En Chile no faltan aquellos que prefieren negar la realidad, los hechos y las tragedias que ocurren cada día en Venezuela. Algunos lo hacen por fanatismo ideológico, otros por mera conveniencia o cálculo político. Lo más lamentable es que hay muchos que condonan los excesos totalitarios del chavismo para evitar poner en duda todo lo que han apoyado durante su “militancia progresista”, sea ésta de corta o larga duración.
Publicado el 28.07.2017
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Para quienes siguen los asuntos internacionales con un mínimo de objetividad, el análisis de la situación en Venezuela, tal y como se viene desarrollando a lo largo del último decenio, es demostrativo de cómo la post-verdad se ha instalado como factor determinante de la formulación de opinión pública a nivel global. En el plano nacional, es lamentable comprobar cómo los sesgos ideológicos condicionan la manera cómo Chile ha justificado su falta de acción frente a un asunto tan serio como la crisis venezolana, respecto de la cual este domingo se escribirá un nuevo y decisivo capítulo.

Cuando hay una jefa de Estado como la nuestra, que intenta justificar su renuencia a condenar al régimen de Nicolás Maduro argumentando que se trata de un país “gobernado por un Presidente elegido por voto popular” —negando la evidencia de que se ha instalado una dictadura en ese país—, estamos frente a algo peor que la post-verdad. Esta última se aplica a la formación de la opinión pública, debido a las distorsiones de la información verídica. Pero los Gobiernos tienen representantes in situ que les permiten tener una idea muy precisa de los hechos que ocurren, en este caso, al interior de Venezuela. No pueden alegar desconocimiento de acontecimientos y situaciones indesmentibles.

El Gobierno de Maduro ha utilizado no sólo actos ilegítimos, como desconocer las facultades del Legislativo, sino incluso la violencia, para imponer sus deseos por sobre los de la mayoría. Su más reciente iniciativa de convocar a una nueva Asamblea Constituyente conformada sólo por adeptos equivale, ni más ni menos, a institucionalizar la dictadura. No obstante, el Gobierno de Chile ha manifestado con claridad su opinión a través de las palabras de la Presidenta Bachelet, señalando que “el gobierno de Maduro es democrático”. Con esto se ha alineado, tácitamente, a la política exterior de Chile con la de los países “bolivarianos”, haciéndola coincidir con partidos y movimientos que, en América Latina y otros continentes, aceptan y promueven la instalación de otra dictadura al estilo cubano en nuestra región.

No sorprende, entonces, que en Chile no falten aquellos que prefieren negar la realidad, los hechos y las tragedias que ocurren cada día en Venezuela. Algunos lo hacen por fanatismo ideológico, otros por mera conveniencia o cálculo político. Lo más lamentable es que hay muchos que condonan los excesos totalitarios del chavismo para evitar poner en duda todo lo que han apoyado durante su “militancia progresista”, sea ésta de corta o larga duración. Aceptar la evidencia de que “los beneficios del Estado socialista” sólo pueden llevarse a la práctica mediante una dictadura de tipo castrista es mucho más de lo que puede soportar una mente revolucionaria en la era de la post-verdad. Repetir, como un mantra, que “Venezuela es gobernada por un Mandatario elegido por el pueblo” ha pasado a ser, para las mentes revolucionarias, la menos dolorosa de las opciones.

La manera como el llamado “mundo progresista” justifica los actos del Gobierno de Maduro, al tiempo que propone replicar acá la genial idea de la Asamblea Constituyente, debiera llevarnos a reflexionar sobre la valoración de los principios básicos de la democracia, como la separación de los poderes del Estado, el multipartidismo o la libertad de expresión. Un sistema que, con todos sus defectos, sin duda alguna seguirá siendo infinitamente mejor que lo que “el socialismo del siglo XXI” trata de imponer al pueblo venezolano de manera inaceptable y que, es bueno recordar, se inició con una Asamblea Constituyente.

En los últimos años hemos visto cómo el resto del mundo se divide en dos bandos al apreciar la situación en Venezuela. Unos, al analizar los hechos, concluyen que lo que partió como democracia a poco andar se transformó en sistema autoritario y luego derivó en dictadura, a partir de la devaluación de los valores democráticos y del respeto a los derechos humanos. En la vereda opuesta, otros le dan la razón a Maduro cuando culpa “al imperialismo, el golpismo y al derechismo” por todas las penurias que su Gobierno ha hecho sufrir al pueblo venezolano. La primera mirada es el resultado de un “reality check”; la otra, nuevamente, es el resultado de la post-verdad (en el mejor de los casos) o de simple fanatismo.

El Gobierno chileno que asuma en marzo del próximo año tendrá que sumar, entre muchas otras tareas de rectificación, la de reencauzar nuestra política exterior hacia la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos, acorde con los compromisos que hemos suscrito y los mecanismos creados para hacerlo. Venezuela será una prioridad en ese cambio de rumbo.

 

Jorge Canelas, cientista político y director de CEPERI

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO