Si los chilenos ahorráramos el 20% de nuestros salarios en las AFP, obtendríamos una tasa de reemplazo sobre el 75%, muy superior al promedio de la OCDE. Además, debemos eliminar las regulaciones al sistema de AFP y permitir que nuevas empresas entren al mercado de los planes de pensiones, entregando mayor libertad a las personas para elegir la entidad y las condiciones. Es decir, se requiere más competencia.
Publicado el 26.08.2017
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El sistema de pensiones está en crisis y la necesidad de una reforma se ha tomado la agenda nacional. En efecto, cuando se implementó el sistema de capitalización individual en 1980, se prometió que la tasa de reemplazo sería del 70% con una cotización mensual de 10%, bajo los supuestos de ahorrar de manera continua por 40 años, tener una edad de jubilación de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, en tiempos en que la expectativa de vida de los chilenos era inferior a los 70 años.

No obstante el compromiso no se cumplió, ya que sólo se alcanzó una tasa de reemplazo inferior al 40%, lejos del 70% prometido. Esto ocurrió debido a que sólo el 10% de la población cotizó más de 35 años, quienes hoy tienen pensiones que superan los $500.000, mientras que el resto de la población tuvo amplias lagunas, afectando el monto de su jubilación que, en promedio, alcanza los $212.000 en tiempos en que el salario mínimo es de $270.000. Y segundo, la esperanza de vida en Chile aumentó, alcanzando los 81 años (2015), la segunda más alta de América después de Canadá (82 años).

Ante este panorama, el Gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones que contempla aumentarlas en un 20%. Para lograrlo, el Ejecutivo propone subir la cotización mensual del 10% original a un 15%. Este 5% adicional será administrado por un “ente público”, donde un 3% será destinado a una cuenta individual, mientras que el 2% restante irá a un “fondo solidario”.

Si bien este proyecto tiene buenas intenciones, también tiene un marcado sesgo socialista: en la práctica, esta reforma significa coartar, aún más, la libertad de los trabajadores y jubilados, afectando la competencia, rentabilidad y, finalmente, las pensiones de quienes se pretendía ayudar. Veamos los datos.

No es efectivo que este proyecto vaya a generar un aumento del 20% en las pensiones. Dado que el Estado no cambiará el monto de la pensión básica de $105.000, la gente de menores ingresos no verá aumentada sus pensiones. Por otro lado, el economista Bernardo Fontaine señala que un jubilado que recibe $500 mil obtendrá $100 mil más por la solidaridad de la reforma, en cambio una persona que se pensiona con $140 mil sólo tendrá un alza de $10 mil.

La reforma del Gobierno plantea que el 5% adicional sea aportado por el empleador, pero la ciencia económica nos dice que si el empleador tiene nuevos costos, tenderá a reducir otros gastos, como la contratación nuevos trabajadores o potenciales aumentos de sueldos. En este sentido, el informe de productividad del Ministerio de Hacienda muestra claramente que este proyecto podría bajar los salarios en 3,3%, además de afectar hasta 400 mil puestos de trabajo. Del mismo modo, parte de este impuesto al trabajo lo pagan los consumidores, ya que un aumento en los costos para las empresas les llevará a subir el precio de sus productos.

Otra incongruencia de la propuesta del Gobierno de La Nueva Mayoría es crear un nuevo “administrador público” para gestionar el 5% de cotización adicional, junto con imponer nuevas regulaciones al sistema de AFP. Esto mermará aún más la libertad de los trabajadores y jubilados, al consolidarse una especie de oligopolio entre las seis AFP que ya existen.

Finalmente, con la reforma no sólo pagaremos la comisión de la AFP, sino que también nos obligarán a financiar al nuevo ente burocrático, con desconocimiento absoluto acerca de la rentabilidad que será capaz de obtener. Esto es totalmente ineficiente e inútil, dado que, según la Superintendencia de Pensiones (SP), las AFP han tenido una rentabilidad histórica sobre el 9% real, lo que implica que han administrado bien nuestro dinero. Asimismo, Andrés Santa Cruz, presidente del gremio, dijo que “las AFP podrían administrar ese 5% y no le costaría un peso a los trabajadores”. ¿Qué hacer, entonces?

Datos de la OCDE muestran que sus miembros, donde la mayoría tienen sistemas públicos de pensiones, en promedio cotizan un 20% y tienen una tasa de reemplazo del 52,1%. Si los chilenos ahorráramos el 20% de nuestros salarios en las AFP, obtendríamos una tasa de reemplazo sobre el 75%, muy superior al promedio de la OCDE. Además, debemos eliminar las regulaciones al sistema de AFP y permitir que nuevas empresas entren al mercado de los planes de pensiones, entregando mayor libertad a las personas para elegir la entidad y las condiciones. Es decir, se requiere más competencia. Así, los actuales jubilados se verían beneficiados si aumentara el pilar solidario que hoy representa un 0,6% del PIB a un 6%, como en los países más desarrollados. Esto no requiere un aumento del gasto fiscal del Estado, sino que requiere una reducción de otras partidas, como la burocracia y los funcionarios públicos que, según la Dirección de Presupuestos, significan 1 de cada 3 pesos del gasto público.

Salir del ideologismo estatista es responsabilidad de todos. Por tanto, nadie debe eludir su responsabilidad, ya que lo contrario es humillarse intelectualmente ante una supuesta elite de superhombres que pretenden erigirse en árbitros supremos.

 

Víctor Espinosa Loyola, asistente de investigación Fundación para el Progreso

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO