Isamit refuta la postura de Giorgio Jackson en su serie "Los 12 nudos de la Reforma Educacional", esta vez respondiendo a "Copago y libertad de elegir".
Publicado el 19.10.2014
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Uno de los temas centrales de la actual discusión en materia de educación es el tema del financiamiento. El proyecto del Gobierno, específicamente, ha señalado con claridad su propuesta de fin al copago.

Ya en 1994 una Comisión convocada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle elaboró una propuesta sobre diversos aspectos relevantes, entre los que consideró también la justificación al financiamiento compartido, para lo cual se mencionaban diversos argumentos favorables al sistema, el que se consideraba positivo para el desarrollo futuro de la educación chilena. Estas eran algunas de las razones esgrimidas:

-Es un hecho que una gran parte de los alumnos que asisten a establecimientos subvencionados están en condiciones de compartir el costo de su formación. Sin ese esfuerzo, el país no podría alcanzar las metas que se proponían para avanzar en calidad;

-Los posibles efectos del copago deben discutirse en el marco del actual sistema educativo que, de acuerdo al diagnóstico compartido por sus miembros, entrega un servicio de mala calidad, ineficiente e inequitativo, situación que es el punto de referencia real; no lo es, en cambio, un sistema abstracto e idealizado de interacción social e igualdad de oportunidades.

-La generalidad de los servicios sociales están sujetos, en Chile, a formas de financiamiento compartido, habiéndose entendido que éste es el fundamento para una mayor equidad.

-De acuerdo a los antecedentes disponibles, cerca del 75% de los establecimientos que en 1994 se trasladaron al sistema de financiamiento compartido, cobraban entonces una matrícula igual o inferior a $ 3.000 mensuales (en esa fecha), opción factible para una gran proporción de las familias chilenas.

-El cofinanciamiento es una forma eficaz de fortalecer la participación de los padres en la gestión de los establecimientos que contribuyen a sostener, creando así simultáneamente un derecho y un interés activo de presencia en la gestión de la escuela.

-Además, este esquema puede contribuir directamente a la equidad a nivel de cada establecimiento -y por lo tanto también del sistema en su conjunto- al desplazar un monto de la subvención fiscal hacia los alumnos que no puedan pagar y, en general, hacia las escuelas que lo requieran, usándose para tal efecto los ahorros generados por la aplicación del financiamiento compartido.

-Adicionalmente, este esquema podría financiar un número determinado de becas para cada establecimiento que decidiera adoptarlo, de manera de asegurar que nadie quede excluido por razones socioeconómicas.

Hasta ahí los argumentos de la Comisión Asesora del gobierno. Esto llevó al Presidente Frei a señalar en su Mensaje del 21 de mayo de 1995 lo siguiente: “Como es fácil percibir, este aumento implica un enorme esfuerzo, que debe ser asumido por el Estado -que para este año aumentó en un 10,4 por ciento real el presupuesto de Educación-, por el sector privado y por las mismas familias de los estudiantes. Pero el problema de la educación no es sólo de recursos, sino también de calidad de la enseñanza. Y es en este aspecto donde se centra una parte sustantiva del esfuerzo del Gobierno por mejorar la educación”.

Ahí están dos factores decisivos: la educación debe ser de calidad y para ello se necesitan, entre otras cosas, más recursos. En ese orden, porque hablar sólo de recursos puede ser una reforma administrativa, pero en ningún caso constituye por sí misma una reforma educacional, como hemos visto lamentablemente durante el 2014. En esto no hay una imposición política o gubernativa para que exista el copago, sino que está acompañada de una profunda convicción y acción de los padres, que en términos prácticos se han mostrado dispuestos a compartir parcialmente los costos asociados a la educación de sus hijos y en diversas encuestas han manifestado esa misma voluntad.

El resultado económico, a nivel nacional, es que se han incorporado más de U$600.000.000.- (seiscientos millones de dólares) anuales al sistema. De acuerdo al proyecto del actual gobierno, se acabaría con el actual modelo de financiamiento mixto y se reemplazaría el copago de los padres “peso a peso”, de manera que lo que dejen de pagar los padres -por imposición de la nueva legislación- lo cubrirá el Estado en su reemplazo. Al respecto existen dudas razonables de que esto se cumplirá, y se estima que más de 200 mil estudiantes quedarían fuera de la política “peso a peso”, porque su financiamiento compartido es más alto que el límite propuesto por el Gobierno. Pero hay otras razones más importantes para la existencia de un régimen de financiamiento compartido y para perfeccionarlo en pro de una mayor libertad y justicia para todos.

