que éstos se pierdan las bajas, a menos que estemos dispuestos a invertir recursos fiscales en ello.

En el caso del MEPCO, el Gobierno, sin querer gastar “demasiados” recursos fiscales, ha implementado un sistema que no permita alzas de más de $5 por semana ($20 por mes), y donde el costo del mismo es que los precios no pueden bajar más de $5 por semana ($20 por mes). El resultado de la aplicación del MEPCO para los consumidores ha sido una caída en su ingreso disponible, y por tanto en su bienestar.

Desde que se instauró el MEPCO, ha entrado en operación 3 veces para frenar un alza, rebajando el equivalente a $15, y contado el jueves de esta semana, va a haber operado cuatro veces para frenar bajas de precios, subiendo el precio en un equivalente a $97. Es decir, a pocos meses de la operación del MEPCO, el mismo ya nos ha expropiado el equivalente a $82 pesos por litro.

La intención del Gobierno, no dudo fue la mejor, “proteger a los consumidores”, pero el resultado ha sido la desprotección de los consumidores quienes esta semana terminarán pagando más de $60 pesos por litro adicionales, sólo por efecto de nuestro mecanismo de “protección”. 

Qué mejor ejemplo de que un sistema que busca proteger a los consumidores, nos termina desprotegiendo.

 

Michèle Labbé, Economista Jefe de Econsult.

 

 

FOTO:FRANCISCO LOGA/AGENCIAUNO