En primer lugar, porque los recursos económicos adicionales efectivamente pueden mejorar la educación chilena. Si se reemplaza pero a peso el financiamiento que hoy aportan los padres ciertamente es mejor que si no se hiciera. Pero habría un mayor beneficio si se suman nuevos recursos frescos y destinados íntegramente a mejorar la educación. No los mismos recursos, sino que más recursos, ¿Por qué oponerse a esto? Un par de ideas podrían ilustrar la situación al respecto: que los 600 millones ADICIONALES del Estado vayan directamente para los profesores. Podría premiarse, por ejemplo, a quienes ejerzan sus labores en zonas más difíciles, en comunas más pobres o fijando otro criterio similar. Imaginemos beneficiar de esta manera a unos 50 mil profesores, con U$4.000 (cuatro mil dólares al año) por docente. Cada uno de ellos recibiría más de 2 millones de pesos al año, y todavía quedarían 400 millones de dólares para invertir en nuestros niños y jóvenes. En este tema hay dos alternativas. La del Gobierno, que opta por mantener los montos en esta materia; la nuestra, que propone duplicar los recursos del actual financiamiento compartido y destinar gran parte de ellos para los profesores. Se trata de una postura que es justa con nuestros profesores y con la educación chilena en su conjunto.

En segundo lugar, por la implicancia que tiene para la libertad y el mayor compromiso de los padres con la educación de sus hijos, para que tengan una mayor exigencia al establecimiento. Esto no excluye la preocupación de quienes no tienen recursos, porque obviamente no es lo único relevante. Asimismo, prohibir a los padres pagar una mensualidad por la educación de sus hijos, contra su expresa voluntad, es un atentado evidente a la libertad y no está claro que produzca un beneficio que lo justifique.

En tercer lugar, porque hay alternativas mejores a la del fin del financiamiento compartido, al menos en las críticas que se le formulan al actual modelo. Desde luego, porque es verdad la crítica en el sentido que el copago genera que pueden optar por una educación más cara quienes tienen el dinero para efectuar su pago, mientras quedan rezagados quienes carecen de recursos. Para solucionar esto existe una solución mejor que debemos explorar: crear, por ejemplo, un bono solidario para las familias que no puedan asumir el pago. Con eso en vez de restringir la libertad para quienes pueden y quieren pagar mensualmente por la educación de sus hijos, ampliamos la libertad de aquellos que hoy no pueden hacerlo. Con esto logramos un doble beneficio: justicia y libertad, no imposiciones arbitrarias contra los padres.

Es lamentable ver cómo el tratamiento de ciertos sectores de la izquierda al copago ha pasado de ser una preocupación a una penosa obsesión. Reflejo de esta mutación son los dichos de Giorgio Jackson cuando señala que la eliminación del copago podría suponer una mayor preocupación de los padres al no verse en la necesidad de hacer horas extra para pagar por la matrícula de sus hijos y así poder destinarle más tiempo, como si la principal causa de las altas cargas laborales en nuestro país se debiera exclusivamente a eso. Se trata de un falso dilema que desvía la atención del tema principal.

Prohibir a los padres realizar un pago mensual a un establecimiento educacional o prohibir a un colegio cobrar un copago no solo es un gran atentado a la libertad, sino también es, en los hechos, menores recursos para los profesores y los establecimientos. El argumento del diputado Jackson de que los padres podrán continuar haciendo aportes a los establecimientos en forma de donación no oculta la verdad de los hechos: se les prohibirá realizar un pago mensual aunque quieran. El Estado decide por ellos, quizá porque no le gusta que anden en patines, como sinceró en algún minuto el propio Ministro de Educación, y quizá por eso los padres han reaccionado con fuerza, determinación y un profundo sentido de familia y de servicio al país.

 

Julio Isamit, Presidente Chile Siempre.

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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